El ministro de Economía, Luis de Guindos, le dijo al Fondo Monetario Internacional que no se fiaba de los datos que le proporcionaba el Banco de España. Y el FMI le respondió que contratará a asesores externos, según fuentes del entorno del Fondo.
En una reunión de los responsables del sector financiero del FMI con Luis de Guindos semanas antes de que se nacionalizase Bankia, éstos le adelantan sus conclusiones sobre el sistema financiero español, confeccionadas gracias a los números entregados por el Banco de España a principios de año. Los analistas del organismo internacional alaban durante ese encuentro la labor técnica de los servicios de inspección, pero critican el retraso en la toma de medidas. E identifican a diez entidades que sufren problemas, de las cuales tres habían sido nacionalizadas; cinco estaban inmersas en procesos de fusión y sólo quedaban dos a las que no se habían dado soluciones. Una de ellas era Bankia, tal y como más tarde se señaló en el informe preliminar publicado por la institución con sede en Washington y rápidamente traducido por el Ministerio de Economía.
La entidad dirigida entonces por Rato preocupaba sobremanera por su gran tamaño. Al encontrarse con estos informes, Guindos contesta a los representantes del FMI que no sabe nada y que él considera que no puede creerse las cifras procedentes del Banco de España.
De modo que los responsables del sector financiero del Fondo le recomiendan que busque auditores externos. Éstos conocían que el gobernador Fernández Ordóñez había encargado 3 estudios a sendas consultoras con el objeto de que le propusieran posibles soluciones para el sector financiero, y así se lo indican al ministro. De hecho, como parte de estos trabajos y sobre las bases de datos públicos, Blackrock, Roland Berger y Oliver Wyman habían dado proyecciones muy distintas sobre el tamaño del agujero, tal y como avanzó Vozpópuli: 100.000 millones, 50.000 millones y 30.000 millones, respectivamente.
La presión se coloca sobre Guindos para que haga algo respecto a Bankia. Al mismo tiempo, el ministro traslada estas conclusiones a Bruselas, les explica sus planes para contratar auditores externos porque no confía en Ordóñez y se convierte de súbito en un abanderado de la transparencia. Con las cifras de Oliver Wyman en la mano y como reveló Vozpópuli, usa los 30.000 millones para fijar el grado de saneamiento del sector, un guarismo lo suficientemente grande para que sea creíble en el exterior pero que a la vez resulte asumible.
La unidad del FMI con la que se reunió Guindos se conoce como la FSAP (Financial Sector Assessment Program) y pasó varios días en España reuniéndose con distintas autoridades del ámbito financiero y político.
