Economía estudia unificar en el mismo 'banco malo' los activos inmobiliarios de las tres entidades en manos del Estado: BFA-Bankia, Novagalicia y Catalunya Caixa. Esta sociedad de gestión inmobiliaria contaría con ayudas públicas, en forma de inyección del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) o de avales del Estado, para financiarse. "Esta posibilidad está sobre la mesa de Economía y la música suena bien", aseguran fuentes del sector.
El segundo 'Plan Guindos', que establece la creación de las sociedades inmobiliarias para que los bancos enanejen sus activos inmobiliarios, permite a varias entidades compartir un mismo banco malo e, incluso, sacar de su balance estos activos tóxicos siempre que no sean los accionistas mayoritarios. Semanas atrás, fuentes de Economía, reconocían que esta opción habría una vía "que gusta poco" para que cuatro entidades pudieran unirse en una misma sociedad y poder desconsolidar su ladrillo, al tener cada una de ellas el 25% de esta sociedad. El argumento podría utilizarse ahora en este 'banco malo' público, lo que agilizaría el saneamiento de BFA-Bankia, Catalunya Caixa y Novagalicia.
Economía se plantea este 'banco malo' único para las nacionalizadas después de que se haya paralizado el proceso de subasta de Catalunya Caixa, que tenía que estar adjudicada para finales de junio. En el caso de Novagalicia, la posible entrada de inversiores privados había pospuesto la solución para después del verano. Según reconocen fuentes del sector, ambos procesos podrían dilatarse hasta 2013, coincidiendo con ese mejor clima económico que argumentó De Guindos para poner en venta las entidades nacionalizadas, Bankia incluída. Además, las entidades habrían contado con unos meses para hacer frente a las importantes provisiones para sanear su cartera inmobiliaria tóxica y sana.
En el caso de Banco de Valencia, la puja también parece que quedará aplazada hasta después de que las auditoras Roland Berger y Oliver Wayman realicen sus test de estrés a la banca española, cuyos resultados se conocerán en un mes, y que otras tres auditoras independientes valoren la cartera crediticia del sector financiero. "A pesar de que De Guindos dijo que el proceso del Valencia podría seguir adelante, aunque sufriera un pequeño retraso, por su menor magnitud, el sentido común dicta lo contrario. No se puede pujar por algo de lo que no se conoce realmente cual es su estado, su valoración. Si Economía y el Banco de España obligan a seguir adelante con el proceso, lo lógico es que cada entidad adjuntemos una serie de cláusulas a las ofertas que pueden provocar que estas subastas queden desiertas", aseguran desde una entidad interesada en la entidad valenciana.
"Todas las opciones están abiertas para minimizar el impacto en el erario público", reconocen en Economía, que mantienen que el escenario central sigue siendo subastar las entidades lo antes posible. De Guindos apuntó que la inminente toma de control de Bankia aporta «nuevas posibilidades de combinación, de análisis y de actuación» en las entidades nacionalizadas. A pesar de que algunas fuentes señalan que se puede agrupar a BFA-Bankia, Novagalicia y Catalunya Caixa en una única entidad para crear una gran banca pública, en Economía no se muestran muy partidarios de esa opción. Su concepto de banca pública se basa en utilizar a las entidades nacionalizadas como mecanismos financieros para dinamizar la economía real, como informó ayer este diario.
Plan de recapitalización de Bankia
El nuevo proceso que se abre ahora plantea muchas dudas. La primera y más importante es saber la cuantía de las ayudas públicas necesarias para sanear la banca, su procedencia y si computarán como déficit público. Economía habló de no más de 15.000 millones, pero en el sector se cree que se quedó corta. De hecho, se maneja esa cifra para cubrir únicamente la recapitalización de Bankia.
José Ignacio Goirigolzarri, nuevo presidente de la entidad, expondrá hoy a los consejeros de Bankia en qué consiste el plan de saneamiento y recapitalización de la entidad. Según anunció el pasado miércoles Luis de Guindos, el grupo BFA-Bankia aún debe sanear 8.970 millones, de los que 1.900 millones corresponden a colchón de capital, por el impacto de los dos decretos del ladrillo.
Esta cifra no coincidirá con el volumen de ayudas públicas que inyectará el Estado en el plan de recapitalización de la entidad. La inyección pública definitiva se determinará de la suma de esos 1.900 millones de colchón más la necesidad de capital que se genere de los saneamientos totales del grupo (los 7.070 millones incluidos) que tendrán que cargarse contra la cuenta de resultados. Eso implicará la entrada en pérdidas de la entidad (según el plan que manejaba Rato ascendían a 8.500 millones) que obligará a un nivel de capitalización en forma de ayudas públicas. El montante total se determinará dentro de un mes, cuando se conozca la valoración efectuada por Goldman Sachs. Según algunas fuentes, estas ayudas públicas podrían alcanzar los 15.000 millones.