Este mes de enero arranca con varias declaraciones en el marco de la investigación que dirige el juez Juan Carlos Peinado contra Begoña Gómez. El titular del Juzgado de Instrucción Número 41 de Madrid acordó citar a declarar en calidad de testigos a los representantes de las tres compañías que colaboraron presuntamente en la creación del software vinculado a la cátedra que codirigía la mujer de Pedro Sánchez para el próximo 22 de noviembre. 

La decisión del juez llegó justo después de la declaración de la empresaria en sede judicial. La tercera cita de la esposa del presidente del Gobierno en los juzgados de Plaza de Castilla se produjo después de que el instructor acordase admitir la querella presentada por Hazte Oír e imputarle por otros dos nuevos delitos en relación con la plataforma digital de la Universidad Complutense de Madrid.  

Tras la declaración de la principal investigada, el juez se prepara para encajar las piezas que rodean a la creación de una plataforma digital registrada por Begoña Gómez a su nombre. La colaboración de Google, Indra y Telefónica para el diseño, creación y desarrollo del software se firmó a coste cero para la Universidad. No obstante, a pesar de no haber concluido los trabajos para su puesta en marcha, dicha colaboración sí supuso una inversión inicial de miles de euros por parte de las empresas.

Para Peinado esta operación apunta a un presunto delito de apropiación indebida, por el que ya tuvo que comparecer el pasado 18 de diciembre la esposa del jefe de Estado en sede judicial, al registrar a su nombre la plataforma utilizando, además, la denominación de Transformación Social Competitiva utilizado también para la cátedra de la Complutense. Al respecto, Gómez defendió ante el juez que la UCM estaba al tanto de sus movimientos y que, además, el nombre de TSC fue propuesto por ella misma. Por su parte, la Universidad aseguró en un informe remitido al juzgado el pasado mes de julio que no tuvo conocimiento del registro de dichas marcas hasta que no se publicó la información en los medios de comunicación.

El juez quiere seguir indagando en todo lo relativo a la creación del software, cuya gestión ha acabado con una nueva imputación para la mujer de Sánchez. Con este objetivo, el instructor acordó también citar como testigos a la Fundación Manpower, Arsys Internet (compañía encargada del dominio de la web creada para la plataforma digital) y a los vicerrectores de Planificación, Coordinación y Relaciones Institucionales, Juan Carlos Doadrio y José María Coello de Portugal.

Ambos ya declararon como testigos hace unos meses, cuando aún no se había ampliado la investigación en lo referente el software. Ahora, podrán defender la versión de la Universidad y aclarar si Gómez informó o no del registro de la marca.

Una inversión de miles de euros

El pasado mes de diciembre, Indra presentó un escrito al juzgado en el que informaba de que la cantidad invertida por la compañía en el software fue de 128.442,37 euros. La entidad detalla cuáles fueron los pagos realizados para en el diseño y desarrollo de una herramienta tecnológica para empresas, denominada "Plataforma de Medición de Impacto Recurrente".

Según se recoge en el escrito firmado por uno de los ejecutivos de Indra, los pagos se realizaron en cinco veces y dichos trabajos no trajo beneficios o deducciones fiscales a la compañía. La empresa apunta que su trabajo en este proyecto fue "desarrollar para su uso principalmente por pequeñas y medianas empresas, un módulo de valoración de su desempeño en el ámbito del impacto social y otro módulo de recomendación de actuaciones para mejorar esa valoración". Unos trabajos que, según defiende la entidad, "se completaron en 2022", sin que ni Indra Business Consulting ni ninguna otra compañía de Indra continuara participando en el despliegue de la primera versión de la plataforma.

El titular del Juzgado de Instrucción Número 41 de Madrid tiene varios puntos sobre la mesa, el primero, relacionado con el rastro de tres facturas relacionadas con la cátedra codirigida por Begoña Gómez, y por las que la Complutense pidió investigarla por apropiación indebida. En la misma línea, la acusación popular solicitó en su querella investigar si el software había sido financiado por empresas con presupuesto de la Complutense pese a que Gómez lo registró a su nombre. 

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