Resistir. Ese es el lema que se preside las reuniones del Consejo de Ministros desde hace algún tiempo. Y hacerlo, además, sin Presupuestos Generales del Estado. El Gobierno de Pedro Sánchez no fue capaz de aprobar unas cuentas para el país en 2024. Entonces, se justificó en las elecciones catalanas del pasado mes de mayo. Los ministros se disculpaban con la reactividad de sus socios independentistas. Decían que lograr su apoyo en pleno combate electoral era una quimera. Pero ocho meses después de aquella cita con las urnas, el Ejecutivo va camino del mismo fracaso.
El problema sigue siendo el mismo: el independentismo catalán. El día que Sánchez firmó el pacto con la Ley de amnistía a cambio de su investidura, selló su destino al designio de Carles Puigdemont. Si el Gobierno no ha sido capaz siquiera de aprobar el techo de gasto ha sido por el expresidente catalán. El líder de Junts, en un nuevo giro, exigió a Sánchez que se someta a una cuestión de confianza si quiere que sus siete votos en el Congreso le aprueben los Presupuestos. El presidente descarta por completo someterse a ella, ya que es una prerrogativa suya, pero está dispuesto a aceptar que los diputados debatan sobre la idoneidad de que lo haga.
Junts no va a moverse hasta entonces. Moncloa sabe que el calendario se le aprieta por momentos, porque ese debate en el Congreso como pronto se celebraría en febrero. El tiempo se echa encima. Y Puigdemont, que sigue emperrado en reunirse con Sánchez, no va a dar oxígeno al líder socialista. Le tiene en sus manos. El Gobierno tiene intención de aguantar sin Presupuestos y es incapaz de poner de acuerdo a sus socios excepto en el rechazo genérico a la ultraderecha. Aunque es comprensible, porque Sánchez pactó con hasta 12 formaciones políticas distintas entre las que hay grupos de izquierda radical, de centro regionalista y de derecha e izquierda independentista. Alfredo Pérez Rubalcaba lo bautizó en su día como Frankenstein.
Todos y cada una de esos partidos tienen sus propios intereses, en muchos casos, incompatibles entre sí. La diversidad es tal que hace casi imposible que cuaje un proyecto de presupuestos; la ley más ideológica de cualquier Ejecutivo, porque es que la que prioriza los recursos públicos en pos de la sociedad ideal que persiga. Y ahí radica el problema: cada organización tiene una visión del mundo y de los medios necesarios para hacerla realidad. Pese a todo, el objetivo prioritario es aprobar unos Presupuestos. Por eso, el presidente los vinculó a la reconstrucción de los daños de la DANA.
La idea es arrastrar a todos los grupos al sí. Y, si algún partido los imposibilita, tacharle de irresponsable, quién sabe si en una campaña electoral de unas elecciones generales. El equipo de asesores del presidente hace cábalas diarias sobre la fortaleza del Ejecutivo y sobre cuándo sería el mejor momento para medirse en las urnas. Pero está claro que ahora no es, ni por asomo, el mejor momento. En Moncloa ven a algunos de sus socios con ganas de elecciones. Como ya contó este diario, el núcleo duro del Gobierno atribuye a Pablo Iglesias, como líder espiritual de Podemos, un plan para impedir que haya cuentas y precipitar comicios. El enemigo, 'en casa'.
"Ingeniería presupuestaria"
El ministro de Economía, Carlos Cuerpo, llamó a la calma el pasado septiembre asegurando que la "ingeniería presupuestaria" permitiría afrontar el 2025 en caso de una nueva prórroga de los Presupuestos de 2023. Ya se hizo en 2024, recordó, "sin ningún tipo de incidencia". El ministro se refería con este término a las distintas medidas, como la redistribución de partidas y las ampliaciones de crédito, que permiten al Gobierno adaptar las cuentas a las necesidades financieras del momento. En 2024 las ampliaciones alcanzaron los 50.000 millones de euros.
Pero que pueda hacerse no significa que sea lo más idóneo. De hecho, los expertos advierten de que esto tiene un impacto económico negativo. En primer lugar, porque aumenta la incertidumbre, lastra la confianza de hogares y empresas y puede acabar afectando a la inversión. En segundo lugar, porque partidas de inversión pública, como las necesidades en defensa o vivienda, son las que más sufren esta constricción presupuestaria. Y en tercer lugar, porque reduce la capacidad de afrontar reformas de calado.
Así lo advertía el pasado año en un informe el Instituto de Estudios Económicos (IEE), 'think tank' de CEOE. Mencionaba sólo algunas de las más importantes: la reforma tributaria, la del sistema de financiación autonómica, la del empleo público y de la Administración, o la de la gobernanza fiscal multinivel. "Podemos vivir sin PGE. Pero no será gratis", concluía. Un pensamiento compartido por otros servicios de estudios del país, como la Fundación de las Cajas de Ahorros (Funcas).
"En lo inmediato, las grandes magnitudes fiscales se verán poco afectadas a nivel agregado" y "la prórroga presupuestaria tendrá probablemente un impacto directo limitado tanto en la hacienda pública como en el crecimiento de la economía", pero "otra cosa es la sensación que tramiste la parálisis acerca de la capacidad del país para afrontar los grandes retos de nuestros tiempos", advertía Raymond Torres, director de Coyuntura Económica de Funcas, en un análisis.
"La incertidumbre nunca es buena para las expectativas de los consumidores y de las empresas" y "una víctima colateral podría ser la inversión, que ya lastra un déficit acusado", añadía. La inversión privada es el único componente del PIB que todavía no ha recuperado los niveles previos a la pandemia. En definitiva, la prórroga presupuestaria obliga al Gobierno a dedicar más tiempo y esfuerzo para avanzar, mientras irrremediablemente condiciona las decisiones de los agentes económicos.
lahonorable
05/01/2025 21:59
lo que hace es te señor cuaquiera lo haria subir impuestos y subir deuda publica el turismo es el que sube la economia