El banco malo o Sareb pone la alfombra roja al inversor tradicional de deuda pública. Este vehículo, diseñado para albergar los activos tóxicos de las entidades nacionalizadas, trata de captar la atención de los extranjeros, principales tenedores de bonos del Estado en los últimos años. Desde principios de año los no residentes han vendido 70.000 millones de euros en deuda estatal y ahora llega el momento de incentivar al máximo su apuesta por el riesgo España. Para lograrlo el banco malo ofrece un régimen fiscal muy favorable y promete rentabilidades algo superiores a las obtenidas con la inversión en bonos del Estado.
“El inversor tipo del banco malo es el mismo que invertiría en deuda pública. Al final percibe la inversión en este vehículo como riesgo soberano con algo de prima”, explican desde un banco de inversión. El FROB ha prometido una rentabilidad media anual del 14% para quienes mantengan la inversión durante los 15 años de vida del vehículo, pero este rendimiento sólo lo obtendrán quienes aporten capital puro. Los inversores que suscriban deuda subordinada obtendrán un cupón del 8% cuando la sociedad entre en beneficios, (algo que no se prevé en los dos primeros años) mientras que el resto obtendrá la rentabilidad que logren con la comercialización de los activos que compren.
El Gobierno, consciente del perfil al que debe apuntar para captar capital privado, trata de allanar el camino para incentivar la llegada de los inversores extranjeros. El banco malo se ha flexibilizado al máximo para que los potenciales interesados puedan hacerse trajes a medida donde invertir, al tiempo que cuenta con tributaciones muy atractivas y exenciones fiscales.
El Gobierno quiere dar facilidades y pretende reducir a la mínima expresión la carga impositiva de los fondos de activos bancarios (FAB), las carteras en las que se empaquetarán los distintos tipos de inmuebles y activos tóxicos de la banca. La idea es que la Sareb pueda trasferir sus activos a estos fondos especiales, previsiblemente diseñados a la medida del inversor potencial, para facilitar la desinversión.
Los FAB tributarán al 1%, al igual que otros instrumentos de inversión colectiva como los fondos o las Sicav, durante los 15 años de vida del banco malo. Ahora bien, a la hora de vender las diferencias que sufrirán los inversores nacionales y los extranjeros son enormes. Las personas físicas residentes en España acatarán una retención a cuenta del 21% sobre los beneficios que obtengan, mientras que el no residente estará exento, incluso si obtiene las rentas a través de un paraíso fiscal, una exención similar a la que se introdujo en 2008 precisamente para fomentar la inversión en deuda pública.
Los incentivos fiscales aprobados en 2008 tuvieron resultados positivos. Ese año los no residentes aumentaron su exposición a la deuda pública en algo más de 35.000 millones de euros. En 2009 el incremento fue aún mayor. Compraron 64.000 millones hasta pasar a controlar 208.932 millones de euros, el 46,6% del total de la deuda del Estado. Después en 2010 llegaron a poseer 278.110 millones para convertirse en el principal tenedor con el 54,8% del total, según datos del Tesoro. En 2011 las tenencias se mantuvieron estables y las grandes salidas no han llegado hasta este año con el ruido del rescate y las dudas sobre el euro. Los extranjeros han vendido cerca de 70.000 millones pese a que en septiembre se frenó la huida. Ahora está por ver si parte de ese dinero se puede reconducir al banco malo. El problema es que hay inversores potenciales que prefieren apostar directamente por la deuda pública para evitar riesgos adicionales. A día de hoy la rentabilidad del bono español a 10 años ronda el 5,7%.
