Los grandes países están pasando por el aro de EE UU. El Gobierno de Obama está decidido a acabar con el secreto bancario en los principales territorios opacos a través de la FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act o Ley de Cumplimiento Tributario de Cuentas Extranjeras), que España firmó la semana pasada. Mediante esta ley se establece el compromiso de intercambio de información fiscal, algo que supone un enorme vuelco en las estructuras del sistema bancario y de los mercados financieros. Algunos productos sofisticados, como los hedge funds registrados en territorios antaño opacos avisan de esta novedad, que acaba con viejos privilegios.
Conviene explicar esta situación con algo de perspectiva. Las economías avanzadas están apretando el cerco al blanqueo de capitales y la evasión fiscal. A la famosa lista negra de países considerados paraísos fiscales elaborada por la OCDE, publicada en abril de 2009, siguieron asuntos de sobra conocidos como la lista de clientes sustraída a HSBC o la presión de EE UU a UBS por no facilitarle información fiscal.
En este último caso, mientras los suizos se amparaban en el secreto bancario para no enviar al Gobierno americano datos de residentes con cuenta en Suiza, Obama les amenazó directamente con expulsarles de EE UU. La tendencia para poner fin a los territorios opacos fiscales es imparable.
En 2010, la principal economía del mundo aprobó la FACTA; un modelo de intercambio de información entre países regulado por ley, a la que España ya se ha suscrito, algo inevitable, dado que Rajoy ha aprobado una amnistía fiscal, como última oportunidad a los evasores para aflorar rentas ocultas.
Algunos de los principales despachos de abogados destacan la FACTA que va a tener un enorme impacto en los mercados de capitales y el sistema bancario a partir del próximo año.
De la amenaza, a la ley
Los expertos legales sitúan el origen de la FACTA con sencillez: “EE UU amenazó a los bancos extranjeros que se negaran a facilitar datos de los residentes con cuentas fuera con aplicarles una retención en origen del 30% sobre los pagos atribuibles a esos residentes”. Es decir, “una amenaza en toda regla, cuya evolución derivó en la citada ley”.
Y algunos efectos ya se están notando, incluso en España. Por ejemplo, la gestora GLG, perteneciente a Man Group, uno de los mayores grupos de gestión alternativa del mundo, comunicaba ayer en la CNMV que procederán a actualizar sus folletos “para reflejar la aplicación de la Ley de Cumplimiento Tributario de Cuentas Extranjeras (“Foreign Account Tax Compliance Act”) a la Sociedad y cualquier actualización en relación a este hecho”.
La gestora (cuyo director es Kyril Saxe-Coburg, al que se puede ver habitualmente en España negociando con clientes) aclara que todo esto está sujeto a la aprobación del Banco Central de Irlanda aunque sus comunicaciones “no contienen nada que contradiga las notas orientativas de la institución”.
Quien pensara que tenía su capital a salvo en mercados como Irlanda, Luxemburgo o Suiza, lo tiene muy complicado ya. Los sustos de HSBC o UBS lo atestiguan. Las entidades financieras no pueden defender la opacidad entre países ya.
