Hace unos días, el Gobierno envió a Bruselas el Plan Fiscal y Estructural de medio plazo 2025-2028, que “contiene los elementos principales de la programación de política económica y fiscal y se completará con los planes presupuestarios de carácter anual”. Es la respuesta española al nuevo marco europeo de gobernanza, que será aplicable a las finanzas públicas de los 27 estados miembros de la Unión a partir de 2025.
Si se cumplen estrictamente las previsiones económicas que el plan propone -un déficit presupuestario en 2031 del 0,8% del PIB; una deuda pública rozando el 90% del PIB, una tasa de desempleo por debajo del 10% de la población activa, un crecimiento económico siempre por encima del 2%...- a este país, parafraseando a Alfonso Guerra, "no lo va a conocer ni la madre que lo parió".
Muchos de los datos reflejados en el plan sorprenden por la magnitud del ajuste a realizar en el periodo, pero, por encima de todos, los referidos a la deuda pública. El Gobierno asegura que en el año 2031, la ratio deuda/PIB se situará en el 90,6% del Producto Interior Bruto a precios de mercado, lo que en términos absolutos se traducirá, en el caso de que se cumpla, en una reducción de 24.500 millones de euros entre los años 2023 y 2031.
Extraña la ambición del plan porque en los poco más de seis años que Pedro Sánchez lleva al frente del Gobierno la deuda de las Administraciones Públicas ha aumentado nada menos que en 462.065 millones de euros, a razón de una media anual de 77.000 millones: se ha pasado de 1.164.000 millones de euros a cierre del segundo trimestre de 2018 a los 1.626.000 de junio pasado. En su descargo vaya el hecho de que en 2020 y 2021 le tocó lidiar con las consecuencias sanitarias, económicas y laborales de la irrupción de la pandemia.
El plan adolece de cifras absolutas. Hay muy pocas, pero las suficientes para poder sacar como conclusión que la reducción de la deuda en términos relativos (en relación con el PIB) tendrá un alto coste a la hora de satisfacer los intereses de la misma. El último dato oficial del coste del servicio de la deuda es el de 2023 y asciende a 35.707 millones de euros, aproximadamente el 2,4% del PIB a precios de mercado. Para el presente ejercicio la previsión es que ronde los 38.500 millones de euros y a partir del próximo ejercicio romperá con creces la barrera de los 40.000 millones.
Coste de los intereses
El plan no facilita las cifras del coste de los intereses de la deuda directamente, pero lo hace en referencia al PIB. Para este año, la previsión es que alcance el 2,5% de la riqueza nacional y que en los dos siguientes ejercicios suba al 2,7%. En el periodo 2027-2028, el Gobierno estima un coste del 2,6%; del 2,7% para 2029, y del 2,8% del PIB para los años 2030 y 2031.
Con estas estimaciones se puede aventurar que la elevada deuda España costará alrededor de 312.000 millones de euros en el periodo 2025-2031, el que abarca el plan. En este tiempo, el Producto Interior Bruto a precios de mercado habrá pasado de 1,575 billones de euros, la cifra prevista para 2025, a 1,709 billones, lo que representa un crecimiento total del 8,48%. Los pronósticos del Gobierno sitúan el valor de mercado del PIB en el año 2041 en 1,939 billones de euros.
Con ambos datos (el valor de mercado del PIB y cuánto porcentaje de éste costará la deuda anualmente) es fácil concluir que en 2025, el coste de los intereses de la deuda que tendrá que abonar España a los inversores que adelantaron el dinero comprando Letras, Bonos u Obligaciones del Estado será de 42.500 millones de euros, muy similar al que habrá que abonar los tres siguientes años. En el periodo 2029-2031, el coste será algo más elevado y se situará entre los 45.000 millones y los 48.000 millones.
Y es que el tipo de interés medio de la deuda emitida por el Estado toco suelo en el año 2021 en el 1,641%, de acuerdo con las estadísticas del Tesoro Público. De una manera lenta pero constante, el tipo medio ha ido elevándose hasta cerrar el pasado año en el 2,087%. En septiembre de este año, último dato ofrecido por la Dirección General del Tesoro, el coste medio ha subido hasta el 2,214%.
La vida media de la deuda ha ido ampliándose a medida que se necesitaba menos financiación a corto plazo. Si en 2004, hace veinte años, estaba en 6,2 años, este año, en septiembre, se ha situado en 7,8 años, tras rozar los 8 años en mayo.
