BBVA tiene un ‘as’ en la manga para contrarrestar el veto de Moncloa a la fusión del Sabadell. En caso de que la opa hostil triunfara, el grupo de La Vela podría impulsar una integración a fuego lento con dos medidas de presión sobre el Gobierno: el cierre de una gran parte de las oficinas en Cataluña y vaciar el negocio del Sabadell, como transmiten a Vozpópuli fuentes financieras.
Uno de los principales argumentos de la operación son las sinergias de costes. El plan de BBVA pasa por ahorrar 850 millones de euros antes de impuestos. Unos 300 millones procederán de ahorros en el coste de personal y otros 450 millones de gastos relacionados con la tecnología y estructura administrativa.
Te puedes ir llevando primero la parte de patrimonios, luego la de empresas, luego otra división. Y en unos meses apenas queda la estructura legal del Sabadell”, explica un alto ejecutivo bancario
Pese a la amenaza del Gobierno, que se opone frontalmente a la integración por la concentración que provocaría en el sistema bancario, el grupo de La Vela ya hace números para fusionar al cuarto banco más grande de España y prevé echar el cierre a unas 300 oficinas. Este es el número de sucursales que ha detectado que debería clausurar de las 870 localizadas a menos de 500 metros.
En sus intentos de acercar posturas con Moncloa, Carlos Torres, presidente de BBVA, ha garantizado varias veces en público que la mayoría de los ahorros no procederían de personal y se ha comprometido a minimizar el impacto en el empleo. Pero en caso de que la opa triunfe y el Gobierno vete la fusión, la cúpula de BBVA tendría sobre la mesa un plan que podría activar para contrarrestar esta injerencia política.
Vaciar la actividad del Sabadell
En primer lugar, como indican fuentes bancarias próximas a las últimas fusiones en el sector, la medida más sigilosa sería la de ir “vaciando” el negocio del Sabadell. Se trataría de ir moviendo a BBVA, que se haría con el control de la entidad catalana si la oferta de canje es aceptada por al menos el 50,01% de los accionistas, poco a poco la actividad del cuarto banco más grande de España.
“Te puedes ir llevando primero la parte de patrimonios, luego la de empresas, luego otra división. Y en unos meses apenas queda la estructura legal del Sabadell”, explica un alto ejecutivo bancario que pide el anonimato.
El segundo ‘arma’ de Torres sería la de cerrar el grueso de las oficinas en Cataluña, aunque esta medida tendría mucho mayor impacto social y podría arriesgar la reputación del grupo. Entre BBVA y Sabadell suman unas 3.000 oficinas en España, y el plan reconocido a los inversores es clausurar en torno a un 10% de la red conjunta.
“Pero se puede dejar sólo al Sabadell en Cataluña como marca comercial para captar negocio, sin apenas sucursales”, ponen de manifiesto las fuentes consultadas. La clave en este punto sería “ir subiendo la tensión” con el Gobierno, para quien un plan agresivo de cierre de oficinas podría tener un enorme coste político en Cataluña, como inciden fuentes próximas al lobby empresarial catalán. El Sabadell tiene desplegadas unas 335 oficinas en la región, lo que supone alrededor del 30% de la red con la que opera en España.
Retraso de plazos
La reforma de la Ley de Supervisión Bancaria, aplicada en 2014 por el Ejecutivo de Mariano Rajoy, reserva a Economía el poder de veto como herramienta de supervisión sobre operaciones estratégicas. Esta prerrogativa se contempla en la disposición adicional decimosegunda de la Ley 10/2014, de 26 de junio, de ordenación, supervisión y solvencia de entidades de crédito.
En cualquier caso, el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, ya ha advertido de que la operación se puede posponer al menos a primavera porque el examen de Competencia puede tardar más de lo previsto inicialmente. De hecho, en el seno de BBVA ya se asume que la opa se puede retrasar más allá del primer trimestre, cuando al presentar la operación manejaban que se cerraría en diciembre o enero.
“Los tiempo están muy parados tanto en CNMC como en CNMV”, reconocen fuentes internas de la entidad azul. BBVA notificó la opa a Competencia el pasado 31 de mayo, pero el organismo regulador aún tiene que decidir si el examen pasa a fase 2 por los riesgos de concentración y exige condiciones a la operación, lo que dilataría más los plazos.
