El Gobierno envió el pasado martes a las autoridades comunitarias su plan para cumplir con las nuevas reglas fiscales europeas, después de años de relajamiento e incumplimientos sistemáticos por parte de todos los países miembros. De acuerdo con las cifras acordadas por el Consejo de Ministros, el déficit público (la diferencia entre los gastos presupuestarios y los ingresos de cada año) pasará del 3% del PIB este año al 1,8% en 2027 y al 0,8% en 2031. Pero hay más predicciones a largo plazo: la deuda, que se sitúa en el 105% del PIB en la actualidad, caerá al 90,6% en 2031 y al entorno del 76,8% diez años después.
¿Cómo es posible adelantar con tal precisión de cálculo cuáles serán las grandes cifras macroeconómicas del país con diecisiete años de adelanto, cuando se “ignora” que el 14% de los empleados vive por debajo del umbral de pobreza, tal y como aseguraba hace una semana un informe de Oxfam Intermóm, a pesar de las subidas llevadas a cabo en el Salario Mínimo Interprofesional y de que la economía española esté en los niveles de ocupación más altos desde que hay registros?
Las previsiones, como los Presupuestos Generales del Estado, se hacen para ser incumplidos. Son una mera referencia de por dónde quieren que vayan los gobierno, que no por dónde pueden ir las grandes cifras macroeconómicas. Al final, nadie va a pedir responsabilidades por haberse quedado lejos de lo que en su día se dijo.
La economía española está creciendo a tasas del 2,8-2,9% por ciento; la inflación está en los niveles más bajos de los últimos años; hay récord de ocupación... pero la tasa de paro no baja del 11% desde el segundo trimestre de 2008 y eso está disparando el coste de las prestaciones, subsidios, ayudas... a la gente más vulnerable.
Hay un ejemplo muy ilustrativo de la realidad que se esconden detrás de las grandes magnitudes económicas a las que prefieren referirse los gobiernos. En septiembre de 2023, el número total de beneficiarios del Ingreso Mínimo Vital era de 1.504.820; doce meses después asciende a 1.993.559. Son casi medio millón más, o lo que es lo mismo en términos relativos, un 33% más.
Quién puede cobrar el Ingreso Mínimo
El Ingreso Mínimo Vital “es una prestación dirigida a prevenir el riesgo de pobreza y exclusión social de las personas que viven solas o están integradas en una unidad de convivencia y carecen de recursos económicos básicos para cubrir sus necesidades básicas”. Es la definición que hace la Seguridad Social. Añade que “se configura como derecho subjetivo a una prestación económica, que forma parte de la acción protectora de la Seguridad Social, y garantiza un nivel mínimo de renta a quienes se encuentren en situación de vulnerabilidad económica”.
Según los últimos datos publicados por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, el número de prestaciones (hogares) con derecho a percibir el IMV ha pasado de las 512.092 en septiembre de 2023, a las 661.640 de septiembre pasado, lo que supone un incremento anual del 29,2%. Solo en los nueve primeros meses de este año, el número de prestaciones ha aumentado un 23,1%, y el de beneficiarios, el 24,5%. ¿Por qué esa diferencia en el crecimiento de uno y otro dato? Porque también ha aumentado el número de beneficiarios por hogar: de 2,9 a 3,1.
De los titulares de esta prestación, 217.608 (el 32,89% del total) son hombres y 444.032 (el 67,11% restante), mujeres. Cerca de 546.000, el 82,5% del total, son españoles, y el 17,5% (115.504), extranjeros. Si se habla de beneficiarios, el 53,5% del total son mujeres y el resto, hombres. Cerca de 1,178 millones de beneficiarios son mayores de edad y 816.175 (el 41%), menores.
Principales beneficiarios
El mayor números de hogares que se benefician de esta ayuda corresponde a la de solo uno adulto (22,56% del total). A continuación se sitúan las unidades de convivencia formadas por dos adultos y dos menores (17,1%) y dos adultos y un menor (12,9%).
El importe bruto de la nómina mensual de esta ayuda ascendió en septiembre de 353,6 millones de euros, lo que equivale a una cuantía media mensual por hogar de 476,65 euros, y a una cuantía por beneficiario de 158,20 euros. En los nueve primeros meses de este año, el importe del Ingreso Mínimo Vital ha ascendido a 3.141 millones de euros, por lo que, de seguir, esa progresión, el IMV habrá costado a las arcas del Estado más de 4.100 millones en el conjunto del presente año.
Según las cifras del Gobierno, en 2024, las cuantías del Ingreso Mínimo Vital van desde los 7.250 euros anuales (604 euros mensuales por doce pagas) para un hogar con un solo miembro, hasta los 15.951 (1.329 euros al mes), para un hogar con cinco personas. Existe un complemento mensual de ayuda a la infancia (CAPI) de entre 57 y 115 euros mensuales en función de la edad del solicitante.
El mayor número de hogares que se benefician del Ingreso Mínimo Vital está en Andalucía: 209.337 de un total de 661.640, lo que equivale a hablar del 31,6%, muy por delante de la Comunidad Valenciana, con el 10,8%; Cataluña, con el 9,7%, y Madrid, con el 8,1%.
