Quienes invirtieron en las participaciones preferentes de Bankia ya no discuten si les engañaron o no en la comercialización. Tras la declaración del auditor de Deloitte, que negó la validez de las cuentas de la compañía, argumentan que, en realidad, fueron víctimas de un fraude: se les colocó un producto que nunca cumplió con los requisitos técnicos descritos. La diferencia en la estrategia es fundamental: ya no importa si el cliente sabía o no lo que firmaba sino si el producto que se firmaba realmente existía o no.
Según los abogados de la causa, las participaciones preferentes debían cubrir dos requisitos que nunca se cumplieron:
- En primer lugar, tenían obligación de "cotizar en mercados secundarios organizados" y, por tanto, "han de poder negociarse", aseguran las fuentes consultadas.
- En segundo lugar, su precio debía fluctuar de acuerdo con ese mercado.
Nunca existió un "mercado de preferentes"
Según los abogados personados en la causa de Bankia, los documentos de emisión de cada una de las series de participaciones preferentes se informaba a los inversores de que los títulos cotizarían en el mercado AIAF. Sin embargo, tras el análisis de la comercialización de las acciones, prácticamente el 100% de los títulos fueron de las manos de los bancos a los preferentistas y de vuelta a los mismos bancos cuando decidieron vender a pérdida. Nunca hubo comercio de preferentes entre entidades y ninguna invirtió en las preferentes de alguna otra en las más de cien emisiones que se produjeron a lo largo de los años.
"Lo lógico es que los inversores profesionales hubieran invertido en grandes cantidades, al menos el tiempo necesario para obtener los altos rendimientos que los contratos solían ofrecer el primer y, a veces, el segundo año y después desprenderse de los títulos en el mercado (venderlos). Pero eso no es lo que parece que ha sucedido", denuncia la asociación de ciudadanos contra las preferentes 15-MpaRato.
El precio fue pactado con un tenedor y movido artificialmente
Según los datos aportados a la causa, los precios en el caso de Bankia fueron sostenidos por el contrato que ésta firmó con el Banco Popular, empresa tenedora de las preferentes. Según esos datos, nadie realizó ni una sola operación desde noviembre de 2011. De acuerdo con esa lógica, el valor de las preferentes debería haber quedado congelado y sólo debería bajar cuando llegaran las órdenes de venta.
Pese a esa falta de operaciones, la asociación denuncia que la cotización refleja una caída al 75% cuando debía reflejar un valor del 100%, lo que había pagado en acciones BFA ese mismo 28 de marzo de 2012.
Implicaciones penales
De acuerdo con los abogados de la causa, esos dos extremos han sido confirmados por el auditor de Deloitte en su declaración, lo que da un giro en la estrategia que usará ese testimonio para apuntalar los cargos de falisificación de cuentas y manipulación de precios contra la cúpula de Bankia.