El Gobierno compensa al lehendakari, Íñigo Urkullu, con 329 millones de euros 'extra' por la regularización del cupo vasco, la cuantía que las administraciones vascas pagan al Estado por las competencias no transferidas. Este ajuste realizado en el mes de octubre a favor del País Vasco se produce en el contexto de las tensiones afloradas con el PNV durante la negociación de los Presupuestos en el Congreso.
La pasada semana, los peneuvistas vieron cómo Bildu se apuntaba un tanto al convertirse en socio presupuestario del Gobierno de PSOE y Podemos. Y a esto se sumó que, ante la presión recibida, los jeltzales tuvieron que retirar su propuesta de alumbrar una denominación de origen de vinos vascos, sumando otra derrota inesperada a la lista.
Así las cosas, no parece casual el afán con el que el pasado viernes la ministra de Hacienda y portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, repetía que el PNV es el "socio prioritario" del Ejecutivo de Pedro Sánchez, definiendo al partido como la formación que "garantiza la estabilidad del Gobierno desde el primer día" y con la que siempre empiezan pactando todos los acuerdos.
Esta semana Hacienda refleja en el informe de ejecución presupuestaria del último mes "los mayores pagos a la Comunidad Autónoma del País Vasco para la compensación en cupo por la regularización de quinquenios anteriores por 329.177 miles de euros". Unas transferencias corrientes que se suman a la rebaja ya efectuada tras el acuerdo político del PP de Mariano Rajoy con el PNV de Urkullu para apoyar los Presupuestos de 2018.
En el marco de ese acuerdo alcanzado en 2017, ya se recortó en 225 millones de euros la aportación anual de las Haciendas Forales a la caja común, dejándola en los 1.300 millones de euros al año. En este sentido, el ajuste por 329 millones de euros efectuado este año es una compensación 'extra' que llega en un momento político clave.
La "opacidad" del cupo vasco
La cantidad anual que el País Vasco paga al Estado (el denominado 'cupo') se revisa periódicamente, pero la cuestión es que en la calculadora tiene peso la política. El proyecto de Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2022 establece un cupo provisional de 1.407 millones de euros, pues aún no ha sido aprobada la metodología de señalamiento del mismo para el quinquenio 2022-2024.
Ángel de la Fuente, director ejecutivo de Fedea, lamenta en conversaciones con Vozpópuli la "gran opacidad del sistema de financiación foral" y considera que “no existe la información necesaria para valorar si la regularización, o lo que es más importante, el importe original del cupo vasco, son correctos". De la Fuente reclama una mayor transparencia, mediante la publicación regular de información comparable a la que se suministra en el caso del sistema de financiación de régimen común.
En una entrevista reciente en este periódico, la Organización Profesional de Inspectores de Hacienda del Estado (IHE) también pedía suprimir el cupo vasco por los problemas de gestión, aplicación de los tributos y fraude que genera. "No es el modelo más operativo ni eficiente, crea dificultades. Ahora tenemos más datos que hace años, pero lo mejor es un sistema único, criticamos que exista soberanía fiscal independiente, sin caja única", señalaban.
Este martes, el Consejo de Ministros ha aprobado una modificación del Concierto Económico Vasco, por la que las Haciendas vascas pasarán a recaudar tres nuevos impuestos (el IVA OSS, la tasa Tobin y la tasa Google). De hecho, el acuerdo fue suscrito en la Comisión Mixta del Concierto Económico (CMCE) el pasado 30 de julio y ahora simplemente se ha materializado.
En los presupuestos vascos para 2022 se recoge una previsión de recaudación de 175 millones (160 millones por el Impuesto de Transacciones Financieras -tasa Tobin- y 15,1 millones del Impuesto sobre Determinados Servicios Digitales -tasa Google-), mientras que no es posible hacer una previsión de la recaudación por el IVA del Comercio Electrónico.
Además, tal y como exigían los peneuvistas, habrá un impulso para las ansiadas obras del TAV, más conocido como el AVE vasco. Pero las inversiones necesarias no estarán incluidas en los Presupuestos Generales del Estado, sino que se acometerán por otra vía: la "encomienda de gestión". Esto quiere decir que el Gobierno vasco adelantará el dinero para la infraestructura y después se lo cobrará al Estado descontando la cantidad, precisamente, del cupo vasco.
