En España, con la hucha de pensiones bajo mínimos históricos y en pleno debate en la Comisión del Pacto de Toledo en el Congreso, resulta casi inevitable buscar un halo de esperanza en el ejemplo de otros países europeos. La tónica europea es la de siempre: las naciones norteñas están mucho más consolidadas en este terreno que los países del sur, como España, Grecia o Italia. Y, a la hora de señalar algunos estados como los 'paraísos' del jubilado (y, no menos importante, de futuros jubilados), los expertos coinciden en mirar hacia Dinamarca, Holanda y Australia.
Al menos, así figura en el último informe anual ‘Global Pension Index’, publicado el mes pasado por la consultora Mercer. El estudio compara los sistemas de pensiones de 30 países de todo el mundo (entre los que no está España) de acuerdo a tres indicadores (idoneidad, sostenibilidad e integridad), que establece en base a 40 indicadores distintos.
Este año, ningún país ha regentado la categoría A, que se obtiene al superar un índice por encima de los 80 puntos (en un ratio de puntuación del 1 al 100 según establece la consultora). El año pasado sí fue para Dinamarca, que este 2017 ha sido relegada a la categoría B+, que puntúa entre 75 y 80, junto con dos países más: Holanda y Australia.
¿Cómo se sostiene el sistema danés?
El sistema de pensiones de Dinamarca es una de las áreas que cuenta con más consenso en el Parlamento, donde prácticamente todos los partidos políticos coinciden en la ‘justicia social’ de los pensionistas que tanto han aportado a la sociedad durante décadas de trabajo.
Los trabajadores en este país contribuyen al Estado de Bienestar pagando un impuesto de más del 50% sobre los salarios ycon un IVA fijo que asciende al 25%. Los jubilados actuales han trabajado, en la mayoría de los casos, más de 40 años pagando estos tributos.
La edad de jubilación es a los 65 años; a los 67 para aquellos que cumplieron 60 años antes del 1 de julio de 1999.
Su sistema de pensiones se basa en un sistema mixto público-privado. La pensión pública asciende tan sólo a un máximo del 17% del salario medio, pero el resto de la cuantía que los ciudadanos perciben al jubilarse procede de los fondos privados (el ATP, de contribución obligatoria, y otros voluntarios).
El régimen de pensión extraordinaria de los trabajadores por cuenta ajena (ATP) está financiado conjuntamente por los propios trabajadores y por y la empresa. Estos últimos pagan las dos terceras partes de la cotización, mientras que los trabajadores por cuenta ajena pagan el tercio restante. La empresa tiene la responsabilidad de retener a cuenta las cotizaciones en nombre del trabajador.
El empresario paga un tercio de la contribución, mientras que el trabajador paga los otros dos tercios, que son descontados de la nómina. La pensión normalmente es un porcentaje del salario. La pensión pública básica asciende a un máximo del 17% del salario medio.
Holanda, una pensión pública elevada
La OCDE considera que Holanda es el ejemplo a seguir, a pesar de que tan sólo gasta en su sistema de pensiones algo menos del 6% de su PIB, muy por debajo que el de España, y el porcentaje de pensión que reciben quienes se jubilan asciende al 90% de los ingresos que obtenían por su trabajo, lo que se llama la 'tasa de sustitución'. Es por esto, precisamente, que Holanda es uno de los países europeos (y mundiales) con menor riesgo de pobreza.
La edad de jubilación actual en Holanda es de 65 años. Una edad que subirá a los 67 a partir del año 2021. La primera pata del sistema holandés es una pensión pública básica cuya cuantía es igual al Salario Mínimo Interprofesional del país (unos 1.400 euros mensuales).
Hay otra segunda fase, de carácter voluntario y privado. Las entidades financieras y aseguradoras del país ofrecen una red de unos 5.000 planes de pensiones a los que las empresas y trabajadores pueden acogerse en función de las características que deseen para el mismo. El 92% de los trabajadores holandeses están cubiertos por alguno de estos planes.
Australia, ahorro personal
El sistema de pensiones australiano se fundamenta también en una parte público-privada basada en tres pilares: la empresa, el ciudadano y el Estado.
El programa de ahorro obligatorio se conoce como la 'garantía de jubilación', que requiere que las empresas aporten a la jubilación de sus trabajadores un 9% de su salario, aunque según un estudio realizado por el Departamento del Tesoro Australiano, esta cuantía debería aumentar progresivamente al 12% en el año 2020. Por su parte, las empresas obtienen una ventaja fiscal por cada empleado que gane más de la cantidad mínima especificada.
En torno al 90% de los ciudadanos tiene sus ahorros en ese fondo, cuyo total general excede el Producto Interno Bruto (PIB) del país. Con esta tasa de éxito, desde 2005 los empleados pueden escoger los fondos de su jubilación: invertir en activos, bonos, bienes raíces o alternativas de capital privado.
Por otro lado, está el llamado 'sacrificio salarial' de ahorro voluntario, es decir, el ahorro que el ciudadano realiza fuera de los fondos con ventajas fiscales, al que se acogen alrededor del 20% de los trabajadores australianos.
¿Y el resto de países?
En el ránking del análisis de Mercer no aparece España entre los 30 países estudiados. Y tampoco aparece este año ninguno en la categoría 'A', que incluye a naciones que tienen "un sistema de ingresos de jubilación sólido y de primera clase que ofrece buenos beneficios, es sostenible y tiene un alto nivel de integridad".
En el B+, los tres países 'ejemplo' antes mencionados han desarrollado un sistema "que tiene una estructura con muchas características buenas, pero otras que podrían mejorarse para llegar a la categoría A".
Por poner un ejemplo, la vecina Francia se encuentra en la categoría C (por debajo del C+ y las dos clasificaciones anteriores), con una puntuación tan sólo de entre 50 y 60 puntos porcentuales. En concreto, el estudio valora "algunas buenas características" que funcionan en el presente, pero que a su vez tiene "grandes riesgos o deficiencias que deberían abordarse" ya que pueden poner en riesgo su "eficacia o sostenibilidad a largo plazo".
Ahora, en plenas negociaciones para garantizar un sistema de pensiones sólido en España, habrá que tener en cuenta los criterios que aparecen en este estudio. Al menos, para garantizar un futuro a los trabajadores de hoy.
Global Pension Index by Vozpopuli on Scribd
