El Pacto de Toledo es una comisión parlamentaria que se creó en 1995 con el apoyo de todos los partidos políticos para discutir, analizar y proponer medidas encaminadas a asegurar la sostenibilidad del sistema pensiones español. Nació con un objetivo claro: sacar el sistema de pensiones de la confrontación política y adoptar medidas de consenso.
El mismo año que se creó publicó su primer documento, con las primeras 15 recomendaciones para cualquier reforma del sistema. Y es que esa es precisamente la naturaleza del Pacto, elaborar recomendaciones desde el consenso para guiar las reformas que necesariamente tendrán que ir proponiendo los sucesivos gobiernos para garantizar la superviviencia del sistema.
Es algo que tiene bastante sentido, dada la capital importancia del sistema de pensiones en el estado de bienestar español y el maltrecho estado de sus cuentas. Las pensiones son un problema de todos y las reformas que se hagan ahora servirán para garantizar las prestaciones dentro de 30 o 40 años. La ideología debería quedar a un lado.
Además, las pensiones son un tema especialmente sensible para los ciudadanos, lo que a veces hace que el gobierno de turno se resista a hacer cambios que puedan tener un coste muy alto en términos electorales. O la oposición aprovecha para oponerse a las reofrmas y consagrarse así como el salvador de las pensiones. El Pacto de Toledo pretende acabar con estos problemas y asegurar el consenso. Eso dice la teoría, aunque la práctica es algo más complicada.
22 recomendaciones
Como ya hemos dicho, el primer año que echó andar el pacto se acordaron 15 recomendaciones sobre las reformas del futuro. Hoy ya son 22 las recomendaciones y van desde la separación y clarificación de las fuentes de financiación, a la prolongación de la edad de jubilación, pasando por el mantenimiento del poder adquisitivo de las pensiones y el fomento de planes privados que complementen la pensión, entre otras cosas.
Lo cierto es que el Pacto de Toledo ha servido para lograr algunos avances en pensiones. El Fondo de Reserva, por ejemplo, se creó en el año 2000 bajo el amparo de en una de las recomendaciones. Y muchas reformas y propuestas han conseguido consensuarse gracias al Pacto.
Pero no siempre ha sido así. La reforma del año 2013, que introdujo el factor de sostenibilidad y el nuevo índice de revaloriación de las pensiones, no consiguió consenso y aún así salió adelante. Hoy el Pacto de Toledo tiene el reto de evitar que esto vuelva a ocurrir siendo claro a la hora de plasmar sus recomendaciones sobre el papel para ponérselo fácil a los partidos.
Hay puntos en los que las negociaciones se mantienen muy alejadas, como la separación de fuentes
De momento las negociaciones avanzan, aunque despacio y hay puntos en los que las posiciones están muy alejadas, como la separación de fuentes o el manteniemiento del poder adquisitivo de las pensiones. Algunas formaciones, como PSOE y Podemos, quieren que el propio Pacto de Toledo sea muy concreto en estos puntos y otras, como PP y Ciudadanos, creen que las recomendaciones deben ser más generales y que el detalle correspode al Gobierno de turno.
En cualquier caso y tal como publicó este periódico, el PP parece dispuesto a ceder un poco para facilitar las negociaciones. Está dispuesto a modificar el índice de revalorización de la última reforma, tan criticado por todos, pero fuera de las recomendaciones del Pacto de Toledo.
¿Verano de 2018?
Este paso al frente podría ser fundamental para facilitar el acuerdo, puesto que, hasta ahora, había enquistado mucho las negociaciones. En otras materias como el Fondo de Reserva o el fomento de planes privados que complementen la pensión parece que hay más puntos de encuentro.
En cualquier caso, parece poco probable que el Pacto de Toledo vaya a ser capaz de cerrar las recomendaciones antes de que acabe el año. Hay quien habla ya del verano de 2018 como próxima fecha límite. Así que habrá que esperar unos meses para ver si las negociaciones llegan a buen puerto y para que el Gobierno se anime a redactar su propuesta
