El sistema público de pensiones pasa por un mal momento. La natalidad está bajo mínimos históricos (el año pasado nacieron en España 408.384 niños, un 2,8% menos que en 2015) y la esperanza de vida no deja de crecer. Eso supone que cada vez hay menos contribuyentes que paguen a la seguridad social para que ésta pueda mantener unas jubilaciones dignas. Y, para más inri, casi tres millones y medio de personas se encuentran desempleadas en la actualidad.
El Fondo de Reserva de la Seguridad Social, del que el Estado se ha visto obligado a echar mano ante la insuficiencia de lo recaudado por las cotizaciones, se está agotando; y las reformas adoptadas hasta ahora, como aumentar la edad de jubilación de los 65 a los 67 años o tener en cuenta el factor de sostenilibidad (la esperanza de vida del trabajador) a la hora de calcular la pensión, se consideran simples parches.
En este sentido, desde la consultora KMPG alertan de una problemática: la resistencia de los trabajadores en edad de jubilarse a hacerlo. Con la reforma de 2012 no es obligatorio jubilarse, y una persona puede decidir continuar trabajando de forma indefinida si su sueldo es más elevado que la pensión pública que le corresponde.
Según explican, esto podría suponer un problema para las empresas en particular, por el “envejecimiento de la plantilla”; pero también para el ciclo del empleo en general, que requiere que los jóvenes en edad de trabajar se incorporen al mundo laboral para empezar a cotizar. Por tanto, se gasta menos en pensiones, sí; pero también habrá más paro y, por tanto, menos recaudación por parte del Estado.
Sistemas de jubilación colectivos
Por eso, los expertos proponen contemplar los otros dos pilares: la previsión empresarial y la individual. Un 22% de empresas cuenta ya con planes de jubilación colectivos para sus empleados y un 25% la incluyen en su agenda de recursos humanos para 2018, según un informe de la consultora. En él se analizan casi 300 compañías, y el 97% de ya es consciente de que será necesario recurrir a sistemas de ahorro privado para que los trabajadores se jubilen con unos ingresos dignos.
"Aunque siete de cada diez empresas aún opina que es el Estado el responsable primero de financiar nuestra jubilación, casi todas las compañías encuestadas consideran necesario recurrir a sistemas de ahorro privado, aspecto que hace unos años era señalado únicamente por un 40% o 50% de ellas”, asegura Álvaro Granado, responsable de pensiones en KPMG.
Además, el momento de hacerlo también es importante. Explican que muchos trabajadores empiezan a plantearse sus pensiones 10 años antes de jubilarse, cuando ya no se está a tiempo de generar un ahorro importante que complemente la baja pensión pública que les corresponda. El miedo a no poder rescatar el dinero destinado de forma anticipada, la posibilidad de correr algún riesgo, o la desinformación son algunos de los motivos más comunes. Pero cuanto antes se empiece a ahorrar, menos costoso será financiar lo que se deje de percibir por parte del Estado.
