Fin de semana frenético. Al Gobierno del PSOE y Sumar se le agota el tiempo. Tras verse obligado el jueves a suspender la Comisión de Hacienda del Congreso que iba a dar luz verde al Acuerdo de reforma fiscal, se ha dado 72 horas más, hasta este lunes, para ver si llega in extremis a un pacto que ponga fin a los vetos cruzados entre sus socios parlamentarios: por un lado, Junts per Catalunya y PNV, que rechazan convertir en permanente el impuesto sobre la facturación de las empresas energéticas -Petroleras y eléctricas-, por otro, ERC, Bildu y Podemos, que buscan justamente lo contrario.

Fuentes socialistas reconocen a Vozpópuli su pesimismo por la dificultad añadida de poner de acuerdo en tan poco tiempo a tantos actores cuando, aparte del pulso por ese impuesto a las energéticas, el aumento de impuestos a los artículos de lujo, a los seguros médicos privados y a las sociedades de capital inmobiliario -Merlín y Colonial amenazan con irse de España- que ha conseguido arrancar Yolanda Díaz a Pedro Sánchez, ha enrabietado aún más a PNV y Junts. Se quejan de que eso no era lo pactado.

Palabras muy gruesas, a este respecto, del portavoz del PNV en el Congreso, Aitor Esteban, que habla de "show" impresentable del Ejecutivo por pactar primero con ellos, luego con la izquierda, para acabar disgustando a todos, y haber generado una "inseguridad jurídica" flagrante por poner en peligro la trasposición en España de la directiva europea de impuesto de sociedades, aplicable en el ejercicio fiscal de 2025, solo por el interés de Sumar y otros partidos en ponerse "medallitas" de izquierdas con escaso impacto recaudatorio.

Retrasar ese Acuerdo Fiscal para negociarlo conjuntamente con el Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado a lo largo del año próximo, como propone Belarra, no es una opción viable, reconoce a este periódico uno de los negociadores socialistas del Gobierno, porque las cuentas públicas no estarán en vigor hasta el primer trimestre de 2025, si es que finalmente hay mayoría para sacarlas adelante.

Precisamente por esta exigencia del calendario de la Unión Europea no es viable la propuesta que hizo este jueves la secretaria general de Podemos, Ione Belarra, para salir del embrollo en el que anda metida la mayoría parlamentaria. Retrasar ese Acuerdo Fiscal para negociarlo conjuntamente con el Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado a lo largo del año próximo, como propone Belarra, no es una opción viable, reconoce a este periódico uno de los negociadores socialistas del Gobierno, porque las cuentas públicas no estarán en vigor hasta el primer trimestre de 2025, si es que finalmente hay mayoría para sacarlas adelante.

Y la trasposición de esa directiva europea que obligará a las multinacionales a pagar en España a partir del uno de enero del año próximo un 15% efectivo del impuesto de sociedades -en caso de que paguen menos en otros países deberán abonar la diferencia- ha de ser publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE) el 31 de diciembre, como muy tarde. En caso contrario, España no recibirá un quinto tramo de 7.000 millones de los fondos Next Generation. Palabras mayores.

Aprobar la directiva con el PP

El proyecto negociado por la vicepresidenta y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, con los grupos incorpora hasta un total de 98 enmiendas que permitirían a España cumplir con la reforma tributaria comprometida con Bruselas tanto en el Plan Fiscal y Estructural a medio plazo como para poder acceder a ese quinto desembolso de los fondos Next Generation. Y está calculado para que, sin recortes de gasto, el Estado pueda hacer frente a sus necesidades de ingresos. Ea lo que los vetos mutuos de PNV y Junts, por un lado, y Sumar, ERC, Bildu y Podemos, por otro, ponen en riesgo

La directiva, de hecho, es probable que salga adelante en la Comisión de Hacienda del Congreso este mismo lunes, haya o no acuerdo del gobierno con sus socios respecto a las otras cuestiones. El PP ya ha dicho que la apoyará y eso garantiza un mínimo de 258 votos en el Pleno de la Cámara Baja. El problema para el Gobierno es otro: si no es capaz de sacar adelante una reforma fiscal porque ahora se está demostrando que no hay una mayoría de izquierdas en la Cámara, si Sánchez necesita de Alberto Núñez Feijóo para sacar adelante su reforma fiscal... ¿Cómo va a ser capaz de sacar adelante unos presupuestos si no tiene ya la mayoría de investidura de hace un año?

Aitor Esteban habló el jueves del "caramelo envenenado" que supondría para el PSOE dar imagen de que al final necesita al PP tras haber fracasado en su política de contentar a todos; eso dificultaría, objetivamente, la consecución de unos presupuestos con socios como ERC, Bildu o Podemos y pondría muy cuesta arriba la continuidad de la legislatura 

Aitor Esteban reflexionó el jueves sobre el "caramelo envenenado" que supondría para el PSOE dar imagen de que al final necesita al PP para sacar adelante la reforma fiscal tras haber fracasado en su política de contentar a todos; eso dificultaría, objetivamente, la consecución de unos presupuestos con socios como ERC, Bildu o Podemos y pondría muy cuesta arriba la continuidad de la legislatura. Y todo por una política identitaria de izquierdas que tiene escasa recaudación

En el mismo sentido, el vicepresidente de Junts, Antoni Castellà, dijo el martes que el paquete fiscal pactado entre el PSOE y Sumar, que contempla gravar bienes de lujo como los yates o los Lamborghini, o un IVA del 21% a los pisos turísticos, es "propaganda" y "demagogia" porque tiene efectos fiscales "bajos". "Puedo estar de acuerdo en subir algún punto de algunos impuestos de grandes fortunas u ostentación, pero esto tiene efectos fiscales tan bajos que para mí es propaganda", agregó.

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