La pugna político-judicial abierta por la renovación de la presidencia de las principales Salas del Tribunal Supremo en las próximas semanas ha convertido a la cúpula de la judicatura en un hervidero de conflictos que se están agravando durante estos días. La pretensión del Gobierno de situar a la magistrada Ana Ferrer al frente de la Sala de lo Penal, la más relevante por cuanto afecta a las causas especiales de los aforados, choca frontalmente con el criterio que de modo soterrado expresa la inmensa mayoría de miembros de esa Sala.
El próximo 5 de diciembre, su actual presidente, Manuel Marchena, cesa en esa función al concluir su mandato máximo de ocho años previsto por la ley. Marchena no continuará como presidente ni siquiera en funciones por voluntad propia, pero su pretensión es seguir siendo miembro de la Sala Penal hasta su jubilación. Para su relevo, el Pleno del Consejo General del Poder Judicial maneja dos alternativas ya formalizadas durante las últimas semanas: la de Ana Ferrer, como aspirante avalada a priori por el bloque izquierdista del Consejo, y la de Andrés Martínez Arrieta, un magistrado no adscrito a ninguno de los bloques ideológicos y de talante moderado.
Martínez Arrieta es el más veterano de la Sala en estos momentos, es el número uno del escalafón judicial en España y tiene una dilatadísima trayectoria en el Supremo como jefe del Gabinete Técnico y posteriormente como magistrado de la Sala Penal. Está prevista su jubilación dentro de dos años y medio, con lo que no podría completar los cuatro años previstos de presidencia, pero está dispuesto a asumir esas funciones durante el tiempo que le reste en el Tribunal. Y en principio es quien cuenta con las opciones más serias de ser avalado por el Pleno del CGPJ.
Ana Ferrer ya fue impulsada por el Gobierno durante el pasado verano como candidata, no ya a la Sala de lo Penal, sino a presidir el Tribunal Supremo y el propio CGPJ. Sin embargo, el rechazo frontal del bloque conservador por el hecho de que se le atribuye una notoria proximidad al Gobierno impidió que su candidatura prosperara. Lo mismo ocurrió con la magistrada Pilar Teso, que ahora compite con Pablo Lucas Murillo de la Cueva por la presidencia de otra de las salas del alto Tribunal, la de lo Contencioso-Administrativo.
El relevo se presenta conflictivo por la pugna ideológica en el seno del CGPJ y la relevancia de un puesto determinante como la presidencia de la Sala de lo Penal a todos los efectos. Es la que juzgó a los líderes del proceso independentista y la que ha planteado su negativa a amnistiar a los condenados por el delito de malversación de caudales públicos, por ejemplo. Ahora ha asumido la causa especial que mantiene imputado al fiscal general del Estado, y ha iniciado una investigación sobre José Luis Ábalos, ex secretario de Organización del PSOE y exministro de Pedro Sánchez. Fuentes judiciales sostienen que en un primer momento Ana Ferrer no iba a disputar ese puesto a Martínez Arrieta, de gran arraigo en toda la Sala Penal, donde cuenta con el aprecio personal y el respeto profesional de sus compañeros de Sala. Pero después, Ferrer tuvo el “impulso” de presentarse. Si ninguno de los dos obtiene trece de los veinte votos del CGPJ, la elección corre el riesgo de enquistarse en un bloqueo similar al que propició finalmente que la actual presidenta del Supremo, Isabel Perelló, fuese finalmente elegida pese a no estar en la lista de siete magistrados que inicialmente fueron seleccionados para ello.
Si hubiese un bloqueo sistemático sin consenso entre progresistas y conservadores, se abre la opción de que algunos presidentes permanezcan en funciones hasta que se produzca el desbloqueo. Podría ocurrir con Antonio Sempere en la Sala de lo Social, con Pablo Lucas en la de lo Contencioso, o con Ignacio Sancho en la de lo Civil. En cualquier caso, las fuentes consultadas dan por hecho que, antes o después, Martínez Arrieta debería ser elegido para la Sala Segunda no sin dificultades, pero elegido a fin de cuentas. “Las opciones que tiene Ferrer en este momento son cero, exactamente cero”, sostienen las fuentes consultadas. Antecedentes de magistrados en funciones al frente de una Sala durante meses, e incluso años, existen como en el caso del propio Pablo Lucas o de Francisco Marín Castán, en la Sala de lo Civil. El CGPJ tendrá difícil argumentar, consideran las fuentes consultadas, que prescinde de Martínez Arrieta siendo el número uno del escalafón de toda la judicatura.
En el supuesto de que cualquier tipo de consenso válido se enquistara sin solución posible, cabría una alternativa que a día de hoy es remota. Podría darse la circunstancia de que fracasada toda negociación y acuerdo con los candidatos que sí se han postulado por sí mismos, un vocal del CGPJ pusiese sobre la mesa el nombre de algún magistrado que no se haya presentado ‘motu proprio’. Podría ser el caso de Susana Polo, mujer y progresista, que son las preferencias que el Gobierno ha transmitido de modo indirecto al CGPJ, pero que de momento no aspira a ese puesto y a la que, en cualquier caso, no se le atribuye la proximidad al Ejecutivo que sí se le concede a Ana Ferrer.
Tal como publicó Vozpópuli meses atrás, y sobre la fallida intentona del Gobierno con Ana Ferrer para que presidiese el Tribunal Supremo, pesó sobremanera el veto de los vocales de la derecha porque en los últimos tiempos la magistrada se ha desmarcado de las decisiones y criterios mayoritarios en la Sala de lo Penal. Fuentes del Tribunal lo atribuyeron el pasado agosto a su deseo de "hacer méritos" ante el Ejecutivo socialista tras una etapa de varios años en los que no estaba en el radar de La Moncloa.
Sobre Ferrer, pesa en efecto el antecedente de haber discrepado abiertamente del resto de la Sala de lo Penal al sostener que el presidente de Junts, Carles Puigdemont, sí debería ser amnistiado incluso por el delito de malversación de caudales públicos. Y lo hizo, como avanzó Vozpópuli, con una argumentación muy similar a la empleada también por la mayoría izquierdista del Tribunal Constitucional respecto a ese delito para avalar el indulto encubierto a algunos de los antiguos altos cargos de la Junta de Andalucía condenados por los ERE fraudulentos. Ferrer sostuvo que no amnistiar a Puigdemont por el delito de malversación supera "todos los diques de la lógica".
