El Tribunal Supremo ha dado la razón a Telefónica al sostener que el real decreto dictado en 2018 por el Gobierno, que designó automáticamente a la compañía para dar el servicio de cabinas telefónicas, vulneró la ley pues debía haberse concedido a través de una licitación pública.
En su sentencia, a la que ha tenido acceso Efe, la sala de lo Contencioso-Administrativo estima el recurso de la compañía que estaría analizando una posible reclamación al Estado por el coste de dicho mantenimiento, aunque no podrá dejar de prestar este servicio universal obligatorio ya que actualmente se encuentra en vigor el "indulto" que lo prorroga hasta, al menos, hasta 2021.
Según recogen los magistrados, Telefónica alegó que la disposición recurrida era contraria a la Ley General de Telecomunicaciones, que establece que la designación del operador para la prestación de un elemento del servicio universal se realizará "a través de un mecanismo de licitación pública que no se ha llevado a cabo en este proceso".
Así pues, apuntaba, "la prórroga o 'extensión' unilateral realizada por el Gobierno" no sólo carecía de cobertura legal, sino que además se había realizado "omitiendo el trámite de alegaciones" y había privado a Telefónica de "la toma de sus decisiones empresariales en un marco estable, predecible, claro y de certidumbre".
En su respuesta al recurso, la Abogacía del Estado defendía la decisión adoptada por el Ejecutivo ya que "obedecía a la necesidad de seguir las observaciones de la Comisión Permanente del Consejo de Estado", que ese mismo año aclaró a última hora que el intento de suprimir la obligatoriedad de este servicio que, por entonces, se estaba impulsando, debía hacerse por ley.
Sin embargo, el tribunal considera que esta circunstancia sobrevenida "no justifica" que se vulneraran las garantías del procedimiento, omitiendo un concurso público "que debe realizarse mediante un mecanismo abierto a todas las empresas que garantice los principios de objetividad, transparencia y no discriminación".
Las cabinas cuestan 4,5 millones al año
Actualmente, Telefónica es la encargada de mantener, no sólo las cabinas, sino el conjunto del servicio universal dado que, al quedar el concurso desierto año tras año, el Ministerio de Economía acaba designando a la compañía suministradora.
El coste de mantener las cabinas es de unos 4,5 millones de euros anuales, según los últimos datos de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), que revisa las condiciones de la prestación del servicio y que se refieren a 2016.
A día de hoy existen unas 15.450 cabinas en la vía pública en todo el territorio nacional, aunque llegaron a sumar las 65.000 a finales de la década de 1990, según la multinacional española.
De acuerdo con estos datos, cada cabina, servicio que comenzó a instalarse en las calles españolas en 1928, supone un coste medio de 291,3 euros al año, por lo que cada llamada de teléfono registrada sale de media a 2,5 euros.
