El Ministerio de Trabajo y Economía Social ha adjudicado un contrato por 2,14 millones de euros con cargo a los fondos europeos para detectar desigualdades de género en las políticas del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE). El equipo de Yolanda Díaz anunció la licitación en el mes de agosto y sólo recibió una oferta de una UTE (unión temporal de empresas) denominada TICA y formada por cuatro entidades, tres de ellas especializadas en asesoramiento empresarial en materia de igualdad.
En esta unión de empresas, que finalmente se han adjudicado el contrato, participan Ibain Consultoría S.L. (tras la que se encuentra la ex directora gerente del Instituto Navarro para la Igualdad Sara Ibarrola), la consultora vasca especializada en igualdad Eraberria Gunea S.L., la multinacional del sector de las tecnologías de la información Ingenia S.A., y LIKaDI Formación y Empleo S.L., una consultora especializada en transversalidad de género e igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres.
La UTE aparece domiciliada en el lugar donde se ubica LIKaDI Formación y Empleo, consultora situada en la capital de España. La directora gerente de esta compañía, Isabel Alonso Cuervo, ha colaborado en otras ocasiones con la Administración Pública. Por ejemplo, fue una de las supervisoras del documento 'Lenguaje Administrativo no Sexista', publicado por el Instituto Andaluz de la Mujer. En este manual, por ejemplo, se considera sexista la expresión "Participación de los jóvenes en la vida social" y recomienda decir "Participación de jóvenes, mujeres y hombres, en la vida social".
La empresa adjudicataria resultante de la unión de las anteriores, a la que el Ministerio de Trabajo cataloga como pyme, brindará servicios de asesoramiento al SEPE "para integrar la transversalidad de género en el diseño, desarrollo y evaluación de las políticas públicas de activación para el empleo", según consta en la licitación. El plazo de ejecución es de 24 meses a contar desde el 1 de enero de 2022.
Trabajo defiende la necesidad de este servicio
En el portal del Plan de Recuperación al que se asocian los fondos europeos detalla que "se considera necesaria la contratación de este servicio con el fin de integrar la igualdad de oportunidades" en estas políticas de empleo. En los pliegos del contrato, Trabajo detalla que estas empresas deberán hacer un diagnóstico de la situación de partida en los primeros seis meses de 2022, con una auditoría de Igualdad que incluirá como producto resultante un informe que se enviará al SEPE.
Tras esto, y no más de dos meses después de entregar el citado informe, deberán elaborar un Plan de Igualdad con objetivos y medidas concretas, además de poner en marcha un sistema informático de evaluación en base a una serie de indicadores previamente formulados para confirmar que dichos objetivos se cumplen y conocer el nivel de corrección de las desigualdades detectadas.
Otra de las funciones que tiene asignada esta UTE es la celebración de 9 encuentros con los servicios públicos de empleo autonómicos. En estas reuniones deberán tratar "la integración de la dimensión de género" en el seno del Sistema Nacional de Empleo para el lanzamiento, organización e impulso del proyecto.
La financiación de este proyecto procede del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, al que están asociados los fondos europeos. En concreto, se encuadra en la octava política tractora, que lleva por denominación 'Nueva economía de los cuidados y políticas de empleo'. Esta, a su vez, se desagrega en los componentes 22 (Plan de choque para la economía de los cuidados y refuerzo de las políticas de inclusión) y 23 (Nueva políticas públicas para un mercado de trabajo dinámico, resiliente e inclusivo).
