El ministro de Inclusión, Migraciones y Seguridad Social, José Luis Escrivá, sigue trabajando en uno de sus proyectos más ambiciosos: poner en marcha un fondo publico de pensiones español. Por el momento, cuenta con muchos detractores y el expresidente de la Airef es consciente de ello.
Por eso se ha ido reuniendo con las principales gestoras de planes de pensiones del país, para ver qué aspectos del anteproyecto de ley se pueden mejorar, según ha podido saber Vozpópuli por fuentes financieras.
El sector ve con buenas ojos y "agradece el esfuerzo" del ministro, pero hay ciertos aspectos de la norma que no terminan de encajar y estas mismas fuentes temen que no se desarrolle si no se termina de impulsar, con medidas de recuperación de ciertas ventajas fiscales -como la deducción en el impuesto de sociedades-.
Otro de los problemas con los que intenta lidiar el ministro es con la plataforma digital por la que se va a llevar a cabo, que en fuentes señalan que es uno de los puntos más conflictivos, ya que cuesta mucho tiempo y dinero hacer una desde cero.
A esto hay que sumar que el sector no ve lógico imponer una comisión máxima al plan, estipulada en el 0,50%, muy inferior a los límites legales que hay ahora, de entre el 1,05% y el 1,7%, con tutela pública. Las fuentes consultadas señalan que esto no debería ser un problema pues en este momento la comisión máxima se encuentra en el 0,43%. "Las entidades ya se han encargado de bajarlas" y agregan que "si algo funciona bien, el cliente debería para lo que considere".
La Ley Escrivá
El ministro prevé que esta ley esté en vigor en junio. Con el fondo de pensiones público pretende propiciar que trabajadores de pymes, rentas bajas, autónomos y Administraciones Públicas accedan al plan.
Según Escrivá, el objetivo es "fomentar la creación de la nueva previsión social incardinada en las empresas y facilitar el acceso a los planes de empleo colectivos que, hasta ahora, encuentra dificultades para acceder a los mismos". En España, además, suscriben planes de pensiones sólo el 10% de la población ocupada, porcentaje muy por debajo de de países de nuestro entorno, que se sitúan entre el 25% y el 90%.
Escrivá quiere atraer a los más de un millón de autónomos que han suscrito planes de pensiones con comisiones elevadas y rebajas fiscales decrecientes. La promoción de los planes de empleo empezó en los Presupuestos de 2021, en lo que se rebajó de 8.000 a 2.000 euros la cantidad máxima de las aportaciones que puede desgravarse en el IRPF, e incrementó la de los planes de empresa hasta los 8.000, con un tope conjunto de 10.000 euros.
Este acoso a los planes privados lo mantienen las Cuentas de 2022, que reducen la cuantía a 1.500 euros y elevan la de los de empresa a 8.500, con el mismo límite.
Sin embargo, la mejora fiscal que ofrece deja a los autónomos en desventaja respecto a los asalariados, tal y como adelantó Vozpópuli. Así, el proyecto contempla que los trabajadores por cuenta ajena que entren en el nuevo sistema puedan desgravarse hasta 10.000 euros en sus aportaciones, por la suma de los 1.500 euros para planes individuales (reducción que operan los Presupuestos de 2022) y los 8.500 para planes de empresa.
No obstante, este tope se reduce casi a la mitad para los autónomos, a 5.725 euros en concreto, ya que se elimina la mitad de la aportación de la empresa.
No parece que se estén buscando fórmulas de equiparación. Desde el Ministerio han subrayado que los autónomos mejoran fiscalmente respecto al marco ahora vigente, pero es cierto que en el nuevo marco que pretende revolucionar el sector y atraer a este perfil de trabajadores quedan en desventaja respecto a los asalariados
