El juzgado de lo contencioso-administrativo número 29 de Madrid ha decidido estimar la demanda presentada por una vecina de Navalcarnero que accedió a una vivienda de protección oficial del Instituto de la Vivienda de la Comunidad de Madrid (IVIMA) en 2007.
Con la resolución anula la venta de casi 3.000 viviendas públicas de la Comunidad de Madrid a Azora Gestión por poco más de 200 millones de euros.
Se trata de un acuerdo de mediados de 2013 con el que el gobierno regional vendió 2.935 viviendas, 3.084 garajes, 1.865 trasteros y 45 locales a un fondo buitre.
El piso de protección oficial al que accedió la demandante pertenecía al Instituto de la Vivienda de la Comunidad de Madrid (IVIMA), que ofrecía alquileres con una reducción de hasta el 90% a personas con pocos recursos.
Seis años después, el gobierno de Ignacio González vendió la casa a un fondo buitre, lo que supuso un deterioro de las condiciones del alquiler. Ahora la sentencia anula el acuerdo suscrito entre la Comunidad de Madrid y el fondo.
