El Gobierno de Pedro Sánchez defiende que cuenta con el aval de la Comisión Europea a la reforma de las pensiones. Esta reforma debía haber estado aprobada el 31 de diciembre de 2022, pero su cierre no se produjo hasta el pasado marzo, lo que desde el Ejecutivo se atribuía precisamente a las negociaciones con Bruselas.
Algunos observadores dudaban de que el aval existiera en realidad, lo que reforzaba el hecho de que el Gobierno no pida el cuarto pago de fondos UE que la incluye, del que penden 10.000 millones. No lo hizo sin estar en funciones antes de las elecciones del 23-J, ni en funciones, a pesar de que apuntó que lo haría, ni lo viene haciendo ahora. Pues bien, esta semana se ha conocido que el expediente que causa el retraso es la reforma del subsidio de desempleo, pero no las pensiones.
Sin embargo, este aval de la Comisión a la reforma de las pensiones es sólo político, ya que los técnicos han suspendido la reforma, según trasladan tres fuentes próximas al Ejecutivo comunitario. Los técnicos de la Comisión Europea están en contra de la reforma de las pensiones, pero se va a aprobar por indicación política que viene de muy arriba, no sólo del comisario de Economía, el socialdemócrata Paolo Gentiloni, sino incluso de la Presidencia de la Comisión.
Esta divergencia entre los técnicos y la dirección política comunitaria la evidencian además los presupuestos del informe Ageing Report que ha publicado la Comisión, que estiman un crecimiento económico medio del 1,3% entre 2022 y 2050, mientras que el informe del Gobierno que sustenta la reforma de las pensiones plantea un 2%. Todo un suspenso de facto a la reforma, abocada a activar las correcciones cuya posible activación a partir de 2025 tuvo que incluir en la negociación con Bruselas.
Preguntadas por esta divergencia, fuentes del Ministerio de Inclusión trasladan que el Ageing Report (AR), el informe sobre envejecimiento que se publicará en 2024 y que se utilizará para evaluar la reforma en 2025, "al aplicar una metodología común y homogénea para a todos los países, tiene unas restricciones específicas a la hora de proyectar ciertas variables e incorporar especificidades nacionales. Creemos que algunas de esas restricciones dificultan al AR capturar algunas especificidades de la economía española, y del impacto en el medio y largo plazo de las reformas e inversiones desplegadas en estos años".
El Ministerio de Inclusión hizo público el 10 de octubre el informe de proyecciones del gasto público en pensiones, la última exigencia del hito de la reforma, donde plantea que este crecimiento medio será del 2%. La reforma prevé que el gasto medio en pensiones sobre PIB en el periodo 2022-2050 será del 14,2% y que corregido por el incremento de ingresos quedará en el 12,4%.
Según esta previsión, se situaría por debajo del umbral del 15% definido en el Real Decreto-ley 2/2023 que activaría el mecanismo corrector para situaciones de desvío de la senda prefijada de sostenibilidad en forma de más subidas de cotizaciones sociales. Este 15% será un 13,3% si se restan las medidas de ingresos.
Estas cifras que sustentan la sostenibilidad de una reforma que liga la revalorización de las pensiones al IPC han sido cuestionadas por el Banco de España, Fedea, BBVA y la AIReF.
La Disposición adicional segunda del Real Decreto-ley de la reforma establece, en seguimiento de las proyecciones de impacto estimado de las medidas adoptadas a partir de 2020, que a partir de marzo de 2025, con una periodicidad trianual, la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal enviará al Gobierno un Informe de Evaluación y que si se supera un gasto del 15% del PIB con los condicionantes antes citados exigirá ajustes como subidas adicionales de las cotizaciones sociales.
La Autoridad Fiscal ha estimado el crecimiento medio del PIB en el 1,3%, con lo que augura que habrá que activar el mecanismo de corrección en 2025. La AIReF plantea en su escenario base que entre 2022 y 2050 el gasto promedio en pensiones alcanzará el 15,1% del PIB. Y señala que las medidas de ingresos planteadas solo suponían una corrección de un punto del PIB, al 14,1%.
El Gobierno ha pedido a Bruselas que tenga en cuenta el nuevo cálculo del PIB que ha proporcionado el INE a la hora de evaluar el gasto de las pensiones. Según los cálculos que ofrece el Informe de Inclusión, el nuevo PIB permitiría que la proyección de gasto en pensiones promedio entre 2022 y 2050 que calcula el Gobierno baje del 14,2% al 13,6%, lo que se traduce en una media de 8.000 millones más al año y cerca de 224.000 millones de colchón en total. Usando el nuevo PIB, el gasto en pensiones corregido del impacto de las medidas de ingresos para 2022-2050 sería del 11,9% para Inclusión.
Búsqueda del pleno empleo
Está por ver si la AIReF acepta este nuevo parámetro para su evaluación de la reforma de las pensiones, así como otros impactos de la reforma laboral.
El escenario de la Seguridad Social para sustentar la reforma contempla una tasa de desempleo del 11,4% en el periodo 2023-2030; del 8,7% en 2031-2040; del 6% entre 2041 y 2050; del 5,5% entre 2051 y 2060 y del 5,5% entre 2061 y 2070.
Se trata de un porcentaje superior al que prometió Pedro Sánchez en la campaña de las elecciones generales para la legislatura, un 8%, lo que denominó "pleno empleo", y que según esta proyección no se alcanzará hasta 2040, y que también difiere del 10% que planteaba Inclusión en privado a los grupos parlamentarios cuando aprobó la reforma en marzo.
La reforma del subsidio de desempleo pendiente para pedir el cuarto pago enfrenta ahora a Economía y Trabajo. Desde el Ministerio que preside Yolanda Díaz acusan al de Calviño de pretender maquillar la estadística del paro, y apuntan a que en su propuesta no sólo se recortaría el subsidio sino que al que se le retire no sería considerado demandante de empleo y, por lo tanto, no saldría en la estadística del paro.
