Suma y sigue. La coalición que gobierna España vuelve a impulsar otra medida que añade más palos en las ruedas a la inversión. Y este país, que pugna por salir a flote, está muy necesitado de inversores. Los topes a la subida del alquiler a los grandes propietarios implican un nuevo golpe a la estabilidad regulatoria; otra 'cornada' de Pedro Sánchez a la seguridad jurídica, que llega sólo tres semanas después del 'hachazo' que Teresa Ribera asestó a las empresas energéticas.
Es innegable que el mercado del alquiler requiere ajustes. Sobre todo, para que la crisis no hunda en la cuneta -más aún- al estrato de población más vapuleado: los jóvenes, que soportan una tasa de paro bochornosa (un 38%) y una falta de perspectivas alarmante. La cuestión es si la medida pactada por Pedro Sánchez y Yolanda Díaz para sacar adelante los Presupuestos Generales del Estado conseguirá su objetivo (facilitar el acceso a la vivienda) o acabará generando un problema añadido (el descenso de la oferta por la huida de inversión).
En el sector inmobiliario se da por hecho lo segundo: topar los alquileres "cambia las reglas del juego en mitad del partido" y eso tiene consecuencias en las decisiones futuras de inversión. Al mismo tiempo, la nueva regulación amenaza con lograr lo contrario de lo que se persigue; es decir, beneficiar a la larga a los hogares más desahogados.
Esta tesis tiene una explicación. La concesión de ayudas a los jóvenes a través de bonos generará, como es lógico, un efecto llamada, que aumentará la demanda de pisos en alquiler. Por el contrario, la imposición de límites a los precios puede retraer la oferta. El parque de alquiler en España está en manos de pequeños propietarios (en torno al 85%) y de grandes inversores. Los segundos se mueven por el beneficio, con la vista en el largo plazo y rehúyen de la inseguridad jurídica. Los segundos, por su parte, buscan una renta complementaria y un canal de inversión que no genere sobresaltos (como la bolsa).
Las trabas en el mercado del alquiler pueden generar desconfianza entre muchos propietarios ya de por sí desconfiados, por las limitaciones ya existentes (como la duración de los contratos) y el 'vía crucis' de los desahucios (seis meses, en el mejor de los casos). Por eso, algunos analistas defienden que el único modo de abaratar los precios no es potenciar la demanda, sino favorecer la oferta.
Y eso se consigue creando un clima propicio para quienes arriendan (con medidas fiscales y un entorno regulatorio estable). Y no aplicando recetas con poca base, precipitadas por las prisas de los Presupuestos, que podrían desembocar en una paradoja: que los topes a los precios acaben favoreciendo a las rentas altas, que son las que tienen más fácil acceso a los alquileres más 'tensionados', en los centros urbanos.
La normativa pactada entre PSOE y Unidas Podemos con las prisas de los Presupuestos desprende cierto tufo ideológico y -lo peor- pasa la 'patata caliente' a las comunidades autónomas
El Gobierno está obligado a combatir los excesos en el mercado (que los hay) y a defender a la población más vulnerable (que, por desgracia, abunda). El problema es que la normativa pactada desprende cierto tufo ideológico y -lo peor- pasa la 'patata caliente' a las comunidades autónomas. Al ceder a terceros la potestad de plantear restricciones, el Ejecutivo de Pedro Sánchez traslada también los riesgos judiciales que conlleva la medida. Y, lo peor, rompe la unidad de mercado en un sector que representa el 17% del PIB.
España, en pleno proceso de recuperación, necesita más unión que fragmentación, más facilidades que burocracia. Sobre todo, en un momento decisivo como el actual, con la oportunidad única de aprovechar los 140.000 millones que nos brinda la UE para transformar -no sólo recuperar- la economía.
