Hay pocos ministros tan capacitados como José Luis Escrivá en el Gobierno de coalición. Bien formado, experimentado, riguroso, viajado. Un punto arrogante en público, incluso borde cuando baja al barro, pero cordial y didáctico entre bambalinas, cuando se siente cómodo. Un profesional acostumbrado a lidiar con la élite funcionarial, dentro y fuera de España. Lo saben quienes le han tratado en lo profesional y en lo personal, los mismos que en 2022 han recibido con estupor algunos de los dardos incendiarios que ha disparado el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.

Escrivá ha pisado casi todos los charcos posibles en el año que ahora concluye. Un 'arte' incómodo para quienes trabajan codo con codo junto a él y que refleja la dificultad de formar parte de un Gobierno tan complicado en un momento tan convulso. El día que el economista de Albacete dijo sí a Pedro Sánchez, en enero de 2020, asumió dos retos de gran altura. El primero, asumir una cartera ministerial tan compleja como la de Seguridad Social. El segundo, ingresar en una coalición de gobierno donde convive con políticos que no tienen absolutamente nada que ver con él, ni en lo profesional, ni en lo ideológico, ni en lo personal.

Alberto Garzón, Ione Belarra o Irene Montero, compañeros de pupitre en el Consejo de Ministros, no han trabajado jamás en su vida en algo ajeno a la política. Escrivá, por su parte, presidía la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) cuando aceptó incorporarse al Gobierno, y ha trabajado en el Banco Central Europeo, el Banco Internacional de Pagos de Basilea, el Banco de España y BBVA Research.

Pese a todo, el economista manchego, afincado desde hace años en Torrelodones, aceptó el envite, sin imaginar que el destino le complicaría más aún la existencia ministerial. El 15 de marzo, sólo dos meses y dos días después de jurar el cargo, los españoles quedaron confinados por el Estado de Alarma, presos de una pandemia que cambiaría el rumbo de la economía. Y Escrivá lideraba un ministerio económico.

La crisis desatada por la Covid obligó a la Unión Europea a repartir una millonada de fondos de ayuda, a cambio de los cuales se exigía una serie de reformas de calado. Entre ellas, la de las pensiones. De aquellos polvos vienen estos lodos: el 2022 de Escrivá no puede entenderse sin la presión que ha ejercido sobre su Ministerio la necesidad de sacar adelante una de las reformas más difíciles que afronta España.

La tensión, el estrés, el duro marcaje de la oposición parlamentaria, el fuego cruzado entre los agentes sociales, han contribuido a acentuar la incontinencia verbal del ministro, que ha acabado cuestionando, a veces de manera burda, a instituciones de probada solvencia. Como el BCE o el Banco de España, en las que él mismo ha trabajado.

Los 'dardos' de Escrivá

La que dejó estupefactos a algunas personalidades del mundo económico fue su algarada reciente contra Fráncfort. Uno de los charcos que Escrivá decidió pisar, conscientemente, este año fue el del impuesto a la banca. Lideró su diseño y su tramitación. Y no pudo refrenar la cólera cuando el BCE, liderado por Christine Lagarde y Luis de Guindos, criticó con dureza la nueva carga fiscal. "Me parece sorprendente. No es la primera vez que emite un informe de estas características. Lo deben tener de copia y pega de otros momentos, en contextos distintos", aseguró Escrivá.

El ministro también se volcó de lleno en la defensa de la revalorización de las pensiones con el IPC, cuestionada por el Banco de España y algunos servicios de estudios (como Fedea o BBVA Research). Escrivá aprovechó el debate para atizar a quienes criticaban esta medida y los avances en su reforma de las pensiones. Denunció las "falsedades" y los "inventos" de aquellos que reclamaban una "reforma desquiciada" como la que lanzó Mariano Rajoy en 2013. Y arremetió contra "los listillos como ING", que habían aprovechado la polémica para hacer campaña en favor de sus planes de pensiones privados.

En 2022 también ha habido tralla para para el Banco de España, al que acusó de "falta de sofisticación". Se refería a un informe en el que la institución que gobierna Pablo Hernández de Cos alertaba de los riesgos de la indexación de las pensiones al IPC. Escrivá también aseguró que la Comisión Europea, que regula la manguera de los fondos europeos, se equivoca al dudar de su Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI).

Esta es la piedra angular de la segunda vuelta de tuerca que pretende darle al sistema de pensiones. Con el MEI, el Gobierno pretende recaudar 42.000 millones en la próxima década. La implantación del mecanismo debe complementarse con otras medidas, que, de una u otra manera, supondrán un mayor esfuerzo para los empresarios (vía cotizaciones) o para los futuros pensionistas (por la ampliación del periodo de cálculo). Por eso es tan difícil para Escrivá buscar el punto de equilibrio que satisfaga a todos los agentes sociales.

Sacar adelante la reforma será su gran misión en el año a punto de comenzar. El MEI no acaba de convencer ni a Bruselas ni a los empresarios, a quienes el ministro intenta ahora traer a su terreno. La encrucijada es peliaguda y extremadamente sensible. De su consecución depende, a largo plazo, la sostenibilidad del sistema y el llenado de una hucha (el Fondo de Reserva) medio vacía desde la anterior crisis financiera. Y corto, que la Comisión Europea siga entregando fondos, indispensables para que la economía recupere la salud previa a la pandemia. Se avecina otro año de estrés para el ministro. Y un horizonte plagado de charcos.

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