La Comisión Europea permitirá a los Estados miembros cierta libertad en su gravamen a energéticas. Así se desprende del último borrador de reglamento, al que ha tenido acceso Vozpópuli, que Bruselas ha afinado en las últimas emanas y que se discute en la cumbre de ministros de Energía de este viernes. A la espera del debate y de la negociación mañana, llama la atención la libertad que ofrece esta propuesta a los Estados miembros, que supone un espaldarazo al impuesto a energéticas de Pedro Sánchez y que en principio le permitiría mantener varias particularidades del impuesto español, que tiene grandes divergencias con la propuesta que ha hecho Ursula von der Leyen.
En concreto, el texto no se refiere al principio de generalidad, con lo que España podría mantener la particularidad de que sólo grava a grandes operadores. Una de las grandes diferencias entre el gravamen de Sánchez y lo que planteaba el Consejo Europeo a principio de septiembre es el perímetro de empresas afectadas.
El Gobierno español apunta a las que tuvieran una cifra de negocio de más de 1.000 millones en 2019, la gran mayoría, grupos consolidados españoles y extranjeros, a los que sólo se gravará cuando tengan más de un 50% de actividad energética y por su actividad en España y en operaciones con terceros. Sin embargo, el Consejo Europeo quiere que contribuyan todas las empresas petroleras gasistas y eléctricas por sus beneficios extra en estos campos obtenidos en 2022 en comparación con 2019, 2020 y 2021.
Asimismo, se abre la puerta a que España pueda mantener su divergencia principal, que su impuesto grava ingresos y no beneficios. Aunque el borrador plantea gravar los beneficios extra de 2022 un 33% y que los Estados podrán incrementar el tipo también plantea que los Estados puedan mantener cualquier medida de efecto equivalente, lo que cabe deducir que el Gobierno español ahora peleará por mantener.
El alcance temporal de este impuesto era otra de las correcciones de Bruselas al Gobierno. El documento del Consejo de principios de septiembre apunta a que la base para el cálculo de las contribuciones solidarias temporales son los beneficios imponibles de las empresas energéticas en los sectores del petróleo, el gas, el carbón y las refinerías según lo determinado en las leyes fiscales nacionales de los países miembros para "el ejercicio fiscal que comience a partir del 1 de enero de 2022".
Por su parte, el hachazo que maneja Sánchez para las empresas apunta a que esta prestación temporal "nace el 1 de enero respectivo de los años 2023 y 2024". No obstante, la idea que maneja el Gobierno para poder aplicar este plan también se podrá agarrar a que el documento del Consejo Europeo abre la puerta a que los países miembros puedan prorrogar los períodos. Lo que habrá que determinar en su momento, advierte el Consejo. Y en principio, España podría mantener.
El Congreso, a la espera
El Gobierno quería una tramitación exprés de la proposición de ley que crea el impuesto a banca y energéticas pero después de que Bruselas planteara un impuesto a petroleras y gasistas muy diferente, ni el Ejecutivo a través de los Grupos Socialista y de Podemos ni las empresas tienen prisa ahora y están a la espera de la Cumbre de energía de la UE de este viernes y de que se vayan cerrando los detalles del impuesto europeo. También se espera con mucho interés la Cumbre de Jefes de Estado de la UE el 6 y 7 de octubre en Praga.
"No esperamos que ningún grupo registre enmiendas parciales antes del 30 de septiembre", han trasladado fuentes empresariales, lo que podría alargarse hasta el 7 de octubre.
En el mismo sentido se pronuncian fuentes parlamentarias, que trasladan que se van a apurar los plazos.
