El Gobierno ha reconocido que está de acuerdo con la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) en retrasar un año la edad de jubilación, aunque no es partidario de hacer cambios en la edad legal de retiro, y considera que incrementar el periodo de cómputo no debería producir efectos negativos.
"Apostamos por fórmulas que se apliquen por colectivos, no de forma taxativa a todo el mundo", ha precisado a la prensa Octavio Granado, secretario de Estado de la Seguridad Social, ya que está a favor de ambas ideas salvo cuando afecten de forma negativa a algunos colectivos.
Además, ha afirmado que el Gobierno no ha descartado la utilización de un factor de sostenibilidad para calcular la revalorización de las pensiones, en lugar de ligarlas al IPC, pero no rescatará el Índice de Revalorización de las Pensiones (IRP) del 0,25% que implementó el Gobierno del Partido Popular de forma unilateral.
Para poder incrementar la edad de jubilación, el Gobierno recuerda que se debe reflexionar sobre la tasa de reemplazo (el porcentaje que representa la pensión del último sueldo) e introducir incentivos para seguir trabajando, marcos flexibles que permitan combinar la jubilación y la actividad, y medidas para fomentar el segundo pilar (previsión social complementaria).
No obstante, el Ejecutivo no está de acuerdo en que el déficit del 1,5% en el que ha incurrido la Seguridad Social sea estructural, sino que cree que se debe a factores que dependen de la coyuntura actual de la economía española.
"Los factores conyunturales que inciden en el déficit son tan relevantes que es difícil asegurar que el sistema haya entrado en una situación estructural de déficit", defienden.
La culpa del déficit la tiene la crisis
¿Cuáles son esos factores? Granado ha explicado que el incremento del gasto en pensiones respecto al PIB de los últimos años no se ha producido porque el gasto se haya disparado, "en realidad ha crecido en la última década menos que en los años precedentes", apunta, sino que se ha producido por la caída del PIB durante la crisis.
En concreto, señala que el gasto en pensiones fue del 6,6% en el periodo 1999-2008, mientras que bajó hasta el 4,3% en la década 2008-2018, pero dado que el PIB pasó de crecer un 7,3% en promedio en el primer decenio a un 0,9% en el segundo, el rátio de gasto de pensiones sobre PIB ha pasado de ser de un 7,6% a un 10,6%.
A pesar de que se estima que el PIB se siga recuperando en los próximos años, aunque se ralentice a un crecimiento del 2,2% en 2019 según las estimaciones del Gobierno, el Ejecutivo arroja una proyección similar en cuanto a la evolución de este gasto al pronosticar que en 2048 el gasto en pensiones supondrá un 13,4% del PIB.
La segunda razón por la que creen que el déficit no es estructural se responde también por la crisis económica, durante la cual los ingresos de la Seguridad Social han caído por culpa de la devaluación de los salarios, del incremento de bonificaciones y reducciones de cotización y por los cambios en la regulación del subsidio de desempleo para mayores de 55 años y otros recortes.
También influyen en la reducción de ingresos el hecho de que "más de una cuarta de las personas que se jubilan lo hacen obligadas por normativas inexplicables o a punto de extinguirse".
