El Gobierno sigue recurriendo al Instituto de Crédito Oficial (ICO) para auxiliar a las empresas afectadas por la crisis. Ahora ha lanzado una nueva línea de avales de 10.000 millones como escudo ante la subida de los precios energéticos, pero esta medida, enseña del Ejecutivo, ha ido perdiendo fuelle desde que se utilizó por primera vez durante la covid-19. En aquel momento, las entidades financieras concedieron más de 100.000 millones a las compañías necesitadas de liquidez, evitando la quiebra de muchas de ellas. Sin embargo, tras ese primer paquete, vinieron otros ya menos demandados. En total, aún hay al menos 36.000 millones sin solicitar, a los que ahora se suman los 10.000 millones para hacer frente al impacto de la guerra.
En concreto, según datos proporcionados por el propio Gobierno en la actualización del Programa de Estabilidad enviado a Bruselas hace algo más de una semana, a cierre de 2021 se habían consumido 94.467 millones de los 100.000 millones de la primera línea de avales del Estado, aprobada el 17 de marzo de 2020. Es decir, que aún quedan 5.533 millones en remanentes. Unos meses más tarde, en junio, el Ministerio de Economía lanzó otra línea de 40.000 millones, de la que a cierre del año pasado sólo se habían concedido 10.838 millones, con un excedente de 29.162 millones.
Asimismo, a 30 de septiembre de 2021 aún había disponibles 1.172 millones de euros de la primera línea de préstamos abierta durante la pandemia, por valor de 1.200 millones y dedicada a posibilitar el pago del alquiler de viviendas de colectivos vulnerables. El Gobierno también aporta datos sobre otra línea de garantías Covid-19 para el Fondo de Provisiones Técnicas de CERSA por 1.000 millones, de la que han quedado sin asignar 198 millones.
En este sentido, algunos expertos consideran que esta medida, que en su momento fue muy eficaz en su objetivo de apoyar a las empresas con un respaldo financiero que les ayudara a hacer frente a sus deudas durante los meses en los que apenas tuvieron actividad, ha perdido fuelle con el tiempo y tendrá poco recorrido, pues todavía hay fondos disponibles de la última línea aprobada con la covid-19. En un contexto diferente al de entonces, ahora las empresas demandan otro tipo de ayudas, más directas y orientadas a colectivos vulnerables afectados en gran medida por la subida de precios energéticos.
Las fuentes financieras consultadas por Vozpópuli respaldan la versión de los economistas y agregan que efectivamente hay aún mucha liquidez, pero las empresas no la concibe como una ayuda porque en el fondo es más endeudamiento. A esto hay que sumar que los requisitos de elegibilidad y sobre todo la documentación exigida es mucha. El Gobierno endureció los criterios de todas estas líneas tras la primera ronda de ICOs, que se agotó con rapidez, pero que suscitó muchas críticas porque se temía que el capital estuviera llegando a 'empresas zombies'.
La bomba de relojería de los ICO
De la primera línea de 100.000 millones de avales del ICO, la banca ya tiene una quinta parte en vigilancia especial y la cifra no para de crecer, según informa el Banco de España. Cabe destacar que este dato no tiene en cuenta el grueso de la línea, pues la mayoría de los vencimientos del periodo de carencia se materializarán el segundo trimestre de este año y se plasmarán en las cuentas semestrales de la banca.
Una vez esta 'tregua' finalice, se comenzará a arrojar luz sobre el verdadero estado de los deudores, por lo que el Gobierno no tendrá una foto clara hasta al menos septiembre. El consejero delegado del Banco Santander, José Antonio Álvarez, se mostró muy optimista en rueda de prensa y aseguró que la morosidad no subirá en exceso porque las empresas tienen capacidad de repago. No fue así en el caso del director general del Banco de España, Ángel Estrada, que vio indicios suficientes como para no quitar el ojo de encima a esta cartera.
Y es que el supervisor considera que el intenso aumento de los precios de la energía registrado en 2021 y en la parte transcurrida de 2022 podría comprometer la capacidad de repago de las deudas de los hogares con rentas más bajas, ya que el gasto en esta partida supone ahora una proporción más elevada de su consumo y deja menos margen para pagar las deudas. Las familias cuyo nivel de renta es más bajo dedicaron más de un 10% de su consumo al gasto de la energía en 2020.
