El Ministerio de Inclusión y Seguridad Social ha logrado este lunes un principio de acuerdo con patronal y sindicatos para aprobar un primer paquete de medidas para la reforma de las pensiones, que incluirá medidas encaminadas principalmente a garantizar su suficiencia, como es la revalorización conforme al IPC.
En este primer paquete, que incluye las medidas más fáciles de sacar adelante, el Gobierno ha acordado revalorizar anualmente las pensiones conforme a la inflación del año previo, siempre y cuando sea positiva. En caso de que haya IPC negativo, las pensiones quedarán congeladas el próximo año pero nunca se bajarán.
También se pactan medidas para intentar acercar la edad efectiva de jubilación -la edad en la que de media se jubilan los españoles, de 64,6 años- a la edad legal -que en el año 2027 quedará fijada en los 67 años- mediante un endurecimiento de las jubilaciones anticipadas y mayores incentivos al retraso de la jubilación, según han informado fuentes de la mesa de diálogo.
El paquete pactado este lunes conforma la primera pata de la reforma de pensiones comprometida con Bruselas en el componente 30 del Plan de Recuperación y con ella se suprimen dos de los aspectos más polémicos de la reforma de pensiones de 2013: el índice de revalorización de las pensiones (IRP), que limitaba su subida anual a un 0,25% en situaciones de déficit del sistema de Seguridad Social, y el llamado factor de sostenibilidad.
Fin del IRP y del Factor de Sostenibilidad
El IRP queda expresamente sustituido por el IPC como mecanismo de revalorización, lo que supone que a largo plazo se producirá un incremento del gasto público equivalente a entre 3 y 5 puntos de PIB, según han advertido expertos y economistas.
El Factor de Sostenibilidad, por su parte, cuya entrada en vigor se fue posponiendo y nunca llegó a producirse, pretendía tener en cuenta la esperanza de vida en el cálculo de la pensión para intentar mermar su cuantía y contener el gasto.
Este mecanismo ha quedado derogado oficialmente -año a año se iba suspendiendo sin ser definitivamente derogado- y será sustituido por un nuevo instrumento que el Gobierno se ha comprometido a diseñar en los próximos meses.
Algunos expertos apuntan a que este mecanismo será similar al que diseñó el PP en 2013 aunque buscará lograr el consenso en la mesa de diálogo social.
Más medidas en pensiones
Tal y como ha avanzado en varias ocasiones el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, en el anteproyecto se establecen una serie de medidas para desincentivar el retiro anticipado del mercado laboral cuando éste es voluntario.
En concreto, se cambian los coeficientes reductores en la jubilación anticipada, que, además, pasan a ser mensuales frente al calculo trimestral actual.
Estos porcentajes, que restan sobre la cuantía de pensión a los que decidan jubilarse hasta dos años antes de alcanzar la edad legal, van desde un máximo del 21% en el supuesto de querer retirarse del mercado dos años antes teniendo menos de 38 años y 6 meses cotizados a un mínimo del 2,81% para los que opten por retirarse un mes antes y tengan cotizados más de 44 años y medio
En cuanto a la jubilación anticipada forzosa o involuntaria, a la que se podrá acceder también cuando se haya extinguido el contrato laboral por razones objetivas o de forma voluntaria, los coeficientes reductores igualmente se aplicarán por mes de adelanto y no por trimestre.
Irán, de acuerdo con el borrador, desde un 30% si ocurre 4 años antes de la edad legal y se tienen menos de 38 años y 6 meses cotizados, hasta un 0,5% si es un mes antes y se ha cotizado más de 44 años y 6 meses, según ha avanzado la agencia EFE.
Se mantendrá la jubilación forzosa, pero para mayores de 68 años
Para incentivar la jubilación demorada, apenas usada en España, y alargar las carreras laborales, el Gobierno fijará incentivos por su prolongación: una subida de la pensión del 4% por cada año de retraso, un cheque único de hasta 12.000 euros o una mezcla de ambos, como había contado Vozpópuli.
Se promueve también la jubilación activa y, aunque se permitirá finalmente que los convenios colectivos incluyan la jubilación forzosa, ésta quedará restringida para los mayores de 68 años y con la obligación de contratar de forma indefinida y a tiempo completo a un trabajador de relevo.
Queda para más adelante un segundo paquete de reformas que el Ministerio tendrá que sacar adelante si pretende seguir recibiendo fondos europeos a partir del año 2022.
