Apenas 66 de los 1.892 convenios activos en empresas a cierre de marzo se han firmado este año, el 3,5% del total, lo que facilita el pacto de rentas con el que Gobierno, sindicatos y patronal buscan para evitar los temidos efectos de segunda vuelta (una espiral inflacionista entre salarios y precios como la sufrida en la década de los 70). El resto de los convenios actualmente activos (97%) se acordaron antes de 2022.
Como la mayoría de los convenios vigentes en la actualidad se firmaron cuando la inflación no azotaba con tanta fuerza, los salarios sólo habían subido un 2,4% en marzo (apenas nueve décimas superior a la subida pactada para 2021, tal y como destaca el Ministerio de Economía en el informe semanal de coyuntura), frente al repunte del 9,8% que experimentaron los precios en ese mes.
Si no fuera así y el incremento de los salarios se descontrolara en los próximos meses, el Banco de España (BdE) calcula que la inflación media crecería en 2,3 puntos porcentuales este año respecto al escenario base, hasta el 9,8%. Para contextualizar el dato, hay que remontarse hasta 1984 para encontrar una tasa superior, cuando la variación media del Índice de Precios de Consumo (IPC) se situó en el 11,3%, según los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE).
La subida salarial es aún moderada porque la mitad de las empresas todavía tienen que firmar sus convenios
El organismo presidido por Pablo Hernández de Cos lleva semanas advirtiendo de la importancia de que trabajadores y empresas alcancen un pacto de rentas que evite estos temidos efectos de segunda vuelta sobre precios y salarios. En el mes de marzo, la variación anual de la inflación alcanzó, precisamente, el 9,8%, rozando el doble dígito. Unas tasas elevadas en torno al 10% que el Banco de España espera que se mantengan hasta verano.
De momento, tal y como reflejan las estadísticas y el propio BdE en su informe, los salarios están perdiendo poder adquisitivo mientras que las empresas están reduciendo sus márgenes para hacer efectivo ese pacto de rentas de manera natural, sin necesidad de formalizarlo a través de un acuerdo que ahora negocian patronal y sindicatos.
No obstante, las estadísticas del Ministerio de Trabajo reflejan que a cierre de marzo, menos de la mitad de las empresas tenía vigente o activo su convenio. Es decir, que cerca de medio millón de empresas todavía tienen que renovar sus convenios colectivos en los próximos meses con la inflación disparada. Como es habitual, la mayoría de las compañías actualizarán a lo largo de estos meses los acuerdos colectivos de trabajo, pero la pérdida de poder adquisitivo de los empleados con la subida generalizada de precios amenaza con complicar las negociaciones.
Incremento de las cláusulas de garantía salarial
Además, el BdE destaca en su último informe macro publicado hace unos días su preocupación por el hecho de que cerca de la mitad de los trabajadores que han firmado sus convenios para 2023 vincularán sus salarios al IPC a través de cláusulas de garantía. Este mecanismo permite a los trabajadores revisar al alza las tablas salariales cuando la inflación supere al IPC previsto o al incremento acordado por convenio; aunque existe una amplia amalgama de tipos de cláusulas y particularidades según el caso.
"El supuesto de traslación limitada del repunte inflacionista a los crecimientos salariales se sustenta en tres argumentos: las expectativas de crecimiento de los precios en el medio plazo se mantienen en alrededor del 2%, el carácter plurianual de la negociación colectiva (de modo que, en una primera aproximación, la evolución de la inflación en un año en concreto tiene la capacidad de influir sobre los incrementos salariales de solamente en torno a un tercio de los convenios), y la reducida prevalencia de las cláusulas de salvaguarda", señala el BdE en su informe.
No obstante, "el peso de estas últimas está aumentando recientemente", alerta el organismo. El Gobierno quita peso a este riesgo en el informe semanal de Economía asegurando que para este año "la proporción de trabajadores cubiertos por convenios con cláusulas de garantía salarial se sitúa en el 29,1%, si bien sólo se cuenta con tres meses de 2022 de información y este porcentaje es aún relativamente moderado en comparación con porcentajes cercanos al 70% antes de la crisis financiera".
Por su parte, los sindicatos están demandando estas cláusulas a cambio de revalorizar los salarios con la inflación subyacente, de tal forma que se revisen en caso de que al término del ejercicio haya una gran diferencia respecto a la evolución real de los precios. Finalmente, los economistas ya están advirtiendo que el esfuerzo debe involucrar a todos los agentes, también a los pensionistas. Esta es una 'línea roja' que el Ejecutivo no está dispuesto a sobrepasar justo el año en el que ha entrado en vigor la reforma laboral, que las revaloriza conforme al IPC.
