Unidas Podemos ha exigido que se fije un tipo mínimo del 15% en el Impuesto de Sociedades a cambio de su apoyo a los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2022, una medida a la que la parte socialista del Gobierno está dispuesta a acceder, pero con ciertos matices que reducen casi al mínimo su efecto para las empresas.
Los ministerios de Hacienda y Economía se oponían inicialmente a aprobar esta medida en los Presupuestos, ya que consideraban que era más lógico esperar a que el comité de expertos para la reforma fiscal emitiera su dictamen en febrero de 2022 y empezar a trabajar en una reforma íntegra de todos los impuestos en España a medida que se consolidaba la recuperación económica.
Sin embargo, ante las presiones de Podemos, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, y la de Economía, Nadia Calviño, han cambiado poco a poco su discurso y cada vez se muestran más proclives a aprobar esta medida. "Es un tema que estamos defendiendo a nivel internacional y que no supone un cambio significativo de nuestro sistema fiscal", respondía la vicepresidenta primera en una entrevista en El País publicada el pasado domingo.
Calviño se refiere a las negociaciones que están teniendo lugar en el seno del G20 para lograr un acuerdo a nivel internacional para fijar un marco fiscal común a todos los países, con un tipo mínimo de Sociedades del 15% que evite la competencia a la baja y la elusión fiscal de grandes multinacionales.
La medida, además, figuraba en el Acuerdo para la formación de un gobierno de coalición que firmaron PSOE y Podemos en 2019. "Se reformará (el Impuesto de Sociedades) garantizando una tributación mínima del 15% de las grandes corporaciones, que se ampliaría hasta el 18% para las entidades financieras y empresas de hidrocarburos", recogían.
Dónde se aplica ese tipo mínimo
El Gobierno se plantea ahora adelantarse al acuerdo del G20 y fijar ya un tipo mínimo del 15% en Sociedades -que se elevaría al 18% para el sector bancario y petrolero-. La clave está en que los ministerios socialistas están dispuestos a acceder a ello siempre que ese tipo mínimo se aplique sobre la base imponible y no sobre el resultado contable, lo que en la práctica supone dejarlo casi sin efecto para las empresas.
Montero pretende aceptar públicamente y ante Podemos ese tipo mínimo, pero que en la letra pequeña diga que se aplicará sobre la base imponible.
Según el Informe Anual de Recaudación Tributaria de 2019, el último ejercicio normal previo a la pandemia, las empresas en España pagan un tipo efectivo de Sociedades del 21,5% sobre base imponible, un tipo que se sitúa por debajo del tipo nominal del 25% (por las deducciones y bonificaciones) pero muy por encima del 15%.
En 2020, por el efecto de la covid-19 en los ingresos tributarios, ese tipo efectivo ha disminuido al 20,7%, según los datos provisionales divulgados por la AEAT.
De estos datos se desprende que, en términos generales, fijar un tipo mínimo del 15% en Sociedades sobre base imponible apenas tendrá impacto en el tejido productivo, ya que de media las empresas pagan un tipo superior al 20%.
El tipo sobre resultado contable es muy inferior
Distinto sería si ese tipo mínimo se aplicara sobre el resultado contable positivo -sobre el grueso de beneficios que obtiene una empresa tanto en España como en el extranjero-. Según los informes de la AEAT, las empresas pagaron un tipo efectivo sobre resultado contable del 9,6% en 2019 y del 8,8% en 2020.
Este tipo es mucho más reducido porque no tiene en cuenta que las compañías ya pagan impuestos en otros países por las ganancias que obtienen en ellos, así que fijar el tipo mínimo sobre ese resultado supondría caer en una doble imposición.
Fuentes del sindicato Técnicos de Hacienda (Gestha) confirman a Vozpópuli que es precipitado pronunciarse sobre la medida ya que se desconoce lo principal: si finalmente se aplicará sobre base imponible, lo que le restaría mucho impacto, o si el Gobierno irá más allá en sus intenciones recaudatorias.
