Los varapalos judiciales al Estado costarán a Hacienda más de 10.000 millones y elevarán el déficit público

El Estado afronta las consecuencias de diferentes sentencias desfavorables dictadas en los últimos años. La que declara ilegal el tramo autonómico del impuesto de Hidrocarburos, la que anula la subida de Sociedades de 2016, la que obliga a devolver el IRPF a los pensionistas, o la del impuesto de actividades económicas. A estas se suman otras causas judiciales pendientes, como las de los arbitrajes internacionales, las de las concesiones de las autopistas o los recursos contra el bono social eléctrico.

Esto tendrá un impacto importante en las arcas del Estado y en el déficit público, tal y como advierte la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) en su último informe sobre ejecución presupuestaria. El coste mínimo estimado será de 10.000 millones de euros, con un impacto en el déficit de dos décimas de PIB este año (como ya estimó el Banco de España en sus proyecciones de junio). De hecho, la institución que preside Herrero advierte que este último podría ser mayor.

El pasado mayo se resolvió en contra de los intereses del Estado la cuestión prejudicial planteada por el Tribunal Supremo ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea sobre el tipo de gravamen autonómico del Impuesto Especial de Hidrocarburos. "Solo queda la incertidumbre sobre la cuantificación del impacto final y sobre el año de su registro en contabilidad nacional. En la última Cuenta General del Estado publicada, correspondiente al año 2022, el Gobierno había estimado un efecto de hasta 6.500 millones para este riesgo fiscal", comenta AIReF.

Por otra parte, en enero de este año, el Tribunal Constitucional declaró inconstitucionales varios aspectos del Real Decreto-ley 3/2016 que reformaba el Impuesto sobre Sociedades. Ya se están realizando algunas devoluciones y previsiblemente continuarán a lo largo del año 2024. La AIReF no da cifras, pero el Instituto de Estudios Económicos, 'think tank' de CEOE, ha cifrado en 25.000 millones la devolución que tendrá que asumir Hacienda.
La AIReF también destaca que varias sentencias recaídas en ejercicios anteriores extenderán su impacto en el déficit de 2024. El Tribunal Supremo, en febrero de 2023, reconoció el derecho a la devolución del IRPF a pensionistas que cotizaron en las antiguas mutuas laborales y, en julio de 2022, declaró contrario al Derecho europeo el Impuesto de Actividades Económicas (IAE) de los operadores de telefonía móvil. En ambos casos, aunque se realizaron algunas devoluciones en el año 2023, el impacto continuará en el déficit de 2024.

En particular, el informe del Tribunal de Cuentas sobre la Cuenta General del Estado de 2022, publicado el 28 de junio de 2024, hace referencia a la provisión registrada por el Estado por la devolución del IAE por importe de 1.291 millones al que habría que añadir otros 100 millones por los intereses. Dado que en 2023 se imputaron en contabilidad nacional 137 millones por esta sentencia, quedarían pendientes de registro otros 1.250 millones, siendo previsible que parte de este importe recaiga en 2024.

Otros "riesgos fiscales" para el Estado

Aparte de estos riesgos que ya se encuentran materializados, "se mantienen vivos otros riesgos derivados de causas judiciales", tal y como destaca la AIReF. En materia de energía, sigue abierto el litigio de las energías renovables y, aunque los arbitrajes se encuentran recurridos, la cuantía de condena de los laudos desfavorables para España se sitúa en torno a los 1.164 millones.

Además, continúan los recursos contencioso-administrativos contra los acuerdos del Consejo de Ministros que aprobaron las resoluciones de liquidación de los contratos de concesión de autopistas de peaje, cuya cuantía no se cuantifica; los préstamos participativos otorgados a las concesionarias de autopistas en situación financiera delicada, por importe de 148 millones; y las demandas de las concesionarias de autopistas sobre solicitudes de equilibrio económico por causa del COVID-19, cuya cuantía alcanza los 427 millones.

Finalmente, son varios los recursos contencioso-administrativos contra la regulación del bono social eléctrico, cuyo importe no se cuantifica. No obstante, en 2022 ya se imputaron 366 millones. "Se espera un aumento del coste por sentencias en 2024", avisa.

La AIReF también recuerda que en septiembre de 2023 el Tribunal General de la Unión Europea revocó la decisión de la Comisión Europea que declaraba ilegal la desgravación fiscal a las empresas que realizaran compras indirectas de compañías extranjeras. Esta sentencia ha sido recurrida por la Comisión Europea y, por tanto, está pendiente de resolución.

En sentido contrario, Hacienda impugnó ante la Audiencia Nacional la resolución favorable al Banco de Santander del Tribunal Económico-Administrativo Central para tratar de reintegrar los créditos fiscales diferidos (DTAs por sus siglas en inglés) que el Banco Santander se apuntó por las pérdidas asumidas por la absorción del Popular. En este último caso, una resolución a favor del Estado tendría como efecto un menor déficit.