Ayer, ni los juristas se ponían de acuerdo respecto de si el requerimiento hecho por el Gobierno a la Generalitat anticipaba la puesta en marcha del artículo 155. El desconcierto tenía su motivación: no se compelía a los secesionistas a cumplir las leyes, sino que se les solicitaba aclarar si proclamaban o no la independencia. De hecho, planteado en estos términos, el requerimiento más parecía el comienzo de un diálogo epistolar que un ultimátum. ¿De verdad es necesario que Puigdemont confiese sus delitos por escrito? ¿No son ya suficientemente manifiestos?
Basta con leer tres párrafos de la declaración para no albergar ninguna duda
“DISPONEMOS la entrada en vigor de la Ley de transitoriedad jurídica y fundacional de la República.
INICIAMOS el proceso constituyente, democrático, de base ciudadana, transversal, participativo y vinculante.
AFIRMAMOS la voluntad de abrir negociaciones con el estado español, sin condicionantes previos […] Las negociaciones deberán ser, necesariamente, en pie de igualdad.”
La proclamación de independencia es un hecho. Y en modo alguno ha sido suspendida. Tampoco hay en ella invitación al diálogo. En todo caso, tal y como recoge la declaración firmada extramuros, se pretende imponer la negociación, pero en base a hechos consumados, “en pie de igualdad” entre dos estados soberanos, a saber: la proclamada República Catalana y una España ya rota.
Se pretende imponer la negociación, pero en base a hechos consumados, “en pie de igualdad” entre dos estados soberanos
Por si esto no fuera bastante, instan a la comunidad internacional a que acepte al trágala secesionista y coopere con la voladura de una Constitución Española que, mejor o peor, es lo único que hoy por hoy se interpone entre los españoles y la ley de la jungla, esa jungla en la que se emboscan, no ya los nacionalistas, sino la izquierda loca (algún día tendrán que contar Roures, Iglesias y Junqueras de qué hablaron en aquella cena del 26 de agosto)
No por repetido deja de ser cierto: todo este desastre se podría haber evitado si el Gobierno hubiera tomado las medidas oportunas el 7 de septiembre, es decir, el día después en que el Parlament fue violentado por los secesionistas.
No se explica que los diputados constitucionalistas hayan seguido asistiendo al Parlament cuando había dejado de ser el Sanctasanctórum de la democracia en Cataluña
Sin embargo, más allá de la inacción del Gobierno, no se explica que los diputados constitucionalistas hayan seguido asistiendo al Parlament cuando ya no era el Sanctasanctórum de la democracia sino el corralito de los golpistas. Al seguir acudiendo a las sesiones como si nada, legitimaron a los sediciosos y a su proceso. Peor aún fue que permanecieran en sus escaños el 10 de octubre, o que incluso subieran a la tribuna a dar la réplica, otorgando una pátina de normalidad institucional a la consumación de la felonía. En esta historia hasta el rabo todo es bochorno.
Con más de mil periodistas acreditados, muchos de ellos extranjeros, que gran golpe habría sido para la imagen internacional de los secesionistas que la mitad de los diputados abandonara el hemiciclo en el momento en que Puigdemont proclamaba la independencia. Qué foto tan dolorosa para sus aspiraciones propagandísticas. Lamentablemente, no sucedió tal cosa. Y la farsa fue avalada por quienes no debían.
Lo triste, lo terrible es que todos los partidos se subieron al tren del “procés” el pasado día 7 de septiembre
En realidad, lo triste, lo terrible es que todos los partidos se subieron al tren del “procés” el 7 de septiembre. Unos, por razones inconfesables; otros, por falta de arrestos. Así pues, la pregunta obligada es ¿quién defiende a los españoles de esta felonía?
Ahora, para evitar el desastre, quieren vincular la aplicación del artículo 155 a una reforma constitucional que contente a los nacionalistas. Reforma que, como es costumbre, se elaborará a espaldas de los ciudadanos. La cuestión es ganar tiempo y ver la manera de frenar el proceso. Así se explica que el requerimiento previo a la aplicación del artículo 155 sea una pregunta retórica. Y que seguramente su aplicación se sustancie en una serie de medidas muy contenidas que, más que poner coto a los sediciosos, lleven el conflicto a tierra de nadie, para desde ahí reconstruir el viejo consenso… con los españoles de convidados de piedra.
En Vozpópuli creemos que hay que aplicar el artículo 155 con todas sus consecuencias y que el peso de la ley caiga sobre los sediciosos, lo contrario sería dinamitar el Estado de derecho. Y si después se abre el melón de la reforma constitucional, que se haga con absoluta transparencia y siempre para mejorar la calidad de nuestra democracia, nunca para aplacar a los nacionalistas. Ya hemos tenido suficiente pasteleo, 38 años para ser exactos.
