Los cursos de formación han provocado en los últimos años muchos problemas a los empresarios y sindicatos españoles. La falta de control sobre los millones de euros dedicados a los cursos provocó que algunos de los administradores de asociaciones empresariales y sindicatos dejaran de impartir los mismos y usaran estos fondos para otros fines… El año pasado este periódico ya contó que la policía había abierto una investigación sobre la gestión del Instituto de Formación Empresarial de la Cámara de Comercio de Madrid en el año 2012, en el que declararon más de cien personas.
Ese caso está, según fuentes que conocen el tema, algo retrasado, pero podría terminar con la investigación a todo el comité ejecutivo de la Cámara pues sus decisiones son colegiadas, según dicen a este Buscón fuentes judiciales. Ahora un juzgado de la Plaza de Castilla ha abierto una pieza separada para investigar el reparto de dinero para la formación que se hizo desde la patronal CEIM a uno de sus asociados.
Ahora un juzgado de la Plaza de Castilla ha abierto una pieza separada para investigar el reparto de dinero para la formación que se hizo desde la patronal CEIM a uno de sus asociados
En aquellos años el Gobierno otorgaba a los sindicatos y patronal dinero para cursos. CEIM repartía entre sus afiliados este dinero y una jueza quiere tener más información sobre qué hizo Cecoma, una asociación de comerciantes, con algunos de los fondos. En medios empresariales se ha dicho incluso que hay ya investigados. Salvador Santos Campano, que fue presidente de la Cámara y de Cecoma, ha negado haber recibido ninguna citación en las últimas semanas sobre este tema.
Estas investigaciones no tienen que ver con el ‘Caso Aneri’ pero sí se inició cuando la Comunidad de Madrid descubrió que había un fraude organizado con los cursos. Las asociaciones contrataban a la empresa de José Luis Aneri para que impartiera la formación, pero se quedaban con un porcentaje para “gastos de gestión”. Sin embargo, los cursos no se daban y utilizaban DNI no autorizados para rellenar los nombres de los supuestos usuarios. Además del sumario judicial y las detenciones, el Gobierno regional reclamó un total de 4,4 millones de euros a las asociaciones empresariales que deberán reintegrar ese dinero a la Administración.
