El instructor de la causa del 'procés' en el Tribunal Supremo, Pablo Llarena, ha remitido este viernes a la Agencia Nacional Contra la Delincuencia (ANC) de Reino Unido información complementaria sobre la exconsejera de Educación Clara Ponsatí, quien se encuentra huida de la justicia en Edimburgo.
La información acredita que Ponsatí conocía la ilegalidad de las conductas por las que se la reclama por un delito de sedición. El documento incluye todas las resoluciones el Tribunal Constitucional que fueron desobedecidas por la dirigente independentista pese a tener "pleno conocimiento" de las mismas.
Llarena, que envía el documento también traducido al inglés, contesta de este modo a los requerimientos que se le realizaron el pasado miércoles desde este organismo, integrado en la Unidad Oficina Sirene (cooperación policial europea). La agencia británica le pidió más información pese a rechazar en principio dar trámite la euroorden (OEDE) cursada por el juez contra Ponsatí por lo "desproporcionado" de la petición, si bien horas después rectificó dicho término.
En su escrito, Llarena recuerda que la exconsejera de Enseñanza firmó el decreto de convocatoria de referéndum del 1-O "pese a conocer las resoluciones" del Tribunal Constitucional que habían declarado nulo el proceso, e incluso advertido y notificado a los miembros del Gobierno autonómico de las consecuencias penales en caso de continuar el proceso de independencia.
Así, el magistrado complementa la información remitida en la OEDE recordando que los hechos que se le imputan expresan el plan seguido por el Gobierno autonómico de Cataluña y por miembros de su Parlamento Autonómico, "para forzar y obtener la independencia de la Comunidad Autónoma de Cataluña respecto al resto de España".
Puesta a disposición de los colegios
A continuación, el magistrado del Supremo detalla las sentencias y autos del Tribunal desobedecidos por Ponsatí y añade que el 29 de septiembre de 2017, siendo la máxima responsable de la Consejería de Enseñanza del Gobierno autonómico de Cataluña, "dio instrucciones para ceder el uso de los centros de enseñanza de lacomunidad autónoma, con el objeto de que fueran utilizados como colegios electorales en el referéndum de independencia".
Y lo hizo, añade Llarena, con pleno conocimiento de que tanto la Ley del Parlamento autonómico de Cataluña, como los decretos de convocatoria del referéndum, que habían sido suspendidos por el Pleno del Tribunal Constitucional el día 7 de septiembre de 2017.
Su decisión, según detalla a las autoridades británicas, contrariaba además el Auto del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña de 27 de septiembre de 2017, en el que se ordenaba a los agentes policiales
que procedieran al cierre de los centros de votación e impidieran la celebración del referéndum.
Escalada de violencia
El 28 de septiembre de 2017, los máximos responsables de la policía autonómica catalana (Mossos d'Esquadra) habían advertido al Gobierno autonómico de Cataluña, que de celebrarse el referéndum se preveía y era probable una escalada de violencia con brotes importantes de enfrentamientos el día 1 de octubre, como efectivamente ocurrió, añade Llarena en su información a la agencia de delincuencia de Reino Unido.
Por todo ello Ponsatí, en su condición de autoridad pública y en el ejercicio de sus funciones en la comunidad autónoma de Cataluña, desobedeció las resoluciones y realizó actos tendentes a celebrar el referéndum de independencia, "pese a conocer la ilegalidad y la nulidad del proceso, que finalmente desembocó, tal y como se preveía, en actos violentos; todo ello con el objetivo de conseguir la alteración del orden legal y constitucional vigente", concluye el juez en sus argumentos para convencer a Reino Unido de su entrega.
