Cuando aún se habla del Consejo de Ministros celebrado ayer, algunos agentes sociales han salido al paso de las medidas avanzadas por el Ejecutivo central. Es el caso de la patronal PIMEC que lamenta la no aprobación de medidas necesarias para garantizar la supervivencia de las pequeñas y medianas empresas y los autónomos, como la suspensión de las liquidaciones fiscales y de las cuotas de la Seguridad Social o la definición clara de fuerza mayor, a la hora de tramitar un Expediente de Regulación Temporal de Empleo (ERTE).
No obstante esta mañana, y durante una comparecencia, el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, ha avanzado una compensación mínima de 950 euros para los autónomos que acrediten el cese de actividad o la reducción de la misma (con pérdidas de ingresos del 75%). Esta dotación resulta de descontar las cuotas mensuales a la Seguridad Social y la prestación por cese de actividad por 660 euros mensuales, en caso que se cotiza el importe mínimo.
Casi un 90% de pymes y autónomos afectados por la crisis
La patronal constata que cerca de un 90% de las pymes y el colectivo de autónomos de Cataluña padece algún tipo de afectación derivada del Covid-19, destacando la caída de las ventas y las tensiones de tesorería. Así se extrae de la actualización del Informe Impacto económico del Estado de alarma derivado de la crisis del Covid-19 sobre las pymes y los autónomos de Cataluña, elaborado por el Observatorio de la entidad. El estudio también indica que un 89,8% del tejido empresarial catalán está registrando una contracción de las ventas o una anulación de las reservas, que en un 74,4% de los entrevistados supera un 20%.
Esta segunda encuesta, que pone al día las primeras cifras extraídas del Informe, se realizó entre los días 20 y 23 de marzo a micro, pequeñas y medianas empresas y también a profesionales autónomos de Cataluña. La muestra recogió un total de 2.067 respostes.
Más de la mitad se plantea un ERTE
Un 51,9% de los entrevistados ha cerrado algún establecimiento, mientras que un 55,6% prevé llevar a cabo un ERTE. La falta de aprovisionamiento de materiales y componentes (53,2% de los encuestados); la posible rotura de stocks (38,1%), las tensiones de tesorería por la falta de liquidez (75%) y el incremento de bajas laborales (33,4%) han precipitado la situación adversa que atraviesa la pequeña y mediana empresa y el colectivo de autónomos en Cataluña.
Caída de los ingresos superior al 75%
El informe también pone de manifiesto que se está generando un volumen diario de ingresos de explotación de 1.700 millones de euros, un 25% de lo que se produciría en una situación normal. Ello supone unas pérdidas económicas de un 75%. Durante cuatro semanas de confinamiento, periodo determinado por el Gobierno central, se dejaría de ingresar 46.800 millones de euros, un 9,4% del VAB anual.
En cuanto a las medidas impulsadas por las diferentes administraciones públicas, un 55,2% de las empresas consultadas estudia acogerse a líneas de financiación adicionales extraordinarias, como las del Instituto de Crédito Oficial (ICO) o el Institut Català de Finances (ICF). Como medida financiera extraordinaria, la línea de avales anunciada por importe de 20.000 millones de euros, debería servir tanto para nuevos préstamos como renovaciones, según fuentes de PIMEC.
Del informe también se extrae que un 86,2% de los autónomos entrevistados se plantea adoptar las medidas anunciadas para ellos.
