El magistrado de la Audiencia Nacional Ismael Moreno ha decidido ampliar medio año más las diligencias abiertas contra Abengoa por presunta falsedad contable. El instructor avisa en un duro auto que en estos cinco años de investigación penal se han materializado las sospechas acerca de que se impulsaron operaciones para ocultar la verdadera situación de la compañía. Tampoco descarta acordar nuevas imputaciones a tenor de todo lo requisado en su sede y que ahora analiza la Policía Judicial.
El juez atiende la petición de la Fiscalía de la Audiencia Nacional y de la Plataforma de Perjudicados de Abengoa que, tal y como avanzó Vozpópuli, pidieron alargar por seis meses más esta causa que se sigue en el Juzgado Central de Instrucción número 2. Ahora el instructor les da la razón y prorroga las diligencias hasta el 28 de julio de este nuevo año. Además adelanta que se encargará un informe pericial cuando se termine de analizar el material incautado en el registro que llevó a cabo la Guardia Civil en las oficinas de Sevilla en abril.
La Policía Judicial trabaja ahora en el análisis de toda la documental y los correos electrónicos interceptados hace nueve meses. Al respecto, Moreno adelanta que no descarta señalar más testificales e imputaciones cuando se termine todo el proceso de estudio, motivo por el cual es necesario alargar las pesquisas. Además en el auto al que ha tenido acceso este medio explica que hay otras declaraciones que ya acordó el pasado mes de mayo y que están pendiente de practicarse.
Se trata del antiguo responsable del departamento de Contabilidad Enrique Borrajo y su homólogo en Auditoría Interna, Luis Enrique Picazo. Ambos fueron citados como investigados junto con otros cinco testigos para que arrojen luz por el presunto maquillaje de las cuentas de Abengoa entre 2014 y 2016. Sobre este asunto Moreno razona que a lo largo de todos estos años de investigación se han recopilado pruebas que permiten considerar que se alteraron los balances y que ello tuvo "efectos perjudiciales" para socios, accionistas e inversores tanto de la matriz como de otras sociedades como Abengoa Solar y Abengoa Bioenergía.
Hemos de tener en cuenta no solo la súbita situación de iliquidez, sino también la fallida ampliación de capital
Aunque la causa todavía sigue en instrucción, el juez ya anticipa que la compañía andaluza no solo ocultó de manera sistemática deterioros sustanciales de sus activos, sino que también habría incluido certificaciones de obra que no estaban lo suficientemente acreditada ofreciendo una imagen que no se correspondía con la verdadera situación real. Estas presuntas irregularidades harían necesarias las pertinentes aclaraciones por vía de justificación documental.
"Absurdas explicaciones"
"Efectivamente, hemos de tener en cuenta no sólo la súbita situación de iliquidez experimentada en el período julio-septiembre 2015 que lleva a la declaración de la entidad en pre-concurso de acreedores, sino también la fallida operación de ampliación del capital en 650 millones de euros, así como las, en ocasiones, absurdas explicaciones acerca de la utilidad de tal ampliación como muestra de su fortaleza ante los mercados, para entender que la situación económico-patrimonial del grupo Abengoa distaba mucho de la reflejada en sus cuentas anuales", reza el auto.
El magistrado basa su argumento en la resolución sancionadora del ICAC de febrero de 2018, en los informes presentados por los afectados que defiende el despacho IUS Aequitas y en las reticencias que mostraron los bancos que se negaron a respaldar la ampliación de capital de 650 millones de euros en septiembre de 2015. El Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas denunció entonces que no se llegó a verificar la fiabilidad de los ingresos de 4.514 millones de euros que registró Abengoa en 2014 procedente de la actividad de ingeniería y construcción.
"Contamos no sólo con la evidencia de la extremadamente rápida situación de colapso financiero en la que se encuentra la entidad en poco más de seis meses, sino en las reticencias de las entidades bancarias a su tutela ante las dudas surgidas acerca de su viabilidad", recoge Moreno en relación a la retirada en el último momento de los bancos que iban a financiar la operación. Felipe Benjumea culpó a las entidades de la caída de la firma y las llevó ante la Justicia por un roto que estimó en 1.000 millones.
Los imputados, en entredicho
El magistrado también cuestiona las declaraciones prestadas por los imputados hasta la fecha. Según indica, sus explicaciones acerca de la causa que determinó la quiebra de la multinacional "quedan significativamente en entredicho" a tenor de toda las pruebas que obran en el procedimiento. Cabe recordar que figuran como investigados los antiguos miembros de la Comisión de Auditoría Mercedes Gracia Díez, Alicia Velarde Valiente y el auditor Manuel Arranz. En febrero de 2020 el magistrado imputó a la propia Abengoa y Deloitte por presunto delito de estafa a inversores.
Los investigadores pusieron la lupa no solo en los estados contables de los ejercicios de la ampliación de capital, sino también en algunos de los trabajos que la compañía impulsó en el extranjero. Al respecto cabe recordar que el pasado mes de mayo la Audiencia solicitó información detallada de proyectos de transmisión eléctrica en Brasil; del complejo solar construido por Abengoa en Atacama (Chile) así como de la planta de cogeneración que inauguró en México en 2019 ante la sospecha de que alteraron al alza un 14,7% el margen de beneficio.
Al hilo el juez pidió a la compañía que aportase los informes internos sobre el cumplimiento del ratio de endeudamiento estipulado, además de todas las denuncias internas canalizadas entre 2013 y 2016 junto a los expedientes de tramitación de las mismas. Por su parte, requirió documentos a Société Générale sobre el préstamo sindicado que firmó con Abengoa en septiembre de 2014 y de los trabajos clave realizados por KPMG y Lazard Asesores para la multinacional.
