La Abogacía General del Estado ha salido en defensa de los miembros de la SEPI querellados en la causa por el rescate de Plus Ultra asegurando que el pago de 34 millones es "indispensable" para garantizar la viabilidad de la aerolínea. Los servicios jurídicos del Gobierno, que representan entre otros al vicepresidente de la SEPI, Bartolomé Lora, aseguran que no tenían intereses particulares en el asunto y que dieron luz verde al desembolso de la ayuda millonaria siguiendo el criterio de los informes periciales.
Pese a sus alegaciones, la Abogacía no ha conseguido frenar la medida de calado que acaba de tomar la titular del Juzgado de Instrucción número 15 de Madrid, Esperanza Collazos, de suspender cautelarmente la entrega de 34 millones de euros del total de 53 que integraban el rescate a esta aerolínea con nexos en Venezuela. Así se desprende de la última documental incorporada a la causa y a la que ha tenido acceso Vozpópuli en la que se estudia la petición formulada por las acusaciones (Vox y PP) acerca de dejar en el aire la entrega de esta parte de la ayuda.
La magistrada, que abrió diligencias por estos hechos el pasado mes de abril, avisa que no se puede vulnerar la decisión tomada y requiere además a la compañía para que acredite la necesidad del préstamo. Los servicios jurídicos del Gobierno de Pedro Sánchez se han pronunciado sobre esta entrega de dinero defendiendo la decisión que tomó la SEPI. Según explican, ya se había facilitado un préstamo ordinario por importe de 19 millones de euros y faltaba otro de 34 con vencimiento a siete años.
"Importe indispensable"
Según indica en su escrito remitido al juzgado, los miembros del Consejo Gestor del Fondo de Apoyo a la Solvencia de las Empresas siguieron "de forma rigurosa" el criterio técnico recogido tanto en los informes de Deloitte como de la Abogacía General del Estado. "No hacían sino acordar un apoyo financiero de último recurso, a una empresa española, cuya viabilidad, tras el impacto sufrido por el Covid, depende de dicho apoyo cuantificado en el importe estrictamente indispensable para recuperar su situación precovid", explican.
La querella inicial, interpuesta por Manos Limpias, actuó en un principio contra todo el Consejo de Administración de la SEPI incidiendo en que la compañía registra números rojos desde su creación y acumula unas pérdidas de 10 millones de euros. Sin embargo, la Abogacía insiste en que Plus Ultra cumplió los requisitos para ser rescatada con dinero público y que el Consejo que dio luz verde a esta gestión "se acomodó estrictamente a la legalidad".
"El apoyo financiero debería desembolsarse en los términos aprobados para conseguir el fin perseguido de permitir la viabilidad de la mercantil solicitante, pues en caso contrario, no solo no se conseguiría el último fin perseguido (...) sino que además el desembolso ya realizado de 19 millones de euros se vería comprometido al peligrar la viabilidad de la empresa", sostiene el escrito firmado por Rosa María Seoane. La abogada del Estado que ha defendido al Gobierno en otras causas como el procés, el 8-M o a Patrimonio Nacional en la causa contra los Franco, añade que este desembolso total de 53 millones no produce "ningún quebranto" al fondo.
"Infundada e injusta sospecha"
Seoane insiste en que los cinco querellados "en modo alguno" tienen intereses particulares en este asunto "pese a la infundada e injusta sospecha que sobre ellos se ha hecho recaer". Se refiere a las acusaciones desde los partidos políticos que declinó que la compañía, con vínculos con el chavismo venezolano, tuviera carácter estratégico. Este periódico destapó en exclusiva el pasado mes de marzo que el 47% de las acciones de Plus Ultra pertenecen a la sociedad Snip Aviation, presidida por Rodolfo José Reyes Rojas. Se trata de un empresario venezolano ligado a Nicolás Maduro.
Aunque las acciones las inició Manos Limpias por malversación, la magistrada decidió ampliar los delitos iniciales y sumó cohecho, fraude de subvenciones y delito contra la Hacienda Pública, tal y como solicitó Vox en su querella. Igualmente, decidió actuar contra los cinco integrantes del Consejo Gestor del Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas de la SEPI. Ellos son Bartolomé Lora; la subsecretaria del Ministerio de Hacienda Pilar Paneque; la secretaria de Estado de Energía, Sara Aagesen; el secretario general de Industria, Raúl Blanco; y la exsecretaria de Estado de Economía, Ana de la Cueva, que acaba de ser nombrada presidenta de Patrimonio Nacional.
Además de ampliar el foco, la instructora de la causa requirió una importante batería de documentos tanto a la SEPI como a la propia Plus Ultra en aras a acreditar quienes son los propietarios de esta compañía que cubre rutas con Caracas y Lima, principalmente. Por ello reclamó a los accionistas que presentaran el acta de titularidad real de las acciones mientras a la Agencia Estatal de Seguridad le reclamó que informase en relación al número real de aviones que integra la flota.
