"Con las tasas se pretende financiar algo que está en crisis, que es la justicia gratuita. La justicia viene a costarnos unos 3.900 millones al año, y las tasas serán unos 300, casi el 8%. Nosotros establecemos un sistema que supone 3 veces menos que la media de la Unión Europea, y esas tasas también financian otros sectores. Hay que recordar que no se aplica a todos los asuntos, sino que un 72% de lo que se tramita en los juzgados está exento de tasas. Tenemos un nivel de litigiosidad increíble, el año pasado hubo 9,5 millones de asuntos judiciales, mientras un país como Francia tuvo 3 millones menos. Aquí a veces interesa no cumplir las obligaciones, no atender las deudas e introducirlas en un pleito que dilate esto, y hay que cambiarlo", defendía el ministro de Justicia en una entrevista radiofónica.
Alberto Ruiz-Gallardón volvía a decir que entendía el descontento de jueces y magistrados, pero rompía una lanza a favor de las recién implantadas tasas judiciales, explicando que no se habían fijado para establecer un plan de pensiones para los letrados sino que se destina a la justicia gratuita. Además, era rotundo al decir que la justicia no puede estar incentivada según los asuntos que lleguen a cada juzgado.
Preguntado también por aspectos del programa electoral del Partido Popular, Gallardón anunciaba que los trabajos para reformar la Ley del Aborto están muy avanzados, y que en breve se presentará un proyecto para modificarla porque era un compromiso del Gobierno. En el mismo sentido se manifestaba sobre la Ley de Enjuiciamiento Criminal, explicando que es necesaria una reforma que introduzca agilidad y homologue el español con el resto de procedimientos penales del entorno europeo, diferenciando el papel del fiscal y del juez, o dando más importancia a la acusación popular.
"No niego que pueda convocarse, pero le aseguro que ese refenréndum no se va a celebrar", dice Gallardón
No habrá consulta popular
Gallardón quiso pronunciarse también sobre la llamada 'barra libre' en algunas Comunidades Autónomas, en referencia al incumplimiento catalán de las últimas sentencias del Tribunal Supremo. "La Constitución Española creó el Estado Autonómico, pero no hay diferentes formas de aplicar la justicia, que se rige por el principio de jerarquía. De ninguna de las formas la Ley contempla el referéndum catalán, no puede producirse de ninguna manera. Hay mecanismos que ayudan para que si llega a intentarse, se corte por estas vías", argumentaba.
Sobre una de esas sentencias del Supremo referente a la obligación de facilitar la educación en castellano en Cataluña, el ministro declaraba que la falta de voluntad para el cumplimiento de la sentencia se suple con la reforma educativa que está tramitando el Gobierno, que establece los mecanismos para que si una Comunidad Autónoma no cumple, se la pueda forzar a que eduque en castellano. "En Cataluña, hayan pactado lo que hayan pactado dos partidos, la competencia del referéndum es exclusiva del Gobierno de España. No niego que no se pueda convocar, pero le aseguro que ese referéndum no se va a celebrar, porque sería suspendido por el orden constitucional", repetía.
Por último, el ministro admitía ser consciente de que desde el Gobierno están pidiendo muchos sacrificios, pero repetía que no hay más remedio, ya que de no cumplir los objetivos de déficit España no superará la crisis económica. "Mi obligación es escuchar y atender hasta donde podamos todos los intereses legítimos, yo tengo que gobernar para defender los derechos de los ciudadanos, y he tener un sistema jurídico eficaz, que funcione. No es tarea fácil, y en España siempre que ha habido una reforma se ha encontrado resistencia, pero lo valoraremos cuando se vean los objetivos cumplidos", concluía Gallardón.
