España

La amnistía, bajo el foco de la Justicia europea tras negarse España a investigar su tramitación

Abogados Cristianos denuncia a España ante la Comisión por vulnerar el derecho de los tratados con la amnistía. Se une, así, al rechazo pronunciado por 192 instituciones españolas

  • Sede de la Comisión Europea en Bruselas -

Avalancha de denuncias contra la amnistía ante la Unión Europea. La Comisión Europea y el TJUE se han convertido en el buzón de reclamaciones contra la proposición de ley registrada por el PSOE en el Congreso de los Diputados. Ante la negativa de España a investigar su tramitación, tal y como avanzó Vozpópuli, los demandantes ponen en foco en la Unión Europea.

El pacto que ha llevado a Pedro Sánchez hasta la Moncloa hizo saltar todas las alarmas. Jueces, fiscales, abogados y entidades de ámbito judicial (incluido el Tribunal Supremo) han salido en manada a denunciar el texto de la amnistía, al considerar que la futura norma supone un atentado contra la independencia judicial y la igualdad ante la ley.

Un juzgado de Madrid admitió a trámite la demanda de una particular contra la amnistía. Tras estudiar su jurisdicción en la materia, el Juzgado de Primera Instancia Número 104 de Madrid se apartó del asunto aludiendo al carácter excepcional de la norma, cerrando así la puerta a que la jurisdicción ordinaria estudie la tramitación de la proposición de ley. Habrá que esperar a que se apruebe el texto definitivo para que sea estudiado por el Tribunal Constitucional.

Ahora, la lucha contra la amnistía se traslada a Europa. Abogados Cristianos denuncia a España ante la Comisión Europea por vulnerar el derecho de los tratados con la ley de amnistía. La fundación española pide a Bruselas la suspensión de la tramitación parlamentaria y trasladar el asunto al Tribunal de Justicia de la Unión Europea para que dicte la resolución que proceda contra España.

El escrito elevado al órgano comunitario, y al que ha tenido acceso Vozpópuli, denuncia también la posibilidad de que el parlamento exija responsabilidades a los jueces que persiguen los delitos que se pretenden amnistiar.

192 instituciones contra la amnistía

La fundación apoya su denuncia en el rechazo de al menos 192 instituciones -entre las que se encuentran entidades de ámbito judicial, grupos parlamentarios, gobiernos regionales y bufetes de abogados- ante la futura ley de amnistía. Abogados Cristianos recoge, así, "la repulsa masiva" ante la futura ley que existe en España.

El texto remitido a Bruselas detalla que la amnistía "obligará a los jueces a cerrar y archivar decenas de causas", dejando al descubierto una lista de delitos "enorme" ante los que la justicia española no actuará. Esto, "pone en tela de juicio todo el estado de derecho español", sostienen.

Entre los argumentos jurídicos de la demanda, se incluye que la amnistía alcanza a los delitos de terrorismo que la Audiencia Nacional atribuye a Carles Puigdemont, Marta Rovira y otros diez coordinadores de Tsunami Democratic, así como los hechos imputados a 12 miembros de los CDR pendientes de juicio por pertenencia a organización terrorista, tenencia, depósito y fabricación de sustancias explosivas. Abogados Cristianos defiende, por consiguiente, que la futura norma "vulnera el derecho de todos los españoles a la igualdad ante la ley (artículo 14 Constitución Española), así como el derecho a una tutela judicial efectiva (art. 24 CE)".

Vulnera el derecho comunitario

La fundación apela, además, a la legislación comunitaria, en concreto, a los artículos 20 y 47 de la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea. El primero referente a la igualdad ante la ley y el segundo que recoge el derecho a la tutela judicial efectiva y a un juez imparcial.

La letrada española detalla en el documento que la amnistía vulnera el artículo 2 del Tratado de la Unión Europea, "el cual consagra el respeto al Estado de Derecho como principio democrático fundamental e imprescindible en un sistema democrático y en el que se funda la UE". Asimismo, recuerda que de acuerdo con lo previsto en el artículo 226 de este mismo tratado europeo, corresponde a la Comisión Europea vigilar el cumplimiento de los Estados miembros del Derecho comunitario.

En la línea de la reclamación presentada por Abogados Cristianos, se encuentran las denuncias sobre infracciones de Derecho de la Unión Europea presentadas por ciudadanos a título personal. Tal y como contó este medio, el registro telemático de la Comisión Europea quedó paralizado por una avalancha de denuncias contra la ley de amnistía.

A estas se une la denuncia presentada por el abogado valenciano Curro Nicolau Castellanos, quien ha presentado un recurso de anulación contra el acuerdo entre PSOE y Junts ante Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE). El letrado entiende que la amnistía vulnera el Derecho Comunitario y el Estado de Derecho, por lo que es necesaria la intervención europea.

Denuncias de PP y Ciudadanos

El Partido Popular y Ciudadanos también han puesto sus ojos en Europa para solicitar amparo ante la futura ley de amnistía. La delegación europea de Ciudadanos ha enviado este lunes una carta a la presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metsola, en la que se denuncia el "acoso" de Carles Puigdemont y Toni Comín a varios funcionarios europeos que se han posicionado en contra de la amnistía.

El movimiento de Cs llega después de que el expresidente catalán y el exeurodiputado de Junts enviasen una serie de cartas a varias instituciones europeas pidiendo sanciones para los funcionarios que se han manifestado contra el proyecto de ley de amnistía pactado entre Pedro Sánchez y sus socios secesionistas.

El Partido Popular Europeo, por su parte, elevó el debate sobre la amnistía al Parlamento Europeo. El hemiciclo de Estrasburgo se convirtió la semana pasada en un auténtico ring de boxeo con acusaciones cruzadas entre los defensores y detractores del pacto con los independentistas catalanes.

Diversas fundaciones y letrados piden a la Justicia europea que se pronuncie sobre el asunto a la espera de su tramitación parlamentaria. Después de que la Mesa del Congreso diese luz verde al texto registrado por los socialistas, solo queda que la Junta de Portavoces ponga fecha para su primer debate en el Pleno de Congreso.

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