A sus todavía 27 años, Ángel Carromero tiene todavía muchas oportunidades para destacar en su carrera política. Pero esta tarde del jueves 19 de septiembre su progresión se verá truncada. La presión ejercida por Génova y por el Gobierno de Mariano Rajoy ha dado sus frutos, impidiendo que Carromero sea uno de los tres candidatos a suceder a Pablo Casado en la presidencia de Nuevas Generaciones de Madrid, la rama juvenil del Partido Popular.
El congreso de NNGG-Madrid tendrá lugar el próximo 26 de octubre, según ha podido saber este medio. Su celebración se perfilará esta tarde a las 19 horas, y Carromero contaba con los respaldos necesarios para ser el elegido. Sin embargo, un movimiento interno de última hora promovido desde Génova ha descabalgado las opciones del cachorro popular.
Su lugar, al parecer, lo ocuparán otros tres afiliados. Uno es Antonio José Mesa, concejal de Getafe, de sector minoritario anti-Carromero. Otra es Ana Isabel Pérez, concejal no liberada en Torrejón de Ardoz y licienciada en Relaciones Laborales, a quien apoyarán los más fieles carromeristas, como Luis Santigosa o Víctor Pampliega. La identidad de la tercera persona en liza no ha trascendido. En concreto, se ha buscado "un perfil totalmente de regeneración" apuntan fuentes populares.
El proceso de la elección será vía primarias sin compromisarios ni avales, todo un mensaje del aguirrismo a la dirección nacional del PP. El congreso de NNGG-Madrid servirá de laboratario para avanzar en esa apertura del partido a los militantes, algo que viene reclamando directamente a Génova la presidenta del PP de Madrid, Esperanza Aguirre.
De la cárcel a la conspiración
Carromero es el miembro de Nuevas Generaciones más famoso en estos momentos, mucho más que la actual presidenta, Beatriz Jurado. Saltó a la palestra a finales de julio del año pasado, cuando trascendió que el auto que conducía en la provincia de Granma, en el extremo oriental de Cuba, chocó contra un árbol, causando involuntariamente las muertes de los disidentes anticastristas Oswaldo Payá y Harold Cepero.
Tras ser rápidamente juzgado y condenado a cuatro años de prisión por las autoridades cubanas, Carromero, asesor del Ayuntamiento de Madrid, fue extraditado a España a comienzos de enero de este año a raíz de un acuerdo entre ambos países. Pasó unos días en la Cárcel de Segovia, y en un tiempo récord logró el tercer grado penitenciario y recuperó su puesto en Cibeles, para envidia de los otros reclusos (y de los funcionarios municipales). Todavía lleva pulsera telemática, aunque podría obtener el indulto dentro de poco, según han revelado fuentes de Interior a este medio.
Fue, sin embargo, al recobrar la libertad condicional en el mes de febrero cuando Carromero empezó a dar rienda suelta a su teoría de la conspiración. Primero lo hizo discretamente en la prensa extranjera, con una entrevista para The Washington Post. Pero este verano, cuando se cumplió un año del siniestro de La Gavina (Cuba), el asesor irrumpió, ayudado por El Mundo, con su novela confabuladora cual elefante en una cacharrería.
El cabreo de varios ministros
Carromero defiende que su accidente fue, en realidad, un “asesinato de Estado”. Asegura que Payá y a Cepero no fallecieron al colisionar el vehículo, sino que fueron liquidados en un hospital militar. Para coronar su tesis, recientemente ha asegurado que vio a Oswaldo Payá “con una jeringuilla clavada en la ingle” y que a él le abofetearon para que guardara silencio.
Sea como fuere, se trata de una teoría sin visos de prosperar y que amenaza con remover los acuerdos internacionales firmados por España y Cuba, como recordaba en agosto el catedrático de Derecho Enrique Gimbernat. Además, sus continuas salidas de tono han terminado por exasperar a muchos miembros del Ejecutivo nacional, especialmente al ministro de Exteriores, José Manuel García Margallo, que se implicó personalmente en la negociación para su extradición.
Hasta hace unas horas, Carromero estaba preparado para asaltar la sucursal juvenil del PP y prolongar su vida política. Ha contado con varios apoyos, siendo el más destacado de todos el de la expresidenta madrileña Esperanza Aguirre. Pero Génova no lo ha consentido. Al menos seguirá cobrando 50.000 euros anuales por su empleo de asesor hasta los siguientes comicios municipales, que se celebrarán en 2015.
