El empresario Ángel de Cabo, que en junio de 2010 compró el Grupo Marsans al expresidente de la CEOE Gerardo Díaz Ferrán y que como él está en prisión preventiva acusado del vaciamiento patrimonial del grupo turístico, admitió poseer 20 millones en efectivo cuando quiso abrir una cuenta en Suiza.
El documento figura en un informe de la Brigada de Blanqueo de Capitales de la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal de la policía remitido al juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco, que instruye la "operación Crucero", y en él De Cabo responde a esa cuestión asegurando que su patrimonio consistía en 20 millones en efectivo y en una casa en Valencia valorada en 500.000 euros.
De Cabo también cifró sus ingresos anuales totales en 700.000 euros, según el formulario, en el que se describe la actividad del empresario diciendo que lideraba "un despacho que se dedica a financiar y gestionar compañías en situaciones delicadas para generar liquidez buscando su viabilidad y posible venta".
"Obtiene rendimientos de numerosas fuentes: financiación, ventas de activos, comisiones ...", se puede leer en el documento, en el que se considera al dueño de Marsans cliente "de perfil especial", reservado a "países de alto riesgo, actividades de alto riesgo o personas con cargos políticos de alto rango". El informe policial, que revela que Díaz Ferrán acumuló un patrimonio inmobiliario valorado en 88 millones, asegura que De Cabo recurría a la confección de facturas falsas para descapitalizar las empresas tras hacerse con su control.
Así lo indican varios de los documentos intervenidos en los registros practicados por la policía, en los que se habla de "dar de alta" a distintos profesionales -como abogados o técnicos de obra- "para poder facturar por sus servicios y compensar IVA". El uso recurrente de cheques era otro de los modos de actuar de De Cabo, según el informe, que recuerda que uno de sus presuntos testaferros, Jorge García Téllez, ha declarado que el dueño de Marsans diseñó "una operación dirigida a, 'mediante cheques', derivar a favor de Possibilitum -la sociedad con la que adquirió el grupo turístico- 10 millones de euros pertenecientes a Trapsatur".
Tanto De Cabo como Díaz Ferrán, que fueron detenidos en diciembre de 2012 y que se encuentran en prisión preventiva bajo fianzas de 3 y de 5 millones, respectivamente, están imputados por alzamiento de bienes, insolvencia punible y blanqueo de capitales, entre otros delitos.
