La Fiscalía Anticorrupción pide 40 años y medio de prisión para José Manuel Villarejo por el proyecto Wine, el encargo que efectuaron Repsol y Caixabank en 2011. La Fiscalía actúa contra el comisario jubilado así como contra los responsables de seguridad de ambos entes a la par que pide que el banco y la petrolera sean condenados como responsables civiles subsidiarios de este encargo que tuvo por objeto espiar a Luis del Rivero.
Así consta en el escrito de acusación que acaba de presentar Anticorrupción en la pieza número 21 de la macrocausa en el marco de la cual se llegó a imputar a Antonio Brufau e Isidre Fainé por la ejecución de este proyecto que Villarejo acometió mientras era funcionario en activo. Del mismo modo las empresas también llegaron a estar imputadas, aunque el juez terminó archivándoles la causa. Ahora la Fiscalía entiende que deben responder como responsables civiles del encargo que Cenyt materializó entre 2011 y 2012.
Se trata de las primeras grandes empresas salpicadas por el caso cuya pieza irá a juicio ya que, hasta el momento, solo se han juzgado tres encargos menores de Villarejo cuya sentencia está pendiente de conocerse. En lo que respecta a este proyecto concreto, la Fiscalía pide condena para un total de cinco personas físicas. El que mayor pena afronta es Villarejo, para el que se piden 40 años y medio de prisión por delitos de cohecho pasivo, cinco delitos de revelación de secretos y falsedad en documento mercantil.
Penas de entre 21 y 40 años de cárcel
En relación a su socio en los encargos de espionaje, Rafael Redondo, Anticorrupción pide 32 años y medio de cárcel también por los mismos delitos. Para Rafael Araujo, el que fuera jefe de Seguridad de Repsol, se pide una pena de 28 años de cárcel y para su 'número dos' en este departamento, Rafael Girona, un total de 21 años. Se trata de la misma pena que reclaman para el que fuera jefe de Seguridad de Caixa, Miguel Ángel Fernández Rancaño.
Los responsables de seguridad compartieron información con sus superiores en las respectivas compañías sin que conste que éstos tuvieran conocimiento que el titular real de la proveedora era VillarejoEscrito de acusación de Anticorrupción
En concepto de responsabilidad civil los acusados deben indemnizar a dos de las principales víctimas de este encargo que buscaba frenar 'in extremis' la acción de Sacyr junto con Pemex para controlar casi un tercio de Repsol. Así pues, la Fiscalía reclama que abonen 3.000 euros al que fuera jefe de Seguridad de Sacyr, Rodrigo Álvarez Vázquez (apodado 'Cid'), y también para el exdirector financiero de Repsol, Fernando Ramírez Mazarredo.
De estas cantidades piden que respondan de manera subsidiaria Repsol y Caixa y la Administración General del Estado. Los fiscales piden también el decomiso de los 389.400 euros y los 24.300 que abonaron Repsol y Caixa respectivamente, al grupo Cenyt. Por su parte, Luis del Rivero y su entorno más cercano -que fueron los principales espiados en esta operación- se reservan el ejercicio de las acciones civiles que le corresponden.
El proyecto Wine
Anticorrupción relata en su escrito de acusación que el responsable de Seguridad de Repsol decidió contratar a Villarejo a sabiendas de que era comisario en activo para frenar la acción sindicada de la constructora junto con la mexicana Pemex. En un primer momento se trató de "recabar toda la información" posible de Del Rivero aunque a medida que avanzó el proyecto -bautizado como Wine- se amplió el foco de los espiados.
Al respecto la Fiscalía apunta que Araujo y Rancaño compartieron la información que le iba suministrando Villarejo del proyecto "con sus superiores en las respectivas compañías" sin que conste que estos tuvieran conocimiento de que el titular real de Cenyt era comisario en activo.
Villarejo y Redondo se hicieron con los tráficos de llamadas de Del Rivero (el cual figura también como perjudicado en la pieza del BBVA), su entorno más cercano y de Mazarredo. Con todo, la investigación continuó toda vez que se truncó el objetivo de Sacyr de hacerse con el tercio de control de Repsol ya que se pretendía controlar su reacción a este intento frustrado del pacto de accionistas.
Actuaciones irregulares de Del Rivero
Por ello identificaron también los teléfonos de directivos de Pemex con los que contactó el empresario murciano así como los de su esposa y sus firmas. Del mismo modo trataron de acreditar "actuaciones irregulares" de Del Rivero vinculándole a causas de corrupción como la operación Malaya o el caso de Jaume Matas en Baleares.
Durante la instrucción de esta pieza los investigadores acreditaron los pagos de ambos entes al grupo Cenyt alertando que se trocearon y que se emitieron como servicios diferentes a los prestados. "Ocultaron de este modo la realidad de la relación comercial que habían mantenido las partes", indica Anticorrupción, la cual añade que, "pese a haber encargado una auténtica investigación encaminada a la obtención de información, en las facturas se reflejó que los importes obedecían a elaboración de estrategias".
Por estos hechos, el magistrado imputó a exdirectivos de Repsol como Luis Suárez de Lezo, Joaquín Uris y Juan de Amunátegui además del exdirector general de Medios de Caixa Antonio Massanell, sin olvidar a sus principales espadas entonces: Brufau y Fainé. El juez les archivó la causa pero la Sala de lo Penal ordenó reabrirla en 2022 por el presunto conocimiento que tenían de los hechos. Finalmente, se acordó un segundo archivo que la Sala terminó confirmando el pasado mes de enero.
Los magistrados concluyeron que era evidente la preocupación en la cúpula de Repsol y Caixa por estos hechos, pero negaron que conocieran que se contratara a un comisario en activo. "Que Fainé estuviera preocupado por el pacto Sacyr-Pemex entraba dentro de lo normal, pero eso no implica que estuviera dispuesto a emprender todo tipo de acciones, incluso contrarias a la legalidad", expuso la Sala. Lo mismo ocurrió con las compañías. Al respecto destaca el respaldo al compliance de Repsol aquel 2011 que facilitó en gran medida su archivo en esta macrocausa de espionaje.
