La Fiscalía Anticorrupción ha archivado las diligencias abiertas en abril por la adjudicación de un contrato y la concesión de créditos ICO a la empresa del marido de Nadia Calvino. El Ministerio Público da carpetazo a esta investigación alegando que no hay indicio de la comisión del delito de tráfico de influencias, prevaricación o malversación en relación a las ayudas concedidas a la empresa Páginas Amarillas Soluciones Digitales. Del mismo modo niega intervención alguna de la vicepresidenta del Gobierno en estos hechos.
El decreto, que firma el fiscal jefe de Anticorrupción, concluye que no hay indicios de delito en relación al contrato (que tenía un valor estimado de 964.000 euros) y tampoco que se produjera un trato de favor a la firma por su cercanía con Nadia Calviño. "No consta intervención directa ni indirecta de Calviño en el contrato, en la concesión de los avales por parte del ICO y en el denominado Kit Digital", reza Anticorrupción.
El contrato en cuestión (investigado por prevaricación, negociaciones prohibidas a los funcionarios, tráfico de influencias y malversación) tenía por objeto de la gestión de imagen digital de la reputación online de la Seguridad Social durante un año. Del mismo modo dice que tampoco ve irregularidades con los créditos ICO concedidos a través de las líneas de avales aprobadas para empresas afectadas por la covid.
Un contrato y créditos ICO
Se trata de uno de los contratos que denunció el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso en relación a los créditos y ayudas otorgados durante la pandemia. Anticorrupción sigue el mismo criterio que con la empresa ligada a los padres de Pedro Sánchez y archiva las diligencias al considerar que no hay indicios de delito en todos estos hechos. Actúa en este sentido tras recabar toda la información necesaria del Ministerio de Economía y de la IGAE en relación a estas adjudicaciones.
La Fiscalía, que abrió más de siete líneas de investigación por los contratos de pandemia, explica que en este caso han estudiado las ayudas que recibió la sociedad Páginas Amarillas Soluciones Digitales (rebautizada como Beedigital). Ayuso pidió la apertura de diligencias debido a la deuda de 1,6 millones que atesoraba la empresa con Hacienda y también por tratarse del marido de la vicepresidenta del Ejecutivo.
No se ha podido determinar participación alguna por parte de la vicepresidenta y ministra de Economía en dicho procedimiento, ni se han hallado vinculaciones entre los cargos públicos y los responsables de la empresaDecreto de Anticorrupción
El foco se puso en la adjudicación del contrato adjudicado en octubre de 2019 con el Ministerio de Seguridad Social y la obtención de dos créditos ICO de 875.000 euros. El fiscal Anticorrupción al frente de la investigación, Luis Pastor, recabó toda la documental relativa a estos créditos llegando a personarse la Guardia Civil en el Ministerio de Economía el pasado 9 de junio. Del mismo modo, la AEAT también aportó toda la información tributaria de la firma.
"No hubo trato de favor"
Anticorrupción confirma que Ignacio Manrique de Lara forma parte del comité directivo de la firma aunque descarta irregularidad alguna con la concesión del contrato en tanto la empresa no tenía deudas con el Estado en los días previos a la adjudicación. En concreto recuerda un informe de la IGAE incorporado a las diligencias según el cual la tramitación del contrato fue correcta.
En relación a los créditos se explica que fueron dos de 500.000 euros y 700.000 euros, concedidos por Bankia y La Caixa, respectivamente. El ICO avaló el 70% de los mismos en función de las ayudas a empresas afectadas por la pandemia. Al respecto sostiene que cumplía los requisitos en tanto Páginas Amarillas Soluciones Digitales era afectada por la crisis y no figuraba como morosa al cierre del ejercicio de 2019.
"Por lo tanto, la empresa cumplía todos los requisitos exigibles: había visto mermada su actividad y sus ingresos como consecuencia de la crisis, no estaba en situación de morosidad según el CIRBE a 31 de diciembre de 2019, no estaba incursa en una situación concursal y no tenía la consideración de 'empresa en crisis'", concluye Anticorrupción y sentencia: "No se ha podido determinar participación alguna por parte de la vicepresidenta primera y ministra de Economía ni se ha hallado vinculaciones entre los cargos públicos responsables de dicho organismo y la empresa avalada".
