La Fiscalía Anticorrupción pone coto al caso Villarejo. Los fiscales de este procedimiento han reprochado a Iberdrola que se escude en estas diligencias abiertas por los espionajes del comisario jubilado para atacar a sus enemigos. Según sostienen, esta macrocausa no puede convertirse en un “cajón de sastre” para actuar por la vía judicial contra José Antonio del Olmo, el exdirectivo de Funciones Públicas convertido en la principal pesadilla de la eléctrica por el protagonismo que ha cobrado en el caso.
El Ministerio Fiscal se pronuncia de esta forma en relación a todas las acciones penales que la multinacional vasca ha impulsado contra este antiguo trabajador desde que saliera a la luz su famoso informe en el que denunciaba facturas falsas para costear los espionajes de Cenyt. Por ese motivo, ha pedido al magistrado Manuel García Castellón que devuelva a Bilbao una de las primeras querellas que Iberdrola interpuso contra este exdirectivo por delito de falsedad en documento privado.
El Ministerio Público razona que los hechos recogidos en la querella poco o nada tienen que ver con esta macrocausa que investiga todos los encargos privados de espionaje del agente encubierto. De acceder el magistrado se produciría un nuevo giro de 180 grados en esta pieza decimoséptima del caso Tándem ya que la misma volvería a su punto de partida. En julio del año pasado el Juzgado de Instrucción número 3 de Bilbao admitió a trámite la querella de Iberdrola pero en vez de asumir las pesquisas las desvió a la Audiencia Nacional al entender que había conexión con el caso Villarejo.
Querella proveniente de Bilbao
La eléctrica se opuso en un primer momento aunque le permitió figurar como perjudicada de José Antonio del Olmo. Con todo, esta situación le enfrenta al magistrado Manuel García Castellón, el cual le retiró el estatus de acusación al considerar que no se podía investigar a este exempleado por unos hechos ya prescritos. La Sala de lo Penal, por contra, ha admitido sus recursos y le ha terminado por reconocer que sí es importante para la causa esclarecer si es o no veraz el documento de este exdirectivo que se ha convertido en una prueba determinante de la causa.
Una cosa es que se examine el alcance del documento para determinar si fue o no manipulado y otra que pueda utilizarse esta causa como cajón de sastre para ejercitar acciones penales
Ahora la Fiscalía Anticorrupción vuelve a pronunciarse sobre este asunto para pedir que vuelva a su juzgado de origen. En un escrito remitido al juzgado y al que ha tenido acceso Vozpópuli, los fiscales precisan que no se puede dar cabida a las pretensiones de Iberdrola contra Del Olmo por delitos de revelación de secretos de empresa y revelación de datos reservados de persona jurídica porque estos hechos "no guardan relación alguna" con los que se siguen en esta pieza, dedicada exclusivamente a esclarecer de donde salieron las órdenes para contratar al entramado del comisario jubilado entre los años 2004 y 2017.
Momento clave para Iberdrola
"Una cosa es que para dilucidar los hechos investigados en esta causa hay que examinar el alcance del documento cuya manipulación la querellante atribuye al investigado José Antonio del Olmo a fin de determinar si fue o no efectivamente manipulado o si constituye o no un documento mercantil a efectos de integrar un delito de falsedad
documental y otra cuestión diferente es que pueda utilizarse esta causa como cajón desastre para ejercitar todas las acciones penales que la querellante pretenda contra el investigado José Antonio del Olmo", avisa Anticorrupción.
Los fiscales explican que, mientras el documento en cuestión sí es relevante para la causa, no ocurre lo mismo con la guerra que pueda abrir por este asunto Iberdrola. Así, concluyen que ninguna conexión puede establecerse entre los trabajos que realizó Villarejo para este cliente VIP con la posible manipulación de este documento y la consecuente revelación de secretos que denuncia Iberdrola de Del Olmo por haberse apoderado de documentación confidencial de la compañía.
El pronunciamiento de Anticorrupción se produce en un momento especialmente crucial para la eléctrica, máxime porque el magistrado sigue estudiando una posible imputación de la matriz. Precisamente la condición de perjudicada o de imputada en el caso Villarejo ha sido uno de los principales puntos que se han tratado en la pieza en los últimos meses. El magistrado Manuel García Castellón imputó el pasado verano al presidente Ignacio Sánchez Galán, además de exaltos cargos y la filial Iberdrola Renovables por estos trabajos. No obstante, dejó a la matriz al margen por tratarse de hechos que tuvieron lugar cuando las personas jurídicas no eran imputables.
Declaraciones clave
Sin embargo, el instructor tiene ahora mismo pendiente resolver sobre dos cuestiones que marcarán el rumbo de esta pieza: por un lado, la posible imputación de Iberdrola S.A y, por otro, aplicar la directiva europea para proteger a José Antonio Del Olmo. Todo apunta a que antes que nada lo primero que hará será escuchar en sede judicial a este exdirectivo. El considerado como 'testigo estrella' de la causa ha pedido comparecer a voluntad propia para aportar más detalles sobre estas contrataciones. El magistrado ha aceptado su petición y le ha citado para el próximo 18 de abril.
Ese mismo día también escuchará en calidad de testigo a las directivas de Cumplimiento María José Sanz Asensio y Dolores Herrera. El instructor considera determinante escuchar su versión antes de decidir sobre el futuro procesal de la compañía, cuya imputación solicita Florentino Pérez. De hecho, el presidente de ACS, personado como perjudicado del comisario jubilado, también se ha posicionado a favor de proteger a Del Olmo, el cual también fue imputado en el procedimiento por su papel como 'controller' y supervisor de las facturas que luego reportó como falsas.
Al hilo, una de las propuestas que ha formulado Florentino a la Audiencia Nacional es la de que se congelen todas las causas impulsadas por Iberdrola contra su exalto cargo al considerarlas una represalia. Al margen de la querella interpuesta en Bilbao adherida a esta causa, la compañía actuó contra él en varios frentes. Uno de ellos, seguido en el Juzgado de lo Mercantil número 1 también de Bilbao, dio la razón a la compañía y concluyó que las facturas que sustrajo de la sede para llevarlas ante notario junto con su informe era material confidencial que debía devolver.
En paralelo Iberdrola también ha impulsado procedimientos en juzgados de Madrid (uno de ellos se sigue en el juzgado de instrucción número 9 de Madrid por delito de revelación de secretos) a la par que ha solicitado que se amplíe la querella en la Audiencia Nacional. Según expone, el documento que sustenta gran parte de la acusación de esta pieza es falso e incriminó a directivos que nada tenían que ver con los pagos al comisario. Al respecto cabe recordar que el magistrado acaba de archivar la causa para tres exdirectivos de la compañía (entre ellos el exnúmero dos Francisco Martínez Córcoles) aunque mantiene en la causa a Sánchez Galán.
