Una condena por revelación de secretos con muchas preguntas sin responder. La sentencia de la Audiencia Nacional que impuso ayer un año y medio de prisión al que fuera jefe superior de Policía en el País Vasco, el comisario Enrique Pamiés, y a uno de sus subordinados, el inspector José Maria Ballesteros, por el caso Faisán pone punto y final a uno de los mayores escándalos de la lucha antiterrorista, pero deja en el aire muchas incógnitas sin despejar. El fallo, en el que se considera probado que en mayo de 2006 los dos agentes filtraron a ETA una operación en marcha contra su aparato de extorsión, reconoce que el 'chivatazo' tuvo una motivación política, pero no aborda en ningún momento si los condenados actuaron por propia iniciativa o por órdenes superiores. Y ello a pesar de que en la causa llegó a estar imputado, aunque finalmente fue exculpado, el entonces director general de la Policía, el socialista Victor García Hidalgo, por el sospechoso cruce de llamadas que aquel día mantuvo con uno de los acusados.
Los tres magistrados del tribunal no se plantean en ningún momento en el fallo si los dos policías condenados actuaron por propia iniciativa o por órdenes superiores
La ausencia de referencias a la supuesta existencia de una 'X' en la trama, a la que llegó a aludir el fiscal Carlos Bautista en sus conclusiones en la última jornada de la vista, llama más la atención porque los tres magistrados, encabezados por Alfonso Guevara, utilizan precisamente la motivación política del 'chivatazo' para absolver a los dos agentes del delito más grave del que se les acusaba, el de colaboración con banda armada. “Es evidente que no estamos ante una acción directa de los acusados para favorecer una actuación puntual de ETA o la actividad de la banda terrorista, sino que iba encaminada en un sentido distinto, pues la acción ejercitada fue guiada por la finalidad dentro del concepto de acción final, de que no se pudiera entorpecer el proceso que estaba en marcha para lograr el cese de la actividad de ETA”, se lee textualmente en el fallo.
De hecho, la sentencia subraya que el chivatazo tuvo como objetivo último "favorecer el proceso dirigido a hacer cesar la actividad de una organización armada (ETA)" y que, por tanto, no hubo la colaboración banda armada de la que se acusaba a ambos mandos policiales ya que éstos no perseguían los fines terroristas de la banda. Para apoyar su afirmación, el tribunal recupera el testimonio que durante el juicio prestó otro agente, el inspector jefe que cuando se produjeron los hechos hacía las funciones de enlace con la Policía francesa. Este policía aseguró abiertamente durante su declaración que el hecho de que aquel día de mayo de 2006 se frustrara el golpe a la oficina de cobro del impuesto revolucionario "fue una cuestión política".
"No entorpecer el diálogo con ETA"
En el mismo sentido, los tres magistrados recuerdan en el punto segundo de los hechos probados que un año antes de que se produjera la filtración a la banda armada, el Congreso había aprobado con los únicos votos en contra del PP una autorización que permitía al Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero dialogar con ETA "siempre que ésta deje plenamente las armas". El tribunal también señala que meses después el Parlamento Europeo aprobó otro pronunciamiento a favor de "la iniciativa de paz en el País Vasco emprendida por las instituciones democrácticas españolas". Por todo ello, concluyen que "el designio" que movió al comisario Pamiés, que fue el "autor material" del aviso al dueño del Bar Faisán, no fue otro que el de "no entorpecer la situación política abierta de diálogo para acabar con la actividad de ETA". "La intención de los acusados fue totalmente muy distinta al favorecimiento de la actividad de ETA", recalcan los magistrados.
Pero sobre la 'X', ni una mención. Y ello a pesar de que durante la vista el comisario que dirigió la investigación que permitió sentar en el banquillo de los acusados a sus dos compañeros mostró en el juicio su convencimiento de que detrás del soplo hubo "una orden política" y que, además, sospechaba que ésta la había dado el entonces director general de la Policía, García Hidalgo. Durante su comparecencia ante el tribunal, este agente recordó que el 4 de septiembre de 2006, cuatro meses después del chivatazo, entregó un informe en el que se señalaba al político como el supuesto cerebro de la trama y que éste cesó de su cargo sólo cuatro días después. El tribunal, que ha apoyado gran parte de su sentencia en los informes de este policía y su equipo sobre el tráfico de llamadas de los condenados, no hace referencia a esta supuesta implicación en ningún punto del fallo.
Críticas desde las asociaciones de víctimas
Esta ausencia fue destacada ayer por fuentes jurídicas, que llegaron a calificar a este diario de "endeble" la argumentación de la misma precisamente por ello. Las asociaciones de víctimas, dos de las cuales estuvieron personadas en la causa como acusaciones, también la criticaron por idéntico motivo. María del Mar Blanco, presidenta de la Fundación Víctimas del Terrorismo (FVT), mostró ayer su deseo de que se siga investigando "quién fue esa persona, ese alto mando, que dio el 'chivatazo', porque está claro que estos dos policías no actuaron de una manera libre, sino porque recibieron una orden de más arriba". En la misma línea, Ángeles Pedraza, presidenta de la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT), calificó el fallo de "indecente" y pidió a los dos agentes que revelen ahora "todos los secretos por los que han sido condenados, fundamentalmente quién les mandó alertar a ETA de que la Policía iba a desarrollar una operación contra el aparato de extorsión de la banda".
También el PP, que cuando estalló el caso y se encontraba en la oposición utilizó el caso Faisán como munición parlamentaria para cargar contra el entonces ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, criticó la misma. Lo hizo por boca del diputado Ignacio Gil Lázaro, autor entonces de la mayor parte de las iniciativas en el Congreso por este caso, quien ayer aseguraba que el fallo había demostrado finalmente que el ahora líder socialista pasó tres años "mintiendo" al Congreso y a la sociedad. Unas beligerantes declaraciones que contrastan con la actitud que el representante legal de la formación mantuvo durante la vista, en la que el PP ejerció la acusación. Este abogado dejó pasar las primeras jornadas sin realizar prácticamente ninguna pregunta a los acusados y primeros testigos.
