Era una derrota anunciada que pasó desapercibida por la guerra abierta en el PP. El pasado 28 de febrero, apenas 24 horas antes del comité ejecutivo nacional que convocó el congreso extraordinario, los nuevos integrantes de la Sección de Enjuiciamiento del Tribunal de Cuentas, cuyos nombramientos pactó Teodoro García Egea con Félix Bolaños el pasado mes de octubre, aceptaron que la Generalitat avalara a los líderes del procés condenados. Una decisión que cargos del PP echan en cara, ahora, al exsecretario general.
El "gran acuerdo" cerrado por el número dos de Casado hace cinco meses se ha convertido, ahora, en un "mal reparto" para los mismos diputados y dirigentes del PP que, en su día, aplaudieron a García Egea. Ya el día después del acuerdo con Félix Bolaños, Vozpópuli destacó que el PP había cedido ante Sánchez al aceptar la salida de la "bestia negra" del separatismo del Tribunal de Cuentas: Margarita Mariscal de Gante.
La exministra de Justicia era la encargada de enjuiciar la eventual responsabilidad contable de 34 ex altos cargos de la Generalitat de Cataluña por el presunto uso irregular de 5,4 millones de euros de fondos públicos para las denominadas embajadas catalanas y para el Consejo de la Diplomacia Pública de Cataluña (Diplocat) entre los años 2011 y 2017.
La jueza impuso esa misma cantidad como fianza a los dirigentes separatistas y rechazó dos recursos contra el acta de liquidación y contra la decisión de preguntar a la Abogacía del Estado la idoneidad de los avales presentados por el Institut Català de Financies (ICF), dependiente de la Generalitat, para evitar los embargos. Con su salida, algunos cargos del PP admiten ahora que se dio por hecho que esos avales del Govern serían aceptados.
Un liderazgo minoritario
Pese a ello, el partido se movilizó para defender el pacto sellado por Teodoro García Egea con el Gobierno. En su momento, se destacó que una nueva representante del PP, Elena Hernáez Salguero, fue designada para el Departamento Segundo de la Sección de Enjuiciamiento, en sustitución de Margarita Mariscal de Gante.
Ese departamento era el encargado de enjuiciar las presuntas irregularidades contables del 'procés' y de las denominadas ‘embajadas catalanas‘ y el Diplocat. Además, García Egea también situó en la presidencia de la propia Sección de Enjuiciamiento del Tribunal de Cuentas a otra consejera afín al PP: Rebeca Laliga Misó.
Este nombramiento, sin embargo, no fue suficiente para evitar el visto bueno del Tribunal de Cuentas a los avales de la Generalitat. El pasado 28 de febrero, la consejera Laliga, ponente del caso, abogó por rechazar los avales, pero quedó en minoría en el tribunal. Los otros dos consejeros, Rosario García y Diego Íñiguez, nombrados por el PSOE, votaron en contra y propusieron aceptar el mecanismo de garantía aprobado por el Govern para avalar Puigdemont, Mas, Junqueras, y otros antiguos cargos del ejecutivo autonómico.
No garantizamos mayorías y encima quitamos a la persona que había iniciado el proceso
Ahora, cargos del PP admiten que, pese a "mantener el caso" con una consejera afín al frente, "no garantizamos mayorías y encima quitamos a la persona que había iniciado el proceso". En definitiva, afirman, fue un "error" de García Egea... cuyo resultado quedó tapado, irónicamente, por las semanas de guerra civil vividas por los populares.
