Esperanza Aguirre quiere dar la puntilla al caso Púnica. La expresidenta de la Comunidad de Madrid se ha posicionado alto y claro a favor de no prorrogar las diligencias abiertas por la presunta caja B del PP madrileño. En un escrito remitido a la Audiencia Nacional respalda la decisión del juez instructor y arremete contra las acusaciones al considerar que quieren "rascar" pruebas en su contra para terminar de implicarla en esta fase final en la que Anticorrupción ultima su escrito definitivo.
La exmandataria regional, a quien la Fiscalía sitúa en el origen de la trama, insiste en que, tras ocho años de pesquisas, la investigación está agotada. Por ese motivo responde a las acusaciones que hay que seguir el criterio del magistrado Manuel García Castellón que el 25 de enero acordó no prorrogar más esta pieza en la que también figuran como imputados otros exaltos cargos del PP madrileño como Francisco Granados, Ignacio González, Salvador Victoria o Lucía Figar.
El escrito de Aguirre, al que ha tenido acceso Vozpópuli, se conoce mientras Anticorrupción prepara su acusación final en esta pieza. La principal incógnita reside en la postura que adopte el Ministerio Público en relación a Esperanza Aguirre, de la que es probable que acabe por librarse de la trama al no aparecer contra ella pruebas de calado que la impliquen en esta financiación irregular del partido regional. Al respecto cabe recordar que en 2020 la Fiscalía propuso que declarasen tres vinculados a la trama Gürtel que acusaron a Aguirre en sede judicial de conocer los pormenores de la trama.
La tesis de Aguirre
El más explícito fue Guillermo Ortega. El que fuera alcalde de Majadahonda se convirtió en el primer exedil en implicarla directamente en esta trama y apuntó que recibió dinero opaco de manos del entonces tesorero del PP nacional, Álvaro Lapuerta. Aunque las acusaciones dieron credibilidad a su relato, la otrora presidenta madrileña arremetió contra él acusándole de querer llegar a un pacto con Anticorrupción para suavizar su pena en Gürtel. En este nuevo escrito vuelve a cargar contra él asegurando que no concretó "extremo alguno" y que sus manifestaciones no solo son falsas sino "puramente inverosímiles".
"El juzgado de una forma más que generosa permitió al Sr. Ortega una suerte de status tan singular que, más allá de declarar como testigo, en presencia judicial y con la debida contradicción, fue requerido para que presentara un informe, facilitándose incluso el material documental y sus propios medios informáticos en el centro penitenciario en el que se encuentra habiendo recabado ingente documentación y los correspondientes informes de la UCO", indica.
Sin embargo, prosigue, a día de hoy no se habrían concretado las acusaciones que vertió sobre ella acerca de que le colocó como gerente de la empresa pública Mercado Puerta de Toledo para desviar fondos públicos al partido. Las confesiones de Ortega (condenado a más de 38 años de cárcel por la trama Gürtel) llevaron al juez a abrir la pieza número 13 de la causa, pero tanto Anticorrupción como las acusaciones lograron el aval de la Sala de lo Penal para que se investigase en esta línea relativa a la caja B del PP madrileño.
"Propaganda política"
El Ministerio Público dio credibilidad a su testimonio y reafirmó que estos cargos recibieron instrucciones para sobrevalorar costes e inflar facturas de contratos de publicidad con el fin de obtener una línea de crédito irregular para el partido. Aguirre, por contra, mantiene que no se acreditó nunca esa teoría y dice que piden dilatar una causa que se investiga desde 2014 para "seguir sacando rendimiento". Al respecto apunta también al PSOE al que acusa de querer "instrumentalizar" el procedimiento "para su propaganda política".
La acusación popular solicita la práctica de nuevas diligencias, innecesarias, impertinentes y puramente prospectivas para seguir sacando rendimiento
La formación socialista recurrió el auto del magistrado del pasado enero y pidió más margen de tiempo para probar la existencia de esta trama que se habría instaurado en el Gobierno madrileño desde 2004. Por eso reclamó que se recabasen las declaraciones fiscales de las principales compañías de la trama Púnica (Swat, Troyano Marketing o Sintra Consultores, entre otras) en aras a probar su implicación en esta presunta red de amaño de contratos públicos.
"Expedición de pesca"
Aguirre impugna ahora el recurso interpuesto asegurando que son diligencias "absolutamente retrospectivas" ya que se trata de unos contratos de hace 13 años, por lo que adherirlos ahora resultaría contrario a las garantías del proceso. "Esto es lo que particularmente en delitos fiscales se ha venido a denominar expediciones de pesca o 'fishing expedition'", zanja. Del mismo modo se opone a que se tome declaración a una nueva tanda de personas que declararon ante la UCO en el marco de estas diligencias. Según dice, que tuvieran el estatus de investigados ante la Policía Judicial no quiere decir que también lo estén en la Audiencia Nacional.
A falta de conocer cómo resuelve el juzgado, lo cierto es que tanto magistrado instructor como Fiscalía parecen vislumbrar de manera definitiva el fin de estas diligencias en el marco de las cuáles también llegaron a figurar como imputados la también expresidenta de Madrid Cristina Cifuentes o el expresidente de Indra Javier Monzón. La pieza, sin embargo, se centra ahora en los principales líderes regionales de entonces así como en empresarios que se habrían beneficiado de la trama, tales como Juan Miguel Madoz Echevarría o José Miguel Alonso.
Con todo, el foco está puesto en las conclusiones que aporte Anticorrupción de Aguirre, de la que, cuando pidió su imputación a mediados de 2019, dijo que supervisó y controló todas las partidas de publicidad de las adjudicaciones que se giraron desde las consejerías así como diversos entes públicos de su gobierno. Desde entonces han sumado los testimonios de Ortega y de otros dos implicados en la Gürtel (Isabel Jordán y Arturo González Panero) aunque ahora falta por determinar si sus confesiones son suficientes o no cuentan con la base probatoria necesaria como para pedir que se lleve al banquillo a la expresidenta de la Comunidad de Madrid.
