La Fiscalía Anticorrupción mueve ficha en el caso Rato. El Ministerio Público, que actúa contra el banquero por once delitos fiscales y blanqueo, entre otros, reclama que declare cerca de una treintena de personas en la vista oral por su fortuna en el extranjero. En concreto, propone una larga lista de testificales que la componen, principalmente, exaltos cargos de Bankia como el que fuera secretario general del consejo, Miguel Crespo. Completan este listado dos familiares del economista además de gestores relacionados con el entramado opaco que mantuvo en el exterior, entre los que se encuentra Rabih El Assir Kassab, hermano del presunto traficante de armas Abdum Rahman El Assir.
Así lo plasma en el escrito remitido al magistrado Antonio Serrano-Arnal para que sentara en el banquillo a todos los implicados en este procedimiento. El documento, al que ha tenido acceso Vozpópuli y que ha propiciado la apertura del juicio oral de esta causa, dedica 161 páginas a destripar el presunto fraude fiscal cometido por el expresidente de Bankia mediante la ocultación de su patrimonio en sociedades en paraísos fiscales aunque también pone el foco en la comisión de dos millones de euros que los principales acusados se habrían repartido con los contratos de publicidad de Bankia.
El escrito recoge las penas de cárcel para el total 18 acusados. Aunque Fiscalía hizo pública en marzo su solicitud de 70 años de prisión para Rato, no informó en relación al resto de acusados ni tampoco de su petición de multas. Así, y según lo plasmado en el documento, para el exdirector gerente del FMI reclama una sanción que asciende a un total de 47,2 millones de euros, de los cuáles cerca de 23 millones responden a los once delitos fiscales atribuidos y otros 20 millones a blanqueo de capitales.
Tres años de cárcel para Norniella
Para Domingo Plazas, a quien los investigadores sitúan como asesor fiscal de Rato, Anticorrupción solicita un total de 55,5 años de prisión; seis años de cárcel para el exsecretario del consejo de Telefónica, Ramiro Sánchez de Lerín; seis años de cárcel para el presunto testaferro de Rato, Miguel Ángel Montero y para el excuñado de Rato, Santiago Alarcó, le reclama cinco años de cárcel y 20 millones de multa por delito de blanqueo de capitales. La lista la completan la exsecretaria personal del banquero, Teresa Arellano (tres años), además de exdirectivos de Bankia y de las firmas que se adjudicaron los contratos publicitarios para el debut bursátil.
Anticorrupción también actúa contra el exsecretario de Estado de Hacienda y exvicepresidente de Bankia, José Manuel Fernández Norniella, para el que piden tres años de cárcel por corrupción entre particulares. Aunque la fiscal al frente del caso, Elena Lorente, apunta que conocía el presunto desvío de las comisiones debido a su "extraordinaria proximidad" con Rato, el magistrado no le incluye entre el conjunto de acusados. Del mismo modo, también descarta acusar por delitos de falsedad e insolvencia punible al exvicepresidente económico del Gobierno pese a que la principal acusación los mantiene.
Doce exdirectivos de Bankia
Para apuntalar su tesis, el Ministerio Público propone un total de 27 testigos la mayoría de los cuáles son antiguos directivos y empleados de Bankia. Además de Crespo -entonces secretario general del consejo- solicita que declaren en la vista los exaltos cargos Pedro Vázquez, José Luis Sánchez Blanquez; el exdirector territorial Federico Navarro; el exdirectivo de compras Juan Antonio Arribas; la que fuera directora corporativa de Marca Silvia Bajo; el director de auditoría interna Iñaki Azaola además de altos cargos del departamento de Medios.
Destacan la exdirectora general de comunicación Pilar Trucios; Yolanda García (empleada de comunicación bajo la dirección de Trucios) y el antiguo director de división de red y actual directivo de operaciones de financiación inmobiliaria en Caixabank, Gregorio Fraile. La Fiscalía pretende que todos estos cargos apuntalen su acusación contra Rato en relación a las partidas presupuestarias de las que algunos de ellos ya se pronunciaron durante la instrucción, como es el caso de Trucios. La antigua directora de comunicación relató cómo le fueron vaciando de contenido hasta provocar su marcha, en detrimento de la entonces secretaria personal de Rato. El objetivo sería sacar adelante el contrato millonario con las firmas adjudicatarias de este servicio.
"Auténtico parapeto" del dinero
En palabras de Anticorrupción, el entonces presidente de la entidad sacó "provecho económico personal" durante su etapa al frente de Bankia, valiéndose de tres personas de confianza. Según concluyen, de los dos millones que se habrían desviado con esta partida, 835.024 euros fueron a parar a las arcas de Rato a través de Kradonara. Con todo, en su lista de testigos también incluye a dos familiares: su sobrino José de la Rosa y su primo Gonzalo Alvargonzález. Al primero le atribuye la gestión de una cuenta abierta en la Isla de Man mientras que del segundo apunta que Rato le entregó en prenda las 2.349 acciones de su sociedad Vivaway.
En último lugar también solicita la declaración de la que fuera apoderada de otra de las sociedades clave de la red, Arada, a varios empleados del despacho Plazas Abogados y al hermano del magnate El Assir. Este último figura como la persona que le informó de la estructura de United Trust en Curaçao, de la que se valió para traspasar fondos a una de sus firmas. De las pesquisas, que arrancaron en 2015 y que ha dirigido la UCO de la Guardia Civil, Anticorrupción concluye que el economista, a quien se le ha impuesto una fianza de 65 millones de euros, gestionó su patrimonio en el extranjero desde 1999. Destapa un entramado radicado en Luxemburgo, Suiza, Panamá o Irlanda y destaca que desde el año 2006 se apoyó en sociedades intermedias que actuaron como "auténtico parapeto" para ocultar el dinero.
Investigación prospectiva
Al respecto razona que la estructura Vivaway-Kradonara (que gestionó en un primer momento su excuñado) se utilizó no solo para ocultar el desvío de fondos sino también para repatriar su fortuna a España. En concreto, la Fiscalía habla del retorno de 7,8 millones de euros aunque en un escrito adelantado por este diario destapó que llegó a ocultar en una sociedad en Luxemburgo más de 77 millones de euros.
Dicho patrimonio lo habría amasado también con las ganancias obtenidas a través de conferencias que tributó "fraudulentamente" con Arada, así como las labores de asesoría que desarrolló entre los años 2009 y 2015 para Telefónica, CaixaBank, Santander o el fondo Guide Bridge. La ONIF (Oficina Nacional de Investigación contra el Fraude, dependiente de la Agencia Tributaria) apuntó a un fraude de 6,8 millones de euros en todos esos ejercicios, mientras la Fiscalía añade que el economista habría blanqueado dichas cuantías a través de técnicas de inversiones entre empresas de su entramado, operaciones de anulación y el crédito lombardo. El objetivo fue traspasar los fondos de unas cuentas a otras para reducir los saldos negativos.
Rato, por su parte, insiste en que se siente indefenso en tanto la Fiscalía está realizando una investigación prospectiva que trasciende incluso los límites establecidos por el propio instructor. Lo cierto es que los choques entre Fiscalía y magistrado en estos años de instrucción han sido una constante hasta el punto de que la fiscal Lorente apuntó que en su auto de procesamiento el juez omitió datos clave de Hacienda e incurrió en "afirmaciones erróneas". El magistrado respondió en su auto de este miércoles que no hará acusaciones sorpresivas y mantiene fuera de la causa los hechos relativos a los primeros años investigados al considerarlos prescritos.
