El representante legal del BBVA se ha acogido a su derecho a no declarar en la cita clave que tenía en el caso Villarejo. El banco, que no desfilaba por la Audiencia Nacional desde su primera declaración en noviembre de 2019, ha comparecido ante los investigadores para dar cuenta de hallazgos policiales significativos que le achacan contrataciones con el entramado del empresario posteriores a 2017 y, por tanto, de su detención.
Sin embargo la entidad -imputada como persona jurídica- ha decidido no responder a las preguntas de ninguna de las partes a la espera de que la Sala de lo Penal resuelva el recurso de apelación interpuesto contra su citación, según confirman a este medio fuentes jurídicas. Se da la circunstancia de que la comparecencia se produce en la recta final de esta línea de investigación en la que se ha acreditado una relación comercial de al menos 14 años con las empresas de Villarejo.
Frente a las más de 10 horas que declaró a puerta cerrada el BBVA, cuando estaba secreta la causa, en este caso ha decidido no pronunciarse a la espera de si la Sala de lo Penal les da la razón o no. La entidad sostiene que las nuevas diligencias de prueba -solicitadas por la Fiscalía Anticorrupción- son nulas porque se abordaron a espaldas del banco y en otra pieza separada de esta macrocausa Tándem.
Reproche por la colaboración
Las mismas ponen de manifiesto un aspecto crucial para la acusación y es el hecho de que el banco no habría terminado su relación con Villarejo en 2017, sino que habría seguido contratando los servicios del entramado hasta 2018, con el comisario ya en prisión. La Unidad de Asuntos Internos así lo plasmó en un oficio policial en el que analizó las escuchas telefónicas a Antonio Bonilla, uno de los policías implicados en la causa y de la guardia pretoriana de Villarejo.
De hecho, Anticorrupción pidió el pasado mes de julio una nueva prórroga de medio año a tenor de estos hallazgos. En concreto, propuso al juez volver a citar al banco, a Bonilla y ofrecer a más de sesenta personas que litigasen en la causa como perjudicados por haber sido víctimas de presuntos espionajes. El magistrado dio luz verde apuntando que resultaba "precisa" una nueva declaración para aclarar los vínculos con la firma de Bonilla (Anbycol) después del estallido de este procedimiento.
El banco se negó en rotundo a dar explicaciones sobre estos encargos y denunció indefensión con las nuevas pruebas. De hecho elevó el tono contra los investigadores y alertó de que las pesquisas policiales sobre los vínculos de BBVA con Bonilla se llevaron a cabo fuera de esta pieza y, por lo tanto, el banco no tuvo conocimiento del asunto hasta el pasado verano.
Anticorrupción denuncia que el banco incurre en contradicción cuando dice que quiere colaborar con esta causa pero, a la vez, se niega a indagar los nuevos hechos
"Se han estado llevando a cabo investigaciones a espaldas del BBVA y sin efectuar la más mínima notificación sobre los supuestos ilícitos penales que ahora se le pretenden imputar cuando, desde abril de 2021, constaba identificados en la pieza número 7 tanto BBVA como los empleados que ahora se declaran investigados", denunció la entidad en un recurso interpuesto en septiembre. La respuesta de Anticorrupción no solo fue desestimatoria sino que, además, vino con reproche incluida por su presunta oferta de colaboración.
La estrategia del BBVA
"En la medida que se insiste en la 'colaboración' con la Justicia no podemos destacar la contradicción que supone descubrir unos hechos aparentemente delictivos, y lejos de querer investigarlos para hallar la verdad material, lo que se haga es tratar de acogerse a supuestas infracciones para evitar su investigación. Obviamente tal directriz es lógica y totalmente respetable desde la perspectiva de un investigado, pero no de un investigado que afirma colaborar con la investigación", respondió el Ministerio Público.
Además, los fiscales también se niegan a desligar Anbycol de Villarejo. Según explican, es cierto que esa firma es del inspector Bonilla, pero no es menos cierto que éste figura desde 2013 como director de operaciones de Cenyt, empresa clave del entramado de Villarejo. De esta forma insisten en que el vínculo con el principal investigado por estos hechos es más que evidente.
Con todo, las investigaciones encaminadas a esclarecer el papel de Bonilla en estos hechos no han avanzado a su ritmo debido a que muchos de los citados por este asunto se han acogido a su derecho a no declarar, incluido el propio Bonilla. El banco, por su parte, ha despachado la diligencia en apenas unos minutos; una postura que choca con la mantenida en noviembre de 2019.
Entonces la entidad declaró más de 15 horas por sus vínculos con Villarejo negando cualquier relación con la cúpula con el comisario y delegando estos encargos en dos figuras clave de la causa: el exjefe de Seguridad Julio Corrochano y el que fuera director de Riesgos, Antonio Béjar. Pese a ello, las diligencias han acabado por alcanzar a la cúpula, hasta el punto de que se imputó a Francisco González (que comparecerá el 15 de diciembre) y se pidió la citación del actual presidente Carlos Torres, diligencia esta última que se descartó.
