Bruselas no pondrá objeciones a los 100 millones de euros que el Gobierno de Pedro Sánchez quiere gastar en la renovación de 42 sedes sindicales. Así consta en una respuesta escrita de la Comisión Europea a varios eurodiputados del PP a la que ha tenido acceso Vozpópuli. La Comisión estima que este dinero se enmarca en la “Inversión 4 del componente 11” del Plan de Recuperación Transformación y Resiliencia.
Ese componente destina 1.070,7 millones de euros para la llamada “transición energética de la Administración General del Estado”. Los 100 millones para la reforma de las sedes sindicales salen de esa partida. Las principales centrales sindicales, UGT y CCOO, han sido un apoyo clave para Sánchez y el Ejecutivo de coalición PSOE-Unidas Podemos en negociaciones cruciales como ERTES, pensiones, salario mínimo interprofesional y más recientemente con la reforma laboral.
“Una operación podrá recibir ayuda de uno o varios Fondos UE o de uno o varios programas y de otros instrumentos de la Unión, a condición de que los diferentes instrumentos no se destinen a las mismas partidas de gasto”, dice literalmente el plan español avalado por Bruselas. “En este sentido, y dado que las actuaciones propuestas responden al marco estratégico de energía y clima de España, se fomentará en la medida de lo posible complementariedad con otros Fondos”.
Bruselas: la ayuda cumple
En la respuesta; firmada por el comisario de Comercio, Valdis Dombrovskis; se explica que "el Patrimonio Sindical Acumulado es un activo inmobiliario propiedad de la Administración central española (es decir, es de propiedad pública) el cual se pone a disposición de los sindicatos y de las asociaciones patronales para su uso según lo previsto en la Ley 4/1986, de 8 de enero”.
"La inversión cuatro se ajusta a los requisitos (…) por el que se establece el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, concretamente por su contribución a una mayor eficiencia energética y la falta de costes recurrentes”, dice el comisario.
El objetivo, dice la Comisión, es renovar los edificios para aumentar el número de instalaciones con alta calificación energética y “fomentar la implantación de sistemas solares fotovoltaicos u otras energías renovables en las instalaciones de la Administración central”. En ese sentido, Dombrovskis sostiene que las sedes de los sindicatos se pueden calificar como bienes de titularidad pública susceptibles de recibir estas ayudas para la transición energética.
La Comisión recuerda que las inversiones de este apartado tienen tres fechas indicativas de finalización: “tercer trimestre de 2024, cuatro trimestre de 2024 y segundo trimestre de 2026”. Y, como es habitual, puntualiza que el Gobierno de Sánchez “tendrá que cumplir todas las condiciones establecidas para poder recibir el importe total de la solicitud de pago correspondiente”. Ese importe, según el plan, no es solo para edificios sindicales sino que asciende a los 1.070,7 millones de euros que recoge el Plan de Recuperación para la transición energética en la Administración pública.
El Gobierno duplica las subvenciones
Este diario ya ha informado de que el Ministerio de Trabajo, que dirige Yolanda Díaz, elevó hasta 17 millones de euros la partida de 2022 destinada a las organizaciones sindicales "en proporción a su representatividad, según los resultados globales obtenidos en elecciones sindicales legalmente convocadas por la realización de actividades de carácter sindical".
Los 17 millones de subvenciones a los sindicatos en 2022 suponen una cifra récord, muy por encima del registro de José Luis Rodríguez Zapatero en plena gran crisis económica, que elevó las asignaciones hasta los 15,8 millones. Mariano Rajoy las redujo a casi 8,9 millones.
El incremento de Díaz y Sánchez es de un 22,4%, tres veces superior a la previsión de crecimiento económico, cinco veces más que el aumento del gasto en pensiones y 38 veces superior al gasto público consolidado estimado. En 2021, aunque no figuraba en los primeros borradores de los Presupuestos, la dotación se ha situado en 13.883.890 euros (un 56,3% más) frente a los 8.883.890 del año anterior, que se venía registrando desde que en 2013 Rajoy metiera la tijera para que también las aportaciones de los sindicatos sufrieran un recorte y contribuyeran a la reducción del déficit público. Es decir, el Gobierno va a casi duplicar esta aportación (92,3% más) en sólo dos años, entre 2021 y 2022.
