La Asamblea por una Escuela Bilingüe (AEB), S’ha Acabat, Societat Civil Catalana, Impulso Ciudadano, Profesores por el bilingüismo, CLAC y otras asociaciones que luchan contra la "exclusión" del castellano en las aulas catalanas lanzan una plataforma para obligar a la Generalitat de Cataluña a cumplir con la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) que blinda el 25% de clases en español ante el "silencio" del Gobierno de España.
Con el nombre 'Escuela de Todos- Escola de tothom', las citadas entidades han presentado su campaña este jueves, justo cuando se cumple un año del fallo del TSJC que, a su juicio, ha supuesto una "revolución" en el sistema educativo catalán. "Canet de Mar ha supuesto un punto de inflexión: se acabó la espiral del silencio", han manifestado. La iniciativa consiste en facilitar formularios a todas las familias que quieran pedir un 25% de castellano en la escolarización de sus hijos en cumplimiento de la sentencia. Las denuncias se canalizarán a través de la AEB para preservar la identidad de los solicitantes y no atascar a los jueces.
El Ejecutivo de Pedro Sánchez no ha salido bien parado del encuentro. Los convocantes consideran que el Gobierno debe tener un rol "más activo" a la hora de instar a la Generalitat de Cataluña a ejecutar una sentencia que, precisamente, tiene su origen en la Abogacía del Estado como parte demandante. "Pedimos al Gobierno que asuma su responsabilidad y que lleve la voz cantante en este asunto. Si la Abogacía del Estado exige el cumplimiento de la sentencia va a simplificar mucho las cosas", ha insistido el presidente de Sociedad Civil Catalana, Fernando Sánchez Costa.
Un mínimo del 25% de castellano
Cabe destacar que, por ahora, y tal y como publicó Vozpópuli, el Gobierno no moverá ficha ante la negativa del Gobierno catalán a cumplir con la sentencia firme que le obliga a garantizar que el castellano se imparta, como mínimo, el 25% de las horas de clase en todos los centros escolares catalanes. El Ejecutivo esperará a que transcurran los dos meses a partir de la comunicación del fallo por parte del TSJC a la Generalitat. Ese es el plazo contemplado en la ley para que cualquiera de las partes y las personas afectadas puedan instar su ejecución forzosa en caso de que los demandados se nieguen a cumplir con la sentencia que consagra al castellano como lengua vehicular. Tienen de margen hasta finales de enero.
Ante esta situación y ante los constantes llamamientos a la desobediencia por parte de las autoridades catalanas, la iniciativa 'Escuela de Todos- Escola de tothom' pretende movilizar a instituciones, partidos y sociedad en favor de "la convivencia lingüística".
"El Gobierno no está tomando una postura militante para que se cumpla con su sentencia", ha señalado José Domingo, presidente de Impulso Ciudadano y miembro de la AEB, entidad que defiende a la familia que Canet de Mar que pidió al colegio de su hijo de cinco años cumplir con la cuota fijada por la Justicia. "Estamos ante un sistema iliberal: las personas que presumen de calidad democrática llaman a desobediencia", opina.
Ana Losada, presidenta de esta misma asociación, coincide en que se encuentran ante un contexto de "desamparo institucional" y que el Gobierno de España lleva semanas protagonizando "declaraciones contradictorias y silencio". "Es evidente que no podemos esperar un apoyo institucional", ha dicho. Losada ha explicado que la plataforma aúna a organizaciones con pensamientos dispares en cuanto a varios asuntos, pero convencidas que que "el castellano debe dejar de ser excluido en la escuela".
"Llevamos más de 30 años aguantando, no queremos ser héroes, queremos volver a ser solo padres", ha declarado. Además, ha pedido a los sindicatos un "compromiso real con la clase trabajadora que dicen defender". CCOO y UGT se manifestarán este 18 de diciembre a favor de la inmersión lingüística en catalán y en contra de la sentencia del TSJC con la plataforma Som Escola, tal y como publicó este diario.
¿En qué consiste la campaña?
Según ha explicado Losada, la campaña tiene dos ejes: uno institucional y otro civil. Por un lado, quieren establecer reuniones con las autoridades, partidos y sindicatos con el fin de lograr la convivencia de ambas lenguas en las aulas.
Por otro, organizarán carpas informativas en múltiples puntos de toda Cataluña donde se repartirán formularios para que los padres puedan denunciar que los centros en los que están matriculados sus hijos no cumplen con el 25% de clases en castellano.
Todas esas denuncias se canalizarán a través de la Asamblea por una Escuela Bilingüe, que está legitimada para ello. Las familias deberán autorizar a la organización para iniciar el procedimiento y, de esta forma, preservar su identidad. "No queremos que los jueces reciban un rosario de denuncias individuales, queremos simplificar las cosas", ha dicho Domingo.
